La ley establece facilidades para el cambio de nombre de las personas trans en el Registro Civil y obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a otras oficinas públicas a destinar, por año, el 1 por ciento de sus puestos de trabajo al colectivo
La aprobación de la ley hace que Uruguay avance no solo «en derechos y en democracia» sino también «en posibilidades de realmente tener una sociedad más participativa y más justa», asegura diputada Uruguaya.
Montevideo, 19 octubre (EFE).- La Cámara de Diputados uruguaya aprobó hoy la Ley Integral para Personas Trans, normativa que establece medidas para revertir los mecanismos de discriminación y avanzar en la garantía de derechos para esta población como el acceso al trabajo, vivienda e intervenciones quirúrgicas.
Con 62 votos de 88, no solo de los representantes de la coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio (FA), -que ostenta la mayoría parlamentaria- sino también de miembros de la oposición, el Congreso del país austral dio luz verde a la ley que llevaba año y medio en la órbita parlamentaria.
La ley, que ya había sido avalada por el Senado -con 17 votos afirmativos de 29- se discutió en una sesión extraordinaria que empezó en la tarde del jueves y duró unas 10 horas, culminando esta madrugada tras la intervención de más de 40 parlamentarios, quienes expusieron sus argumentos en contra y en favor de la nueva ley, que ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, la Diputada del FA Manuela Mutti, señaló a Efe que la aprobación de la ley hace que Uruguay avance no solo «en derechos y en democracia» sino también «en posibilidades de realmente tener una sociedad más participativa y más justa y que, sobre todo, apunte a su escalón más débil».
«Es una ley de avanzada en nuestro país, como han sido muchas otras, y en el contexto latinoamericano (…) Es una bandera que es importante que nuestro país la levante en el marco de los derechos (en América Latina)», sostuvo.
Durante el debate, más de un centenar de personas en favor de la ley aguardaron el resultado expectantes, manteniendo el silencio hasta la aprobación individual del 24 y último artículo, poco antes de las 02.30 hora local (05.30 GMT), cuando estallaron en ovaciones y al grito de «ley trans ya».
En concreto, la ley establece facilidades para el cambio de nombre de las personas trans en el Registro Civil y obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los Gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a otras oficinas públicas a destinar, por año, el 1 por ciento de sus puestos de trabajo al colectivo.
Además, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional debe determinar un cupo «no inferior al 1 por ciento» de sus programas de capacitación a las personas trans.
Sobre las medidas educativas, Mutti dijo que espera que «reviertan la deserción educativa en este colectivo, que en muchísimos casos no concluye la escuela y mucho menos secundaria», algo que definió como «totalmente necesario para la formación humana de una persona».
Respecto a la salud, el objetivo es poder incrementar la expectativa de vida de los transexuales, que actualmente se ubica entre 35 y 40 años de edad, y generar servicios específicos para el sector que «apunten a la no discriminación», según la diputada.
Uno de los artículos, que despertó polémica en la opinión pública y entre los legisladores, es el que establece que los menores de 18 años no necesitan la autorización de sus padres para cambiar su nombre o recibir tratamiento hormonal.
«Las personas menores de 18 años de edad deberán concurrir a realizar la solicitud de adecuación registral de nombre y sexo acompañadas de sus representantes legales, o acreditando el conocimiento de éstos de la realización del trámite, y, en todo caso, prestando su anuencia expresa al mismo», subraya la normativa.
En caso de no obtener la autorización, el menor podrá recurrir a los artículos del Código Civil y del Código General del Proceso que llevan en cuenta «el interés superior del menor».
Otro medida que fue muy criticada es la que dicta que las personas trans, nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que demuestren haber sido víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad como consecuencia de las fuerzas de seguridad, tienen derecho a una reparación económica.
Pese a todas las críticas y a los cambios que sufrió la ley desde que llegó al Parlamento, Mutti garantizó estar conforme con el texto aprobado hoy.
«Si bien todos tenemos derechos desde que nacemos (…), después uno conoce el país real, el país legal, (y se da cuenta de que) falta mucho para andar y de que necesitamos legislar de forma más puntual ante determinadas situaciones. Creo que esta ley nos va a hacer más democráticos, pero, aparte, deja a las nuevas generaciones en un escalón distinto en el debate social», subrayó.
Por otro lado, el diputado del opositor Partido Nacional (PN) Rodrigo Goñi dijo a Efe que votó en contra por la forma en que se han planteado las medidas.
«No debe haber ningún legislador que no esté dispuesto a atender el sufrimiento que en este caso tienen las personas transexuales (…) pero de la forma que se plantea y con las soluciones que traen cangrejos bajo la tierra como planteamos hoy en el Parlamento,(…) va mucho mas allá de favorecer a un grupo de personas transexuales«, consideró.
Según Goñi, la nueva ley tiene por detrás una ideología de género que puede confundir a los jóvenes, «afectar a la familia» y sugerir que ser trans sea algo beneficioso, además de exceder a la demanda actual del colectivo.
