La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el pasado miércoles en su informe que uno de los fusiles alemanes fue asignado a la agente municipal Verónica Bahena Cruz, quien se encuentra detenida.
Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destruyó 16 armas alemanas Heckler & Koch (H&K) que le fueron aseguradas a la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, entre ellas al menos tres fusiles que fueron accionados la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó Reforma.
De acuerdo con el expediente AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 de la Sedena difundido en enero de 2017, citado por el periódico, el Primer Batallón de Materiales de Guerra, localizado en Santa Lucía, Estado de México, destruyó 16 fusiles modelos G36 de dicho fabricante.
Según información publicada por Reforma, la Procuraduría General de la República (PGR) precisó en el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-D/1340/2015 que sus peritos determinaron que al menos tres fusiles Heckler & Koch fueron disparados hace casi cuatro años en el sitio donde el normalista Aldo Gutiérrez recibió un balazo que lo dejó en estado vegetativo.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el pasado miércoles en su informe que uno de los fusiles alemanes fue asignado a la agente municipal Verónica Bahena Cruz, quien se encuentra detenida.
«La destrucción de evidencia balística de personas que se encuentran privadas de libertad por el caso Iguala podría constituir una grave falta en el cuidado de las evidencias y de las pruebas que implican a los responsables», subrayó el organismo en el documento.
El pasado 15 de mayo, la Audiencia Provincial de Stuttgart en Alemania abrió un proceso por presunta exportación ilegal de armas a México contra seis ex empleados del fabricante Heckler&Koch.
La Fiscalía de Stuttgart considera que los acusados violaron en varias ocasiones la ley de control de exportación de armas.
En la apertura del juicio, el Fiscal Karlheinz Erkert dijo que los acusados vendieron entre 2006 y 2009 cerca de cuatro mil 500 fusiles, así como ametralladores y munición por valor de 4.1 millones de euros, en zonas mexicanas con problemas de violencia.
Los acusados rechazan los cargos y aseguran que la venta de las armas a esas áreas problemáticas fue realizada por las autoridades mexicanas.
En el centro de este proceso, que continuará el próximo jueves y dentro del cual están programadas veinticinco vistas hasta octubre, está una reglamentación que exige a los compradores de armas alemanas una declaración sobre el destino de las mismas.
Normalmente, el receptor acepta no vender las armas a países terceros, pero en el caso mexicano el compromiso, según la fiscalía, había sido no destinarlas a determinadas zonas problemáticas.
El proceso deberá aclarar si los acusados tenían información sobre esa reglamentación, así como el papel desempeñado por la empresa.
El fabricante alemán es investigado desde 2010 por la fiscalía de Stuttgart por presunto envío ilegal de armas a estados mexicanos con conflictos violentos, entre ellos Guerrero. Estas mismas armas fueron usadas en el ataque a los normalistas en 2011, en una protesta en la que fueron asesinados dos estudiantes. Y en esa ocasión, no estaban en manos de agentes locales, sino estatales.
Alemania legalmente le vende armas a México, sin embargo hay una muy clara y expresa prohibición de que los rifles de asalto sean usados en Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco (aunque la presencia del armamento se ha documentado en los tres primeros estados).
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha dado detalles sobre el origen de las armas.
En diciembre de 2015, el diario alemán Tageszeitung publicó que autoridades mexicanas confiscaron 228 armas en el marco de las investigaciones por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, y que 36 eran fusiles G36 de la marca Heckler & Koch, aunque dijo que no se sabía si habían sido usados.
El diario tuvo acceso al expediente del caso Iguala iniciado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Allí se especifica que había además fusiles de asalto italianos Beretta tipo SCP (sic) 70/90 y fusiles AR-15 producidos por la empresa estadounidense Colt. Se desconoce cómo llegaron esas armas a una fuerza policiaca mexicana, cuando su exportación a países con conflictos bélicos o donde se violen los derechos humanos está estrictamente prohibida en Alemania.
