En el Senado de la República no hay información disponible sobre los criterios de asignación de mil 51 millones de pesos para los grupos parlamentarios, lo que no incluye su dieta de 118 mil 300 pesos por legislador, expuso el Diagnóstico de Parlamento Abierto de organizaciones civiles. Tampoco la Auditoría Superior de la Federación cuenta con los datos, de acuerdo con las revisiones y auditorías a la Cuenta Pública 2016.
La opacidad en datos abiertos, posibles conflictos de interés o información presupuestaria se repite en la Cámara de Diputados y en los Congresos de las entidades, sobre todo del Estado de México y Morelos. La elección de este domingo cambiará la conformación de los congresos, lo que podría traer cambios en su manera de operar.
Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– Ningún Congreso en México cumplió de manera «muy satisfactoria» la transparencia y rendición de cuentas respecto a los criterios de asignación y ejecución del gasto de recursos públicos asignados en diversos conceptos y aclaración de posibles conflicto de interés, de acuerdo con el Diagnóstico de Parlamento Abierto 2017 de organizaciones civiles. De las 32 entidades, 17 lo hicieron de forma»muy insatisfactoria», 13 fue «insatisfactoria» y solo dos estados, Chihuahua y Guanajuato, calificaron como «satisfactoria».
El promedio nacional fue de 40.5 por ciento de cumplimiento, es decir, muy insatisfactorio. «El legislador no está acostumbrado a cumplir la ley, a hacer esta rendición de cuentas y constante diálogo y apertura con la participación ciudadana», aseguró Manuel Guadarrama, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), una de las realizadoras junto con Borde Político, Fundar, Gesoc, Transparencia Mexicana y otras. «Lo que está legislado por los propios Congresos no está siendo cumplido por ellos. Existe una resistencia inercial».
El triunfo del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien ayer ganó la elección presidencial en México, vino acompañado de una ola de legisladores a nivel local que en próximos meses se integrarán a sus nuevos puestos. Además de la debacle del PRI que ha mermado su fuerza en otros. Lo que cambiará la manera de operar en el legislativo de varias entidades.
31 CONGRESOS Y UNA ALDF OPACA
Contar con un «Parlamento Abierto» en el Congreso de la Unión, en los 31 congresos locales y en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México consiste en hacer valer estándares básicos de transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de las tecnologías para construir un diálogo y cooperación entre representantes y representados, y una consolidación democrática.
«Un parlamento abierto es una institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones -es decir que rinde cuentas -, que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva -es decir que es transparente -, que involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales -es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana- y que, para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de información y comunicación», expusieron en el informe las organizaciones.
No obstante, «las instituciones legislativas del país incumplen lo más básico que es publicar la información que, por ley, es obligatorio difundir», concluyó el informe.
Guadarrama destacó que «quedan huecos en sanciones» y en México todavía no existe un contrapeso al Congreso, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano fiscalizador autónomo, es visto como «un ente incómodo» al igual que sus partes estatales. «Los propios diputados locales son los que cortan los presupuestos a las Auditorías Superiores», afirmó. «En Morelos no llegaba ni al 1 por ciento del presupuesto que otorgaba el poder legislativo para la Auditoría Superior del Estado».
EDOMEX Y MORELOS, LOS MÁS OPACOS
De los 17 estados en un nivel muy insatisfactorio por incumplir entre 20 y 40 por ciento de los parámetros de transparencia, destacan el Estado de México con 22.70 por ciento y Morelos con 26.8 por ciento por su opacidad rayando en el total incumplimiento (0-20 por ciento).
Además, Sinaloa, Veracruz, Tlaxcala y Tabasco alcanzaron por menos de 1 punto porcentual la calificación de insatisfactoria en vez de muy insatisfactoria.
Respecto a los 10 principios de transparencia y rendición de cuentas, las instituciones legislativas de los estados cumplieron menos el de datos abiertos y software (5 por ciento), información presupuestal y administrativa (17 por ciento), posibles conflicto de interés (21 por ciento) e información sobre legisladores y servidores (39 por ciento).
Sobre datos abiertos, 23 estados no lo cumplieron y los que lo hicieron, de manera insatisfactoria, lo que menos realizan es publicarlo de manera «estructurada y descargable» en formato abierto por lo que dificulta investigar y evaluar el desempeño de representantes. Respecto a la información presupuestal, no hay transparencia en el presupuesto aprobado y ejercido de comités o de las comisiones. Once entidades ni siquiera presentaron nada, entre ellas Coahuila, Michoacán, Morelos y Oaxaca.
Respecto a los posibles conflictos de interés en el Poder Legislativo, la opacidad radica en que no se publica el registro de actividades de cabildeo con nombres, fechas, asuntos y acuerdos ni existe registro público actualizado de las declaraciones de interés de los legisladores. Chiapas, Colima, Nuevo León y Sinaloa no cumplieron nada, determinó el Diagnóstico.
Además, en información sobre representantes, la versión pública de la declaración de intereses del legislador y cónyuge no son de dominio público, sobre todo en San Luis Potosí, Durango y Campeche.
Frente a estos resultados, el investigador Manuel Guadarrama expuso que esto provoca un daño a la democracia pues la mayoría de los mexicanos no se siente representado por los legisladores ni confía en la clase política.
«El ciudadano sigue viendo al legislador como alguien ajeno que no representa los intereses públicos», dijo. «La gente no tendría que estar manifestándose en las calles, tendría que poder contactar directamente a sus representantes y conocer su plataforma».
NI LA ASF PUEDE SABER
De acuerdo con el «Diagnóstico de Parlamento Abierto», el Senado reprobó en datos abiertos y software, pues tiene una calificación de 18 por ciento, mientras que la Cámara de Diputados reprobó en información presupuestal al cumplir solo con el 17 por ciento en transparencia.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó en la Cuenta Pública 2016 que en el Senado, que incumplió solo con el 42 por ciento de información presupuestal, «no se contó con la información que permita evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos» en relación con la partida «Asignaciones a los Grupos Parlamentarios». La misma observación hizo a la Cámara de Diputados.
Los resultados reprobatorios del diagnóstico se derivan de la falta de publicación de información oportuna y detallada sobre la gestión, administración y gasto de sus recursos, así como de los organismos que lo integran que son las comisiones legislativas, personal de apoyo, grupos parlamentarios y representantes populares en lo individual.
En el caso específico del Senado, los grupos parlamentarios «mantienen el control» de una buena parte de los recursos asignados en conceptos no regulados, alertaron las organizaciones. El monto mayor de su presupuesto es de mil 51 millones de pesos que corresponde a la partida «Asignaciones a los Grupos Parlamentarios», y equivale al 21.4 por ciento del presupuesto total de la Cámara de Senadores.
De acuerdo con la normatividad interna, estos recursos se reparten proporcionalmente conforme a la integración del Pleno, lo que significa que los grupos parlamentarios con más integrantes reciben una cantidad mayor.
Cada legislador debe ejercer los recursos en los conceptos de «Asistencia Legislativa», «Gestión Parlamentaria» y «Atención Ciudadana». Estos conceptos no son parte de la dieta de los senadores la cual, de acuerdo con el Manual de percepciones, es de 118 mil 300 pesos este 2018.
«El problema fundamental es que la administración de esta partida es responsabilidad de cada grupo parlamentario, incluyendo los criterios de asignación, ejecución y de comprobación del gasto, sobre los cuales no hay información disponible», determinaron
