José Antonio desapareció hace más de nueve años en Coahuila. Fue privado de la libertad un 25 de enero de 2009, desde entonces no se sabe nada de él.
Sus padres lo buscan y en el camino se han topado con los nexos entre funcionarios, empresarios y Los Zetas. Hubo varios detenidos por la desaparición, algunos de ellos liberados por un proceso sospechoso…
Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- «Yo en su momento pensé que lo iba a recuperar en días… y ya han pasado nueve largos años”, dice María Guadalupe Fernández Martínez, madre del ingeniero José Antonio Robledo Fernández, plagiado la tarde del 25 de enero de 2009 en Coahuila mientras hablaba por teléfono con su novia.
La madre acusa que a lo largo de este tiempo «vimos la corrupción de personal de la empresa en la que trabajaba y la policía con los criminales». La mujer ha visto como dos de los presuntos involucrados fueron liberados por «la mala integración de las diligencias policías».
José Antonio Robledo estudió en el Instituto Tecnológico de la Construcción en la Ciudad de México. Se tituló como ingeniero civil foráneo y empezó a trabajar en el citado sector.
El joven, originario y residente de la Ciudad de México, fue contratado por la Constructora ICA Flour Daniel en el 2007. Su admisión se realizó en esta ciudad y fue asignado a Monclova, Coahuila, para el proyecto de Altos Hornos, El Fenix. “Eran dos hornos monumentales para que la acerera fuera la más grande de América Latia”, resalta María Guadalupe Fernandez Martínez.
“Toño”, como le decía su familia de cariño, llevaba un año con un mes en Coahuila. Laboraba en el departamento de subcontratos, es decir, su trabajo era en una oficina».
«Él nunca notó que la ciudad estuviera totalmente infiltrada por el crimen organizado. Él estaba contento porque a nivel curricular era un buen proyecto. La inversión era de más de dos mil mdd”, pero todo cambió: el 25 de enero de 2009 fue privado de la libertad.
¿DÓNDE ESTÁ?
Un día antes «Toño» cumplió su media jornada laboral en la constructora. Era sábado. Al salir del trabajo, acudió a Monterrey a visitar a unos primos. En la ciudad regia compró una pistola de Gotcha y se regresó al día siguiente a Coahuila.
El joven mantenía comunicación constante con sus padres, José Antonio Robledo Chavarría y María Guadalupe Fernández Martínez. Ese día ellos estaban en Puebla por motivos de trabajo.
Telefoneó a su mamá a las cinco y media de la tarde del domingo. “Había interferencia, entonces hablamos muy poco”, cuenta la madre.
«Ya regresé de Monterrey. Estoy llegando con luz del día. Mañana te llamo», son las últimas palabras que María Guadalupe recibió de su hijo.
La madre narra que Antonio llamó una hora después a su novia, quien radicaba en la Ciudad de México. Manejaba una camioneta Xtrail 2004 de su propiedad con placas del DF y se estacionaba en un local de venta de autopartes.
La joven le narró a la madre que mientras hablaban por teléfono, «Toño» observaba un carro Audi R8.
«No lo veas, no te vayas a meter en problemas», dijo la joven a su novio, pero tan pronto terminó la frase escuchó voces alteradas dirigiéndose con groserías. Los sujetos cuestionaban al ingeniero su identidad, procedencia, lo insultaban y lo golpeaban.
“Él les dijo que era de ICA. Le preguntaron que si traía logos, contestó que los traía en la parte de atrás pero que la camioneta era de su propiedad”, detalla María Guadalupe.
El celular de Toño se cayó pero su novia aún se escuchaba lo que transcurría: con una voz muy desesperada, preguntaba por qué lo golpeaban, describe la madre.
–¡Dame las llaves y súbete!” es lo último que la pareja del ingeniero escuchó por ese auricular.
