A nueve años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños y quedaron lesionados otros 70, la impunidad en el caso es la única respuesta a los reclamos de justicia de las madres y padres de los menores.
Los 19 sentenciados en 2016 están libres bajo un juicio de amparo y los funcionarios de primer nivel que estuvieron detrás de la tragedia ni siquiera fueron juzgados.
Además de la impunidad que envuelve al caso, los padres de los niños acusan que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presuntamente incurrió en corrupción a través del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), en donde se han estado registrando medicamentos con sobreprecio y firmas falsas que justifican la entrega de beneficios para los niños lesionados que nunca les fueron dados.
Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).- A nueve años del incendio que acabó con la vida de 49 niños y dejó a más de 70 lesionados en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, no hay un solo sentenciado en prisión y las víctimas no han recibido una reparación integral del daño, denunciaron el abogado de 32 familias y papás de menores fallecidos y heridos.
“Las autoridades quisieron enterrar el asunto, no está hecha la reparación integral del daño, y no me refiero a un pago. Hay complicidad entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas [CEAV], la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] y la Auditoría Superior de la Federación [ASF]”, dijo el abogado Miguel Nava, que representa a padres de niños víctimas de la tragedia.
Nava afirmó que “hay un concierto de arbitrariedad” entre las instituciones del Estado que llevan a que a nueve años de la tragedia, la muerte y las lesiones de los niños estén impunes.
En agosto de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez de Sonora órdenes de aprehensión en contra de 22 trabajadoras de la Guardería ABC y el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora impuso condenas en 2016 que van desde los 20 hasta los 29 años de prisión a 19 de los 22 implicados. Pero hoy todos los sentenciados están libres y amparados para llevar su proceso en libertad.
Entre los sentenciados están la Jefa del departamento de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 29 años) Nohemí «L» y el Delegado Estatal en Sonora del IMSS, Arturo «L» (28 años).
También el representante legal (28 años) y el secretario del Consejo de Administración de la Guardería ABC (28 años); el director de Protección Civil de la Secretaría del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora (28 años) y el director de Bomberos de Hermosillo (28 años).
Así como el jefe de Departamento adscrito a la Dirección de Bomberos de Hermosillo (28 años); el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (28 años) y el director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo (28 años).
A los empleados del área de Control Vehicular y de la Agencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, así como al director general de Recaudación y al subdirector de Control Vehicular se les impuso una pena de 20 años.
En el caso de los dueños de la Guardería ABC, sólo dos fueron sentenciados a 28 años de cárcel: Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, representante legal y secretario del Consejo de Administración.
Pero Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala Gómez del Campo, ex Primera Dama, fue exonerada desde un inicio, cuando Felipe Calderón Hinojosa era Presidente de la República.
Las sentencias tampoco tocaron al ex Gobernador Eduardo Bours Castelo, al ex Alcalde de la capital sonorense Ernesto Gándara Camou, ni al Secretario de Hacienda y el Secretario Técnico durante la administración boursista, a los otros tres dueños de la guardería, a las coordinadoras de estancias del IMSS y a Daniel Karam Toumeh, Director General del IMSS durante el sexenio de Calderón Hinojosa.
“Ahorita estamos planteando que exista una reparación integral justa y que el poder Judicial de la Federación tendrá que resolver la revictimización que sufren los padres de los niños de la guardería. La sentencia del Juez federal se dio hasta 2016 y se apeló. Hoy llevamos nueve años y siguen sin justicia porque no se resuelve el juicio de amparo. El propio Poder Judicial, a través de sus juzgados, no resuelven el asunto y la Suprema Corte [de Justicia de la Nación]está estudiando a ver si queda el amparo en revisión”, explicó el abogado que representa a familiares de 23 niños fallecidos y 11 lesionados.
IMSS LUCRÓ, ACUSAN
Además de la falta de acceso a la justicia, los padres de los niños de la Guardería ABC descubrieron vía transparencia que el IMSS ha lucrado con la tragedia.
“Nos dimos cuenta de que el IMSS estaba haciendo una contabilización de derechos de derechohabiencia de los de la ABC al ponerle un número a cada una de las víctimas, con un sobreprecio […], esto ha generado descontento en las familias porque el IMSS está lucrando con el dolor y por el otro lado la CEAV, la CNDH y la Auditoría Superior de la Federación estén haciendo caso omiso”, dijo.
Los padres obtuvieron las listas de los medicamentos y los precios que el IMSS –a través del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE)– supuestamente entregó para la atención a los niños lesionados.
Uno de los ejemplos es que una pomada de nombre “Voltaren” que en el mercado tiene un valor de menos de 100 pesos, en las listas aparecían que fueron adquiridas en 700 pesos cada unidad.
Los familiares detectaron firmas falsificadas para justificar medicamentos que nunca recibieron, como un jabón especial para niños lesionados, al que los menores son alérgicos.
Marisol Montaño Estrada, mamá de la niña Dana Paola Villareal Montaño, quien tenía dos años cuando ocurrió la tragedia y sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 54 por ciento de su cuerpo, pagó 900 pesos por mil 622 hojas foliadas a través de transparencia.
