¿Qué tanto la elección del 1 de julio fue una evaluación de la Presidencia del priista Enrique Peña Nieto? La contundente victoria del morenista Andrés Manuel López Obrador confirma que los malos resultados que entrega a México el Jefe del Ejecutivo tuvieron gran parte de la responsabilidad.
Política, economía, violencia y hasta su diplomacia han sido objeto de graves cuestionamientos y los números sustentan los resultados del trabajo realizado por él y su equipo han sido de los peores en la historia moderna del país. Tan desastrosos fueron que durante toda la campaña presidencial, que terminó este domingo con el triunfo de AMLO, diversos analistas insistieron en que el mayor problema del candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, era representar al partido del que emanó el Presidente Peña.
Aunque el sexenio del mexiquense no termina todavía, hay heridas abiertas y cuentas pendientes que seguirán siendo causa de reclamos para los meses que están por venir y que, además, el nuevo Presidente deberá enfrentar con carácter inmediato.
Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– Hace seis años, un día después de la elección presidencial en la que resultó electo Enrique Peña Nieto, cientos de jóvenes –aún reunidos bajo la etiqueta del #YoSoy132– tomaron las calles como forma de repudio al que sería el Jefe de Estado por los siguientes seis años. La lluvia rompió la manifestación y se dividió: unos fueron a Televisa, otros al Monumento a la Revolución y otros más a la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Había llanto y enojo.
Las manifestaciones continuaron, hubo una en el Tribunal Nacional Electoral el día del fallo definitivo, el 15 de septiembre, en la que hubo detenidos y encapsulamientos policiacos y todo culminó el 1 de diciembre con un enfrentamiento entre Policía Federal y ciudadanos afuera de San Lázaro, mientras Peña Nieto recibía la banda presidencial.
Ese día hubo heridos de gravedad que luego se convirtieron en víctimas mortales. También hubo detenidos y pérdidas económicas por daño a establecimientos comerciales. Fue también la cúspide de las movilizaciones que se generaron previo a la llegada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Peña Nieto y del Grupo Atlacomulco al Gobierno federal.
Sin embargo, del otro lado justo en ese periodo, el PRI empezaba a acomodarse. En su segundo día como Presidente, Peña apareció flanqueado por los otros dos partidos más importantes del país en ese entonces: el Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) y presentaron el «Pacto por México».
Ese fue el inicio. Le siguieron las reformas estructurales, su aprobación y su insistente defensa; las tragedias de Ayotzinapa, Apatzingán, Nochixtlán, los feminicidios y el crecimiento de la lista de desaparecidos y asesinatos; la inmunidad que gozaron en sus puestos Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso y Gerardo Ruiz Esparza; el estancamiento de la pobreza; los escándalos de corrupción de los ex gobernadores; los problemas económicos en el grueso de la población; la crisis de inseguridad; los gasolinazos; el nulo crecimiento económico; los salarios que no subieron; el comportamiento sumiso ante Donald Trump y la transparencia en picada.
A seis años de distancia se puede concluir que lo que sería este gobierno, se percibía desde entonces, se veía venir.
Hoy, luego de una elección histórica, donde México ha virado a la izquierda para poner su esperanza en las promesas de cambio de Andrés Manuel López Obrador, se confirma que el Presidente Peña y su equipo no supieron, y no quisieron, escuchar los reclamos ciudadanos. El PRI y sus líderes la han pagado y con creces. El tricolor apenas y si arañará algunos triunfos a lo largo y ancho del país.
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Hace seis años, Enrique Peña Nieto llegó con un triunfo que no fue cuestionado por las cúpulas, pero en la recta final, todo parece coincidir con otra historia.
La encuestadora Mitofsky, en su reporte de febrero 2018, publicó los resultados de la encuesta sobre la popularidad del Presidente. En diciembre de 2012 su aprobación era de 54 por ciento frente al 35 por ciento de desaprobación.