La joven de inmediato se comunicó a la casa campamento [donde Toño vivía con los compañeros], habló con el Gerente de Proyecto, quien le dijo que alguien de la empresa ya había entablado comunicación con los agresores, cuenta la madre de la víctima. «Le dijeron [a la chica] que a las ocho de la mañana iban a liberar al muchacho”.
A la mañana siguiente, el lunes 26 de enero, al no tener noticias de José Antonio, su novia acudió a las oficinas de la empresa en la Ciudad de México, pidió hablar con el gerente de proyecto y exponerle el plagio de su pareja.
“El gerente muy tranquilo le dijo a ella ‘no le digas a sus papás, esto es cuestión de tiempo y dinero. Yo ahorita voy para allá y no te preocupes’”, detalla María Guadalupe con base al relato de su nuera.
La joven hizo caso omiso y asistió a la casa de sus suegros para notificarles del plagio. El señor José Antonio, padre de la víctima, llamó al gerente de proyecto, quien expresó enojo contra la novia por haberles notificado.
Guadalupe cita la conversación:
–Ay, esta niña ya les fue a informar–
–Claro, que bueno que nos informó. ¡Somos sus papás! No sé por qué ustedes no nos informaron– contestó el señor José Antonio
–Porque es cuestión de horas y dinero–
–Nosotros ahorita nos vamos para allá– dijo el padre de «Toño»
La madre del ingeniero afirma que el gerente de proyecto trató de disuadir a su esposo sobre el viaje a Coahuila.
«Ese señor, Raúl es una persona que se ha burlado de la justicia y nunca ha colaborado, la empresa se deslindó del plagio por medio de él y nunca ha movido un dedo para encontrarlo”, acusa.
Los padres de la víctima acudieron a Coahuila y llegaron el lunes por la noche a Monclova.
El martes 27 de enero, la madre señala que visitaron al gerente de proyecto porque pensaron que los acompañaría a interponer la denuncia, pero que no fue así. Acusa que sólo los llevó al lugar de trabajo de su hijo, les enseñó la oficina, les presentó a unos compañeros de cuarto y al jefe de seguridad de la mina, Joaquín Benito de Ángel Martínez.
“El jefe de seguridad nos dijo que quería hablar con nosotros a solas pero el gerente de proyecto nunca lo dejó”, platica.
Guadalupe recuerda que en esa primer visita, la compañía se deslindó de los hechos por medio del gerente. “Él nos dijo que ya había hablado al jurídico y que se deslindaba porque [el día de los hechos] no tenía un vehículo de la empresa, ni andaba haciendo ningún trabajo de la empresa”.
La mujer y su esposo se dirigieron de Monclova a Saltillo después de la infructuosa reunión. Cuando iban en el autobús -acusa- el gerente los llamó para solicitarles un número telefónico.
“Nos dijo que las personas que tenían a mi hijo se habían enterado que nosotros estábamos por allá y se iban a comunicar con nosotros para negociar el rescate. Él dijo así: ‘hoy mismo o a más tardar mañana, ellos se comunican con usted’. Pasaron los días y nunca nos hablaron».
Al día siguiente, el 28 de enero, acudieron a la interponer la denuncia.
“Cuando iniciamos la averiguación previa, ya llevábamos los movimientos financieros que realizaron, dato que un amigo de mi hijo nos ayudó a encontrar. Había retiros de la tarjeta de crédito de mi hijo, ya sabíamos al monto, la hora y el lugar. Eso lo aportamos al denunciar”, señaló.
La madre de José Antonio canceló la tarjeta de crédito.
El reporte financiero que obtuvieron, explica, mostraba que los retiros se realizaron cerca del lugar donde privaron de la libertad a José Antonio. En total sacaron cerca de 5 mil pesos de su tarjeta bancaria. «Nosotros entregamos eso, incluso el MP nos dijo que casi nunca iniciaban con esos datos que eran muy valiosos. »
María resalta que el gerente Raúl llamó al padre de José Antonio para cuestionar si ya había interpuesto la denuncia. El padre lo negó. “Le dijo a mi esposo que antes de denunciar le avisara a él. Nosotros optamos por no decirle porque ellos ya se habían deslindado ¿Para qué le íbamos a decir si ellos no nos iban a ayudar en nada? Pero ese señor por varios días le llamó a mi esposo, llamándole y preguntándole si había denuncia”.
