La denominada #LeyChayote fue aprobada el miércoles pasado a la media noche por 60 votos a favor, en su mayoría de senadores priistas y aliados, y 46 en contra, así como una abstención de un panista. De la oposición, votaron en pro el Senador perredista Adolfo Romero Lainas, de Oaxaca; Senador panista Jorge Luis Lavalle Amaury, de Campeche; Senador sin partido y ex panista José María Martínez y Martínez, de Jalisco; Senador sin partido y vocero de la campaña priista, Javier Lozano Alarcón, de Puebla, y el Senador sin partido Luis Armando Melgar Bravo, de Chiapas. El Senador panista José de Jesús Santana García, de Aguascalientes, fue quien decidió abstenerse.
Miembros del Colectivo Medios Libres y periodistas de la prensa estatal – la más vulnerable al control editorial a través de la publicidad oficial, de acuerdo con Artículo 19– afirmaron que esta legislación a la comunicación social no incentiva a los medios que buscan vigilar la actuación del Gobierno y debilita a la opinión pública. La ONU, entre otras observaciones, también advirtió que la población tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y servicios del Estado, pero la Ley no lo considera.
Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– A unos días de que se cumpla un año del asesinato de Javier Valdez, cofundador del periódico Ríodoce en Sinaloa, los legisladores aprobaron la Ley de Comunicación Social cuestionada por el Colectivo #MediosLibres y organismos internacionales. Periodistas de medios estatales e integrantes de organizaciones aseguraron que esta modificación al artículo 134 constitucional sigue sin evitar «las malas prácticas» de la publicidad oficial por lo que aún «debilita» a la opinión pública y «vulnera» el derecho a la información crítica al gobierno y sus políticas públicas, sobre todo a nivel estatal.
«Definitivamente los reporteros a nivel estatal viven un nivel de vulnerabilidad y de riesgo mayor», dijo Ana Ruelas, directora de Artículo 19. «La prensa a nivel estatal no solamente está sujeta a los controles indirectos que se ejercen a través de la publicidad oficial, sino también a través de la violencia constante a la que se somete a la prensa. Desde Artículo 19 hemos dicho constantemente que una de las formas del Estado para violentar el ejercicio periodístico tiene que ver con el dinero público que se paga a los medios de comunicación, pero también con la violencia que cada vez es más impune y cínica hacia los reporteros y reporteras».
Esta semana uno de los asesinos de Javier Valdez, Heriberto “N”, alias El Koala, fue detenido en Tijuana. Pero Ríodoce alegó que faltan los asesinos intelectuales.
Justine Dupuy, de Fundar, coincidió en que con esta Ley se siguen institucionalizando «las malas prácticas sobre todo en los estados donde están muy enraizadas, como los chantajes y la relación de control del gobierno con los medios de comunicación». Como continuará la designación discrecional de publicidad oficial, se «afecta directamente el derecho de información de la ciudadanía y limita el debate público».
La denominada Ley Chayote fue aprobada el miércoles al filo de la media noche por 60 votos a favor, en su mayoría de senadores priistas y aliados, y 46 en contra, así como una abstención. De la oposición, votaron en pro el Senador perredista Adolfo Romero Lainas, de Oaxaca; Senador panista Jorge Luis Lavalle Amaury, de Campeche; Senador sin partido y ex panista José María Martínez y Martínez, de Jalisco; Senador sin partido y vocero de la campaña priista, Javier Lozano Alarcón, de Puebla, y el Senador sin partido Luis Armando Melgar Bravo, de Chiapas. El Senador panista José de Jesús Santana García, de Aguascalientes, fue quien decidió abstenerse.
Además, hubo 14 ausentes: los panistas Francisco Búrquez Valenzuela, Adriana Dávila Fernández (se justificó), Rosa Adriana Díaz Lizama, Juan Alejandro Fernández Sánchez, Martha Elena García Gómez, Elva Martha González Pérez, Sonia Mendoza Díaz y Laura Angélica Rojas (por asistencia a reuniones de trabajo en comisiones o comités que se realizan simultáneamente); los perredistas Celestino Cesáreo Guzmán, Iris Mendoza Mendoza. También faltaron el candidato a alcalde de Morelia por Morena, Raúl Morón Orozco, la Senadora simpatizante de Morena, Gabriela Cuevas, y los petistas Ana Gabriela Cuevas y Carlos Manuel Merino Campos.
Arnoldo Cuéllar, editor del diario Zona Franca de Guanajuato, afirmó que esta ley «está legalizando el uso del presupuesto público para que la prensa se convierta en complicidad del Estado, y no hay ningún incentivo a esa prensa que quiere mantenerse como vigilante de las acciones del Estado». El conductor de «Revista de la 1» expuso que los diputados y senadores no se están construyendo «equilibrios» para una mejor democracia en el país ni una «cancha pareja» entre medios para que se privilegie más la investigación periodística de fondo sobre la reproducción de discursos oficiales y propaganda. Ello perjudica a los ciudadanos.
