El Gobierno del priista Héctor Astudillo Flores no ha podido hacerle frente a la delincuencia, pese a las estrategias de seguridad implementadas desde su Gobierno y de la Federación.
Chilapa es, quizás, la muestra más dura de la violencia que permea en ese estado del sur del país: ejecuciones, desplazamientos masivos y desapariciones son el pan de cada día.
Grupos civiles que visitaron el municipio exhibieron en un informe la situación y concluyeron «que la renuncia a la justicia en décadas pasadas ha contribuido con la situación actual, que al no existir una experiencia de justicia transicional se siguen repitiendo los mismos esquemas de represión y de desaparición forzada».
Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).– La situación de inseguridad que se vive en Guerrero ha colocado al estado como uno de los más violentos e inseguros de todo el país, pero un microuniverso de la «epidemia» de esa violencia es Chilapa.
El Gobierno del priista Héctor Astudillo Flores no ha podido hacerle frente a la delincuencia, pese a las estrategias de seguridad implementadas desde el estado y desde el Gobierno federal, las ejecuciones, desplazamientos y desapariciones no cesan.
El mismo mandatario sostiene que no cuenta “los recursos humanos ni materiales para enfrentar el tamaño del problema» y ha hecho llamados de auxilio a la Federación. El Obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, reveló, en días pasados, que se reunió con un grupo criminal para pedirle que cesaran los crímenes, lo que le generó reclamos de la Secretaría de Gobernación.
El pasado miércoles, los representantes de la misión civil de observación –que visitó en septiembre del año pasado comunidades del municipio guerrerrense– calificaron de “indolentes” y “omisos” a los gobiernos estatal y federal para atender “la grave crisis” de violencia e inseguridad.
Los organizaciones denunciaron que la violencia se ha agudizado sobre todo en Chilapa a la que –citando cifras oficiales– ubicaron como la región “más peligrosa del mundo” debido al alarmante número de ejecuciones, desplazamientos masivos y desapariciones.
Los representantes reclamaron que, a siete meses de que visitaron las comunidades, no han obtenido respuesta a su petición de audiencia con el Gobernador Astudillo Flores para conocer de manera directa las estrategias de su gobierno en el combate a la violencia y la inseguridad.
Los grupos ciudadanos visitaron en septiembre pasado la cabecera municipal de Chilapa, así como las comunidades de Ahuiyuco, Tepozcuautla y Tetitlán de la Lima, en donde constataron la «grave» situación de violencia.
Las conclusiones de los visitadores son contundentes: «El incremento de la violencia se muestra en los constantes enfrentamientos que terminan en crímenes atroces. Constatamos que la renuncia a la justicia en décadas pasadas ha contribuido con la situación actual, que al no existir una experiencia de justicia transicional se siguen repitiendo los mismos esquemas de represión y de desaparición forzada. Como en otras partes del país la corrupción de la élite política ha hecho que los cargos políticos sean parte de la oferta del mercado criminal. Se ha comprobado como diferentes actores sociales como legisladores, miembros de diferentes partidos e incluso algunas autodefensas han estado en función de los intereses del crimen organizado y, mientras tanto millones de indígenas y campesinos viven con menos del salario mínimo y las víctimas se encuentran totalmente desprotegidas.
«Hemos constatado que cientos de víctimas indirectas se han visto sumidas en una mayor pobreza y vulnerables ante la muerte o desaparición de su esposo o familiar. Constatamos la falta de contrapesos que permitan una verdadera toma decisiones y acuerdos que permitan salir de la crisis actual. Es fundamental que se realice una documentación exhaustiva, así como investigaciones fehacientes y objetivas que atiendan el reclamo de la verdad de las familiares de las víctimas. Es preocupante la ausencia de Estado para dar las atenciones y brindar servicios necesarios en temas de salud, educación, protección civil, etc., sabiendo que la presencia militar en realidad agrava más la situación. Es necesario fomentar la consolidación de espacios de articulación que se planteen no sólo la atención a las demandas centrales sino la constitución de mecanismos ciudadanos de exigencia en términos de la deuda histórica de derechos humanos».
Las organizaciones que participaron fueron la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Amnistía Internacional Oficina México, Tequio Jurídico, Código DH, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
LOS HALLAZGOS
El informe «De la civilidad truncada a la desaparición de la razón» sostiene que «desde que el entonces Presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa declarara la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, en Chilapa y municipios vecinos diferentes grupos de la delincuencia organizada han vivido transformaciones vertiginosas que ha devenido en un mayor control territorial así como en una expansión de las actividades criminales». Y explica que la posición geográfica de Chilapa, que se localiza a unos 54 kilómetros de la ciudad capital Chilpancingo, «la posiciona como la entrada a la montaña y un punto estratégico en el control del territorio».
Los grupos civiles que participaron en la misión destacaron que «La desaparición está sucediendo a un nivel generalizado en esta parte de Guerrero en los últimos años. La Fiscalía estatal ha sido sobrepasada ante las desapariciones, no hay investigaciones efectivas que permitan saber con claridad si quienes cometen esas desapariciones son agentes estatales, particulares o el crimen organizado».