VISITA DE LOS ZETAS
El jueves, 5 de febrero, Joaquín Benito del Ángel, jefe de seguridad de la empresa, se comunicó con el señor Antonio Robledo y acordaron verse en el hotel en Monclova donde el matrimonio se hospedaba.
Joaquín arribó con unos ingenieros que eran compañeros de Toño, uno de ellos con quien habló la novia de tras el plagio.
Previamente, «Joaquin Benito había dicho que los criminales se habían comunicado con él por medio de chismes o de boca en boca. Esa versión fue secundada por el gerente de proyecto, pero no fue así”, detalla la señora María Guadalupe.
Los padres encararon al jefe de seguridad. Con las sábanas de llamadas en mano, menciona, le revelaron que ya sabían que los responsables le llamaron directamente a él desde el celular de su hijo.
«Joaquín aceptó que lo telefonearon cuatro veces: [manifestó que] en la primera, le dijeron que el secuestrado estaba bien; la segunda, que le comentaron ‘no te metas en lo que no te importa’; la tercera y cuarta fue en el mismo sentido”.
María recapitula que cerca de las doce de la noche de ese día, el jefe de seguridad le marcó nuevamente al padre de Toño para verse en otro punto.
“Ya estábamos a punto de dormir, nos habíamos tomado una pastilla porque al día siguiente teníamos cita con el Procurador de Coahuila pero por la esperanza de una noticia, ilusamente pensamos que a lo mejor iban a devolvernos a mi hijo. Entonces nos vestimos y bajamos al lobby del hotel”, cuenta María Guadalupe
Una camioneta tipo suburban con vidrios polarizados se detuvo enfrente del hotel, sin apagar el motor ni luces, se quedó varios minutos.
María Guadalupe refiere que en seguida llegó el jefe de seguridad y evoca los diálogos de esa noche:
–Los señores de la camioneta quieren hablar con ustedes– dijo el jefe de seguridad de la empresa
–Si quieren hablar con nosotros pues que pasen– contestó el señor José Antonio.
Dos hombres jóvenes, con buena vestimenta bajaron de la camioneta y se dirigieron al matrimonio. “Nos dicen que son representantes de la última letra”, recuerda María Guadalupe.
–La última letra ¿de qué?– respondió el señor José Antonio, a quien empezaba a hacer reacción el somnífero.
–La última letra del abecedario: Zetas– respondió uno de los jóvenes.
La señora Fernández Martínez detalla que el tono de sus visitantes era amable, “pero era una amabilidad intimidante y amenazante».
–Ustedes ya denunciaron, ¿verdad?– cuestionaron dos sujetos.
–No– negaron los padres de Toño
–Sí, porque ustedes ya dijeron que hubo retiros– les refutaron.
El matrimonio quedó perplejo. Guadalupe dice que pensó «Dios mío, ya saben todo», pero aún así negaron la denuncia.
El par de “representantes” ordenaron al matrimonio que no denunciaran con la advertencia de que ellos sabían quién tenía a su hijo.
–Y cualquier llamada que ustedes tengan, háganmela saber, el contacto va a ser Joaquín– les recalcaron.
“Ellos nos dijeron que tenían controladas a todas las policías: las de Monclova, Saltillo y las de Monterrey. Yo creo que ellos ya tenían conocimiento de la cita del día siguiente y quisieron evitar que nosotros fuéramos con el Procurador”, deduce la señora María.
Apenas se fueron los hombres, la pareja recogió todo lo que tenía en el hotel y partieron de inmediato a Saltillo.