«Los diputados, sobre todo del PRI y del Verde, insisten en mantener ese esquema de privilegios que fomentan la complicidad. En Guanajuato lo vemos al igual que en cualquier parte, el presupuesto para publicidad que se autoriza es uno y el que se gasta es tres veces más beneficiando a los diarios que son totalmente acríticos, que publican a ocho columnas al Gobernador cinco veces a la semana, que no le dan eco a organizaciones de la sociedad civil, o a los escándalos en los que incurren los funcionarios públicos», afirmó Cuéllar. «Cualquier medio crítico siempre va a sufrir la amenaza de ser ahogado y de verse amenazado o presionada su línea editorial».
Ante el círculo cerrado de partidos políticos, gobiernos, y medios de comunicación amigos «se reparten el recurso público, y el monopolio de la toma de decisiones que afectan a todos», dijo el periodista. Por ello, el periodista consideró que «el exceso de mensajes propagandísticos que ocultan la realidad de fondo del funcionamiento del gobierno y evaluación de políticas públicas en general debilita a la opinión pública, que sea con menos información y análisis, con menos capacidad crítica».
Francisco Ortiz, periodista y director de Libre en el Sur, dijo que esta ley dejó «intocado» el manejo discrecional de los recursos públicos para la publicidad oficial, lo cual limita el derecho de información de los lectores al orillar a medios a «someterse» o «moderar» su línea crítica o independiente para no sufrir represalias.
«En mi caso he sido víctima de los gobiernos delegacionales en Benito Juárez, que es donde circula mi periódico. Es el uso de publicidad como premio o castigo dependiendo del comportamiento editorial», afirmó Ortiz cuyo periódico local informa sobre falta de servicios, denuncias de vecinos y fallas de las autoridades en esa delegación de la Ciudad de México. Expuso que su equipo también ha sido objeto de «limitaciones» para acceder a eventos o actividades de la Delegación.
Por ello lamentó que los legisladores perdieron la oportunidad histórica de modificar estas prácticas antañas.
Ana Ruelas, directora de Artículo 19, parte del colectivo Medios Libres, expuso que la Ley Chayote «regulariza las malas prácticas» que han sucedido en la historia de México respecto a asignar dinero público a «los medios complacientes al gobierno», lo cual genera una «sobreexposición» de funcionarios públicos y eso genera un límite a la libertad de expresión de los reporteros en el nivel estatal y federal, y provoca que «la información que estamos recibiendo como ciudadanos no es veraz, sino cooptada por el dinero público que paga el gobierno».
NO CUMPLE LO EXIGIDO POR SCJN
Este ajuste a la Ley de Comunicación Social, acusó el Colectivo Medios Libres, no cumple con los criterios establecidos en la sentencia del 15 de noviembre de 2017 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que puso como límite al Congreso este 30 de abril.
En noviembre del año pasado, con cuatro votos a favor y uno en contra, la SCJN otorgó el amparo interpuesto por la organización Artículo 19 sobre la omisión legislativa que regularía la publicidad oficial.
“Se desprende que dado que la Constitución le impuso al Congreso de la Unión el deber de expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en un plazo que ya ha transcurrido en exceso y esto no ha ocurrido, debe concluirse que el Poder Legislativo ha incumplido totalmente esa obligación”, sostuvo el Ministro Arturo Saldivar. “Nos encontramos frente una omisión legislativa absoluta atribuible a las dos cámaras del Congreso de la Unión”.
Además, lo aprobado ayer ignoró las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) e internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU).
La semana pasada, la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lo advirtió al Senado a través de una carta en la cual expuso seis observaciones.
1. El organismo consideró que, en ese momento minuta, no regula de forma clara y precisa el sistema en torno a la asignación y contratación de la publicidad gubernamental, lo que deja espacio para la discrecionalidad al dar libertad al ejercicio político y a la arbitrariedad.
2. El Alto Comisionado de la ONU estimó que la ley no establece ningún mecanismo para controlar el gasto actual, ya que los gastos en el ramo quedan a consideración de las autoridades ejecutivas, lo cual “mantendría el sistema de discrecionalidad en el gasto”, y no prevendría actos de corrupción o desvíos con el uso de los recursos.
3. La ONU señaló que la ley debía incorporar “el principio de no discriminación en el uso de los fondos públicos”, y explicó que, de acuerdo con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando para la repartición de recursos se toman en cuenta las opiniones difundidas por los medios de comunicación o la afinidad política, puede considerarse discriminación y posible censura.
4. Llamó a considerar al público objetivo de la campaña debido a que “la población tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y servicios del Estado”, pero se omite los criterios para identificar si la publicidad informa de manera efectiva y si la información es de interés.
5. La Organización señaló que no se definen sanciones claras y queda en manos de los superiores jerárquicos determinar si una queja procede, lo que “no da las garantías adecuadas para que haya investigaciones o sanciones sobre las infracciones a la ley”.
6. Expresa que los Estados “deben establecer mecanismos de control externo de monitoreo de la asignación de publicidad oficial” porque en la propuesta las contralorías dependen del Poder Ejecutivo, lo que cuestiona su autonomía.