Para febrero 2018, el 21 por ciento era de aprobación y el 69 por ciento de desaprobación.
Febrero de 2017 fue el peor momento: 17 por ciento de aprobación y un 77 por ciento de desaprobación. La caída dramática fue de febrero de 2013 a febrero de 2014, en la que la popularidad de Peña pasó de 53 por ciento a 28 por ciento.
Y sí hay un antes y un después en esta administración y ese punto es la recta final de 2014. El enamoramiento había durado poco.
Ese 1 de diciembre de 2012, en su discurso de toma de posesión, el Presidente se comprometió con la prosperidad de México: “En la vida de un país, seis años son un periodo corto, pero 2 mil 191 días son suficientes para sentar las bases de lo que desde ahora debe ser nuestra meta: Hacer de México un país próspero, de oportunidades y de bienestar para todos”.
EL MALOGRADO REGRESO DEL PRI
Jesús Zambrano, Gustavo Madero y Enrique Peña Nieto aparecieron juntos y presentaron el Pacto por México. Era 2 de diciembre de 2012 y el regreso del PRI a Los Pinos les traía expectativas. Ahí estaban esos tres hombres reunidos para firmar el «Pacto por México», un conglomerado de 95 compromisos de los que resaltaba el paquete de Reformas Estructurales.
La Reforma Energética fue la acción política más importante de la administración del Presidente y tiene ahora un saldo negativo para la economía nacional y para los bolsillos de las familias mexicanas. El gasolinazo es una de las heridas que dejó esta ley que generó protestas por parte de la población, pero también vino acompañada de despojo e imposición en varios territorios del país.
Hoy, las cifras, la percepción y la realidad no coinciden con lo que se prometió en 2013. Ni para Petróleos Mexicanos (Pemex) ni para los hogares mexicanos.
Hubo compromisos cumplidos. Resalta ahí a Reforma en Telecomunicaciones, por ejemplo. La inversión que realizó la empresa AT&T figura en la mayoría de los discursos de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cada que se quiere asegurar el éxito de dicha legislación.
Pero otras cosas que no, como el “vas a ganar más por tu trabajo”, “Créditos de la Banca de Desarrollo para mujeres emprendedoras”, “reducción de los costos de electricidad, gas y gasolina”, “se crearán 500 mil nuevos empleos”, “Crecimiento adicional de 1 por ciento del PIB”, “habrá mayor infraestructura en el país”, “habrá útiles escolares gratis para todos”, “becas de transporte para quienes vivan lejos de la prepa y la universidad”, “alcanzar la cobertura universal en educación media superior”, “regular la publicidad oficial” o la “creación de la Comisión Nacional Anticorrupción”.
Cada uno de los rubros de la actual administración muestran que las promesas que trajo el paquete de reformas estructurales no se cumplieron y, aunque aún se habla de éstas, la prosperidad con la que se vendieron a los mexicanos se mira lejana. Hoy, no hay ningún elemento que, de acuerdo con economistas y analistas financieros, permita pensar en que el país tendrá una economía fuerte ni que la gente pueda tener la seguridad de que su salario le será suficiente para vivir.
También, muy al inicio, estuvieron los episodios de Ayotzinapa y Casa Blanca. El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero fueron víctimas de una emboscada. El saldo tuvo víctimas mortales y 43 estudiantes desaparecidos. La Procuraduría General de la República (PGR) dijo que, después de una larga investigación, se concluyó que los estudiantes habían sido calcinados.
A pesar de la intervención de grupos internacionales, hoy no se tiene certeza sobre lo que en realidad ocurrió y los padres y madres de los estudiantes siguen marchando cada mes exigiendo el regreso con vida de sus hijos.