Y alertan que «actualmente, no existe una cifra exacta de personas desaparecidas, no existen registros forenses de las fosas encontradas en la zona, ni líneas de investigación que nos permitan conocer el contexto en el que ocurren esas desapariciones. Además, tampoco existen datos oficiales de las carpetas de investigación, sentencias o reparaciones que se otorgaran a familiares de personas desaparecidas».
El reporte apunta que «una de las causas del desplazamiento forzado interno, es la violencia criminal que viven los ciudadanos en el Municipio de Chilapa. Durante el tiempo que la Misión permaneció en el centro de Ahuihuiyuco se nos explicó que fueron desplazadas más de 500 personas, quedando el poblado desierto. Nos refieren que a través de redes sociales se esparcieron versiones y amenazas, con la finalidad de que las personas se enteraran, pero también sus familiares que vivían en otros estados. A lo largo de 3 días, del 7 al 9 de junio, las comunidades se quedaron vacías».
ATAQUES A JEFES DE SEGURIDAD
Desde 2011 en el municipio de Chilapa, al menos, dos jefes policiacos han sido asesinados, dos cesados por presuntos vínculos con grupos delictivos y señalamientos de organizaciones no gubernamentales, y uno más renunció al cargo por exigencia de civiles armados y autoridades comunitarias.
El pasado jueves 5 de abril la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en la comunidad de Nejapa fue atacado a balazos y perdió la vida en el lugar el secretario de Seguridad Pública municipal de Chilapa, el suboficial de la Policía Estatal, Abdón Castrejón Leguideño.
Abdón Castrejón fue policía municipal y juez de barandillas en la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, asumió el cargo el 7 de enero de 2016 en sustitución del también policía estatal Juan Suástegui Epifanio, cesado por el Gobernador Héctor Astudillo Flores.
El 30 de marzo de 2011, Miguel Ángel Reyna Martínez, quien fuera director de Seguridad Pública municipal de 2005 a principios de 2011 en los periodos de los priistas Alicia Zamora Villalva (2005-2008) y de Sergio Dolores Flores (2008-2012), fue asesinado en el municipio de San Luis Potosí del mismo estado, a unos días de haber dejado el estado de Guerrero por supuestas amenazas.
En 2012 al inicio de la administración del Alcalde postulado por el PRI, Francisco Javier García González, Silvestre Carreto González asumió el control de la seguridad en Chilapa.
El 17 de julio de 2014 tras una serie de balaceras entre grupos antagónicos de la delincuencia así como de la Policía Estatal en el centro y otros puntos de la ciudad, que dejaron al menos 14 personas muertas, el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que las instancias y corporaciones del Grupo de Coordinación Guerrero habían acordado que la primer acción para restablecer la seguridad en Chilapa era la separación del cargo de Carreto González.
“Hay información de que no resulta lo suficientemente confiable”, dijo entonces Aguirre Rivero, además de que anunció una limpia de los 150 agentes de la corporación.
El 21 de julio de 2014 asumió la Secretaría de Seguridad Pública municipal el militar en retiro Job Encarnación Cuenca, quien se desempeñaba como director de Gobernación municipal.
Encarnación Cuenca renunció la mañana del 10 de mayo de 2015, tras la exigencia de hombres armados y comisarios de las comunidades del sur del municipio que en la víspera tomaron el control de la seguridad de la ciudad al detener a taxistas, motociclistas, realizar cateos, entrar a la comandancia y a policías municipales en busca, según dijeron, de supuestos integrantes del crimen organizado.
Tras una reunión de autoridades comunitarias al mando de los civiles en la que se encontraba el jefe policiaco, éste puso sobre la mesa su renuncia, según dijo, para ayudar a calmar el conflicto, y admitió que la corporación fue rebasada en cuestión de números por la delincuencia.
“Si consideran que mi renuncia es para dar beneficio para ustedes, con gusto lo hago mañana o hoy mismo presentó mi renuncia”.
Expuso que había en ese momento 53 plazas vacantes porque no había interesados en ingresar a la corporación, “nadie quiere darse de alta, de los 36 elementos que han ido sólo cuatro han pasado sus exámenes de control de confianza”, reveló.
Asumió como encargado y fue ratificado al entrar el gobierno municipal de Jesús Parra el suboficial de la Policía Estatal, Juan Suástegui Epifanio, quien fue acusado en octubre de 2015 por vecinos de Tlaltempanapa, del municipio de Zitlala, de presuntos nexos con criminales.
El jefe policiaco y el gobierno municipal de Parra García negaron las acusaciones y defendieron la trayectoria de Suástegui Epifanio.
Sin embargo el 16 de diciembre de 2015 ante el entrante gobernador Héctor Astudillo, familiares de desaparecidos de Chilapa y Zitlala, ahora constituidos en el colectivo Siempre Vivos, vetaron al secretario de Seguridad por su actuación en la estancia de los civiles armados en la ciudad del 9 al 14 de mayo, donde se denunciaron 14 desapariciones.
Ese día Héctor Astudillo ordenó públicamente al Alcalde Jesús Parra, “le pido aquí al Presidente Municipal que cambie al Secretario de Seguridad Pública, no veo por qué tenga que sostenerlo, cámbialo. Que [el Alcalde] vea la manera de relevarlo, que busque una persona que no genere inconformidad en la propia gente ante un señalamiento de que no estuvo a la altura de las circunstancias se tiene que relevar. Te lo pido como Gobernador”.
-Con información de El Sur