El viernes 6 de febrero de 2009 asistieron a la cita con el entonces Procurador General de Coahuila, Jesús Torres Charles, a quien le contaron todo lo acontecido.
La madre comenta que el funcionario les advirtió que mejor se regresaran a su lugar de origen.
Con el ánimo destrozado, María Guadalupe y el señor José Antonio volvieron a la Ciudad a México, donde había una averiguación previa abierta en la PGR, interpuesta por su hija en la unidad de secuestros durante el tiempo en que ellos estaban en Coahuila.
Se presentaron en la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para ampliar la declaración y para narrar lo ocurrido en Coahuila. Los padres del ingeniero regresaban al estado norteño cada diez días para ver los avances.
“Siempre que íbamos nos hacían la misma pregunta: ‘¿Traen algo que aportar?’. Nosotros nos poníamos a investigar, recabar papeles, sabanas de teléfono, que obteniamos porque mi esposo se llama igual que mi hijo. Analizamos los números frecuentes a los que llamaban desde el teléfono de mi hijo. Encontramos un domicilio de donde habían entrado y salido llamadas. Ya teníamos datos que considerábamos importantes”, abunda la mujer.
La señora María sostiene que entregaron a las autoridades de Coahuila recibos bancarios, sabanas telefónicas, llevaron el estado de cuenta de nómina, de la cual extrajeron cerca de 16 mil pesos, aparte de los 5 mil pesos que sacaron de la tarjeta de crédito, pero que no había avances.
El 27 de abril de 2009 fue la última vez que el matrimonio se dirigió con las autoridades de Coahuila ante el nulo avance. «Ese día el Procurador Torres Charles nos comentó: ‘Pues ya un informante nos dijo que el líder local de los Zetas, ‘El Pepillo’, se había llevado a su hijo; que se había equivocado pero como es muy sanguinario se le pasó la mano”.
Desde entonces, los padres acodaron avocarse a la averiguación previa en la federación.
Cuatro meses después se elaboraron los retratos hablados de los dos hombres que se presentaron como miembros de los Zetas.
María Guadalupe y José Antonio Robledo presentaron la acusación formal contra Joaquín Benito de Ángel, el jefe de seguridad de la empresa ICA, porque él llevó a los Zetas hacía ellos y porque fue señalado como el enlace, «lo que evidenciaba que conocimiento del plagio».
FUNCIONARIOS EN ACTIVO
De los retratos hablados se obtuvieron las fotografías y la identidades de los dos hombres que se presentaron como Zetas. María Guadalupe señala que uno de los criminales, de nombre José David Galindo Flores resultó ser auxilio del Procurador de la Defensa del Trabajo en el municipio de Monclova, Coahuila, dependencia de la Secretaría de Trabajo del estado.
El segundo era un hombre de buena posición identificado como Carlos Arturo Jiménez Encinas, El Gúero
Las autoridades les mostraron las fotos del hombre al matrimonio. Reconocieron a Carlos Jiménez y se le dictó la orden de aprehensión. Y en abril de 2011, se realizó el cateo en la casa del acusado, pero ya había huido.
En marzo de 2011 detuvieron al empleado Joaquín Benito de Ángel y al chofer de la compañía, Julio Cesar García Zapata.
Al conductor lo capturaron con una metralleta y con 188 dosis de cocaína.
Tras la detención del jefe de seguridad de la empresa surgieron más nombres de involucrados. En marzo y abril, se capturaron a otras dos personas. Joaquín Benito de Ángel declaró que un familiar del chofer de la empresa era quien cuidaba la casa de seguridad en donde tenían plagiado a José Antonio.
Por su parte, el conductor imputó a Jesús Lira Hernández, como una de las personas que presuntamente cuidaba la casa donde tenían plagiado al ingeniero, y “manejaba sexoservidoras, se encargaba de darles placer a Los Zetas y también a cuidar a los secuestrados en las casas de seguridad”, agrega la señora María Guadalupe.