“Me ponen cremas, bloqueadores, jabones, me están cobrando los aparatos que usan los pediatras en consulta, como 26 colchonetas, los balones, pastillas que mi hija no toma y vuelos de hasta 96 mil pesos que han comprado a nombre de la niña”, reveló.
La mamá de Dana aseguró que en algunas facturas falsificaron su firma y no le han explicado si alguien cobró en su nombre viáticos a Sacramento, California en Estados Unidos, donde se atiende la menor.
“Me están cobrando hasta cinco millones de pesos en consultas. Me están poniendo que usa la niña 50 jabones al mes, cuando mi hija usa cuatro jabones. Una caminadora que cuesta 12 mil pesos, la están poniendo en 50 mil. Estamos pidiendo claridad, son cifras demasiado infladas”, dijo.
La señora Marisol explicó que la reparación del daño especifica que cuando a los papás les paguen el monto que se determine por Ley, se les descontará lo que se hayan gastado en atención a sus hijos.
“Si ellos han tenido auditorías federales, no puedo creer que los auditores no hayan visto porqué un vuelo les costó 96 mil pesos. No hubo un foco rojo”, dijo la mamá que se encuentra actualmente en Sacramento, pues su hija acaba de salir de una cirugía.
SENTENCIA NO ES JUSTICIA
Julio César Márquez, papá del niño “Yeyé” fallecido en el incendio del 5 de junio de 2009, dijo que las madres y padres de los niños muertos y lesionados de la Guardería ABC siguen esperando justicia y que será insuficiente que lleguen la sentencias de los 19 entonces servidores públicos.
“Cuando la ansiada justicia llegue, no será una justicia completa. La justicia en ese sentido no se puede considerar como tal. Hay un proceso jurídico que concluyó en la sentencia de 19 personas que se encuentran en juicio de amparo que está en espera de si la Suprema Corte determina atraer y resolver. Pero esto no nos dejaría satisfechos porque siempre vamos a tener en claro que faltaron servidores públicos como Eduardo Bours; Abel Murrieta Gutiérrez, entonces Procurador de Justicia, ahora dispensado con una diputación federal; Daniel Karam y el fallecido Juan Molinar Horcasitas”, argumentó.
El caso de Juan Molinar es emblemático para los padres porque fue el primer director del IMSS que autorizó la subrogación de guarderías y estancias infantiles y que firmó, a pesar de que había denuncias sobre irregularidades en las instalaciones del galerón adaptado como guardería que se incendió, la renovación del permiso a los socios de la ABC.
El 21 de mayo de 2015 Molinar Horcasitas falleció en la Ciudad de México por una esclerosis lateral amiotrófica. Ese día los papás lamentaron que muriera sin rendir cuentas ante la justicia. Murió “cobijado” hasta el último momento por “la impunidad del PAN [Partido Acción Nacional], afirmaron a SinEmbargo.
“Es lamentable su muerte, pero no me duele para nada. Sólo espero que haya sufrido mucho, en verdad, que haya sufrido mucho dolor antes de morir, porque nunca se va a comparar el sufrimiento que él haya tenido, con el de nuestros hijos. Sí me da rabia, impotencia que se haya ido de este mundo, sin haber dado cuentas de toda su responsabilidad respecto al caso de la Guardería ABC”, dijo ese día Patricia Duarte Franco, mamá del niño fallecido Andrés Alonso.
Molinar Horcasitas renovó el permiso de la guardería subrogada a pesar de que entre las irregularidades denunciadas estaba la utilización de una lona en el techo del galerón y la falta de salidas de emergencia.
Esa lona provocó al incendiarse un humo tóxico que causó la muerte de la mitad de los niños que fallecieron ese día por asfixia.
En 2010, en un proyecto de dictamen, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar le atribuyó responsabilidad por el desorden en la operación y supervisión del servicio, pero el pleno de la Corte lo desvinculó de la desgracia.
Julio César Márquez también enfatizó en la revictimización de las familias por los organismos encargados de proteger sus derechos humanos como la CEAV y la CNDH.
“Además el muy indignamente asunto de posible corrupción en el manejo de recursos CAICE. Estamos en una etapa muy inicial de este caso de corrupción y de la utilización de la tragedia para lucrar”, precisó.
José Francisco García Quintana, presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio y papá de un niño fallecido, enfatizó en que los pendientes son los mismos de hace nueve años: ausencia de castigo a los culpables y de las garantías de no repetición.
“Esos son los dos aspectos fundamentales y siguen tan vigentes como en 2009. Sigue habiendo casos de muertes en estancias infantiles, y aunque existe la Ley 5 de Junio se requiere de su difusión y aplicación”, reclamó.
Mañana, como parte de las actividades que realizarán los familiares de los niños de la Guardería ABC, se realizará una vigilia a partir de este lunes a las 20:00 horas en los restos de lo que fue la estancia. Mañana habrá dos marchas: una a las 16:00 horas en la Ciudad de México del Ángel de la Independencia al Zócalo y otra a las 18:00 horas en Hermosillo.