Justo cuando eso ocurría, también se licitaba la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. Resultó ganador un consorcio en el que figuraba Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa. Sin embargo, cuatro días después del fallo, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT anunció su cancelación, debido a que una investigación realizada por el equipo de Carmen Aristegui mostró que Hinojosa era el dueño de la “casa blanca” de la familia presidencial que tuvo un costo de 86 millones de pesos.
Fue en ese momento cuando el Saving Mexico se fue haciendo opaco: las cifras de crecimiento económico, sufrieron ajustes siempre a la baja: el crecimiento actual puede terminar en un nivel más bajo que en 1993. La última estimación del Banco de México (Banxico) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que el país crecerá entre 1.3 y 2.3 por ciento.
En deuda, la de Enrique Peña Nieto es ya casi del doble, respecto al PIB y se ubica en 49.1 por ciento.
En inflación, a mayo de 2017, la inflación está ubicada en 5.82 por ciento y contrario a lo que sucede con la cifra de crecimiento, la inflación va en aumento.
El Banco de México argumentó que una de las principales razones por las que no podía aumentar el salario mínimo es porque se desataría la inflación. Pero para enero de ese año, el aumento del precio de la gasolina fue el factor que reventó el límite de 4 por ciento previsto por esta entidad, ya que los nuevos precios podrían provocaron una oleada de aumentos en toda la cadena productiva.
En abril, Banxico elevó su estimación de inflación de 5.39 por ciento a 5.56 por ciento para el 2017; mientras que el pronóstico para el 2018, prevé que concluirá en 3.88 por ciento, también por arriba de la estimación previa de 3.86 por ciento.
Y todo esto lleva a un punto: la pobreza. Peña deja un país con 53.4 millones de personas son pobres y, además, 8.6 millones más que por sus ingresos son vulnerables a ser pobres; 62 millones de personas viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar (el equivalente al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes) y 21.4 millones más, viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (el equivalente al valor de la canasta básica alimentaria por persona al mes).
En medio de todo esto, el Presidente mostró apoyo a su mismo equipo a pesar de los señalamientos que hubo de parte de la sociedad. A Ruiz Esparza no le afectó el caso OHL y el del socavón que se abrió en la autopista Paso Exprés de Cuernavaca, recién inaugurada, y que provocó la muerte de dos personas.
Ninguno de los tres secretarios de Desarrollo Social (Sedesol), rindió cuentas sobre lo hecho durante su mandato. Rosario Robles quedó al frente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), José Antonio Meade pasó a la Secretaría de Hacienda y Luis Enrique Miranda Nava, sólo se retiró.
Luis Videgaray es un caso especial. Al frente de la Secretaría de Hacienda decretó dos recortes presupuestales y fraguó la visita de Donald Trump a México cuando era candidato presidencial y estaba en la cúspide de su campaña contra México.
Trump regresó ese día a Estados Unidos y dijo lo que supuestamente había venido a aclarar aquí: que México pagaría, sí o sí, el muro en la frontera.
Eso fue lo que terminó por sacarlo de Hacienda. Videgaray se exilió algunos meses y luego, con la barba crecida, el Presidente le dio la bienvenida ahora al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El último caso –y que lleva a otro tema agudo– es Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y a quien se le atribuye la crisis de seguridad.
Durante su campaña electoral, Enrique Peña Nieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), prometió a los ciudadanos abatir la violencia y “corregir la estrategia de seguridad […] para devolver a todos los mexicanos el orden; pero sobre todo libertad”. Así es como se promocionaba en uno de sus spots de televisión hace seis años.
La actual administración federal rompió sus propios “récord de violencia por mes”, tendencia que ha sido casi constante desde junio del año anterior, pues mayo desplazó a octubre de 2017 –que registró con 2 mil 380 homicidios dolosos–, superando a junio, que reportó 2 mil 238 asesinatos, y a mayo de 2017, que registró 2 mil 193 asesinatos.
Mayo de 2018 reportó 422 asesinatos más que el mismo mes de 2011, considerado el periodo más violento en la administración de Felipe Calderón.