A su vez, el vigilante de la casa de seguridad involucró a una joven de nombre Rubí Lizbeth Z. R, quien presuntamente también cuidaba las casas donde retenían a los secuestrados.
Posteriormente, el empresario Carlos Enrique Haro Villareal, quien brindaba la seguridad privada a la empresa Ica Flour, fue detenido tras una orden de aprehensión por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, detalla María Guadalupe.
La consignación contra Haro Villareal fue enviada al Juzgado Sexto de procedimientos penales federales con sede en Toluca, Estado de Mexico, donde no prosperó.
“El juez, de un plumazo, le quita los delitos de secuestro y de delincuencia organizada. Este empresario, es una persona con poder adquisitivo alto y aparte con buenas influencias políticas”, destaca la madre de José Antonio.
Durante el cateo, realizado el 11 de abril de 2011, encontraron siete armas en la casa del empresario, pero solo lo imputaron por tres. También localizaron un expediente nombrado «Caso Robledo”. En esas carpetas el empresario tenía información y noticias que bajaba de internet sobre el tema o lo que denunciaban los padres.
El juez, dice la mujer, argumentó que no había suficientes elementos para validar los delitos de secuestro y sólo dejó la detención por los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejercito.
Carlos Haro Villareal fue liberado en el 2012 por un Tribunal unitario que inhabilitó el proceso por el plagio y delincuencia organizada.
“Tenemos la convicción de que esa persona fue el cerebro de la desaparición de mi hijo, por todo lo que declararon los demás imputados y porque se le ubica dentro de la plataforma de ese grupo delincuencial (Los Zetas) en un puesto alto, como compadre del líder local de ‘El Pepillo’”, abunda María Guadalupe.
El empresario volvió a la cárcel en ese mismo año, pero por el delito de operación con recursos de manera ilícita, el cual se desprendió de la averiguación previa abierta por el secuestro del ingeniero José Antonio.
Fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de lavado de dinero y salió de la cárcel el junio de 2017 porque le conmutaron cinco meses de la pena.
No obstante, Carlos Haro nuevamente fue aprendido hace poco mes de un mes. De acuerdo al medio coahuilense Vanguardia, agentes de investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada cumplimentaron la órden de aprehensión debido a una denuncia en su contra interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Carlos Arturo Jimenez Encinas, alias «El Güero» o «El Plátano», quien inicialmente huyó, fue detenido el 4 de marzo de 2015 cuando fue capturado junto al «Z–42», Omar Treviño Morales, líder del grupo criminal.
Dos semanas después del arresto, Carlos Arturo Jiménez fue vinculado a proceso por el caso de José Antonio Robledo Fernández.
En tanto que Joaquín Benito de Ángel fue liberado el 3 septiembre de 2017, luego de que apeló y se repuso el proceso penal en su contra.“Aquí hubo una resolución muy parcial a su favor porque cuando repusieron su proceso, el juez no tomó en cuenta las declaraciones de nosotros donde imputamos a ese hombre, porque al final de cuentas él fue el que nos llevó a los Zetas y él tenía un delito que pagar”, critica María Guadalupe.
Los padres de «Toño» apelaron la liberación. A finales de marzo de 2018 fueron notificados de que ganaron la apelación y que se dictó la reaprehensión, pero no ha sido ejecutada porque el ex jefe de seguridad se amparó.
“Estamos en espera de que se reaprehenda y también, en relación a los otros detenidos, estamos esperando el cierre de instrucción previo a la sentencia”, señaló María Guadalupe.
Los padres aún buscan a su hijo tras estos nueve años de luchar por justicia.
“Ha sido un calvario, su búsqueda, porque desde el primer día, uno cree que nunca le va a pasar y nunca pone uno atención a ese tiempo de cosas y cuando le pasa queda uno, no logras dimensionar la magnitud del problema. Yo en su momento pensé que lo iba a recuperar en días…. ya han pasado nueve largos años”, lamenta la señora Fernández Martínez.
