El General José Francisco Gallardo Rodríguez sostiene que al país le urge una planeación estratégica nacional, que debe abordar reformas a las funciones actuales del Ejército al frente de la seguridad pública, que sus soldados «deben estar en los cuarteles» y reactivar la Guardia Nacional.
Su propuesta abarca también un «empoderamiento» de los ciudadanos que implicaría que la Secretaría de la Defensa Nacional esté a cargo de un civil, se reafirme el derecho de los ciudadanos a portar y ser capacitados en el uso de las armas y formar parte de las decisiones de los integrantes de los cuerpos de seguridad que velarán por su bienestar.
Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– El General Brigadier y defensor de los derechos humanos, José Francisco Gallardo Rodríguez, sostiene que nuestro país carece de un plan estratégico nacional, debido a que «el Estado abdicó en la defensa de la nación» y una muestra de esto es el fracaso del sistema de justicia y de seguridad, que queda evidenciado en la violación sistemática a los derechos humanos, los miles de muertos, desaparecidos y torturados en el país.
Para quien inició su vida castrense a la edad de 15 años de edad y escaló al interior de la institución hasta llegar a ser General Brigadier, la actual crisis de inseguridad y violencia en el país tiene su origen en una clase política que entrega «nuestro país a los intereses del gran capital internacional» ante una sociedad «temerosa».
El General Gallardo se dice convencido de que el problema de inseguridad en el país y la entrega de los recursos naturales puede detenerse y para ello propone una gran reestructuración del Estado.
¿Qué implica su propuesta? Restablecer la potestad del Estado en el uso de la violencia legítima; desmilitarizar a la sociedad y los espacios públicos exclusivos del ámbito civil, pues «un Estado democrático es un estado civil y no militar», además del empoderamiento de los ciudadanos «quienes son los responsables de la defensa del país».
El 9 de noviembre de 1993, el General Gallardo ingresó al Campo Militar número uno como preso. Las acusaciones en su contra eran un bufete de delitos: enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y destrucción de archivos del Ejército.
Un mes antes, el General había publicado el texto “La necesidad de un Ombudsman Militar en México” en la revista Fórum. El tema era el corazón de su tesis y sugería la creación de esta figura con el propósito de que regulara los abusos dentro de la vida castrense. En 1998, fue sentenciado por un consejo de guerra a catorce años de prisión. Le cargaban haber vendido 300 toneladas de avena en paca y las ocho mil pacas de avena en greña que estaban destinadas a 228 caballos que tenía bajo su custodia, así como la quema de documentos que demostraban el hecho. Después, otro consejo de guerra lo condenó por enriquecimiento ilícito y le dio otra pena de catorce años que no fueron acumulables a la primera sentencia debido a un amparo.
La defensa que emprendió para superar los barrotes militares lo convirtió en emblema de la lucha por los derechos humanos. Tiene el premio “Preso de Conciencia” que le dio Amnistía Internacional y el de “El Ombudsman Militar en Prisión” brindado por el Consejo Nacional de Ong en el 52 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 2001. Los galardones los recibió tras las rejas.
Hoy, a más de dos décadas y media, también doctor apunta a que una gran reforma del Estado debe pasar por una reforma al Ejército y en ese sentido apunta que la Secretaría de la Defensa Nacional debería estar presidida por un civil, «como en todos los Estados democráticos»; a que se debe de reformar el Servicio Militar Nacional para capacitar a los ciudadanos en el uso de las armas, al que «todo ciudadano tiene derecho».
«Se tiene que retomar porque es una obligación de todos los mexicanos estar en capacidad para defender la país a través de un sistema organizativo, pero también con el conocimiento de la disciplina militar y el manejo de las armas», señala.
Y abunda: «El Artículo décimo de la Constitución previene que los mexicanos pueden tener un arma para su defensa legítima; sin embargo, el Estado mexicano ha hecho prohibitivo este derecho a través de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, en donde limita a ultranza el uso de este derecho constitucional».
Apunta a la abrogación del Fuero de Guerra en tiempo de paz e insiste en la creación de un Ombudsman Militar.
A este «empoderamiento» de la sociedad civil se suma el regreso de los militares a los cuarteles para reactivar la Guardia Nacional que se encargaría de la seguridad de las comunidades, cuerpo temporal que estaría integrado por miembros de la comunidad a defender y cuyos mandos sean nombrados por los mismos pobladores bajo la responsabilidad de los Gobernadores.
«¿Quiénes son los responsables de la defensa del país? El pueblo ¿Sobre quién recae la soberanía del país? En el pueblo; entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Empoderar a los ciudadanos en sus derechos para defender a nuestro país, defender nuestra soberanía nacional. Nadie lo va hacer más que el pueblo», dice.
A otro blanco al que apunta es al aparato de inteligencia de seguridad del país, el cual asegura «no tenemos» y que lo que hay «es un sistema de espionaje que tienen que ver con el control social del Estado».
El militar asegura que si existiera este sistema de inteligencia, la Reforma Energética no habrían tenido lugar. «Las reformas energéticas que se hicieron van en contra del desarrollo de México, van en contra de la soberanía porque esas reformas han entregado a nuestro país a las trasnacionales y al extranjero. Por eso, es importante un sistema de inteligencia de Estado, que incluso debe de ser una institución autónoma».
A fin de contribuir al debate, SinEmbargo reproduce integra la propuesta del General Francisco Gallardo.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL (PROPUESTA ÍNTEGRA)
La seguridad interior, que se asienta en la tranquilidad pública, cuando es trastornada, el daño obedece a traidores, sediciosos, vende patrias, infiltrados, el asunto es político porque atañe al orden social, necesario para estimular la prosperidad económica y el bienestar del pueblo; es político porque atenta contra la integridad territorial, la observancia de la Constitución y la forma republicana de gobierno; es político, porque entraña a la mano extranjera que acecha y lesiona la soberanía nacional.
¡Si esto no lo entienden los políticos, entonces no entienden nada!
I. ESTRATEGIA
El pensamiento estratégico, como concepto y forma de expresión acerca de la realidad, nace en la esfera militar. Es ahí donde, ante la complejidad de las acciones y el movimiento de recursos de toda índole para satisfacer necesidades bélicas, pareciera ser necesaria una DIRECCIÓN explícita antes de convertirse en ACCIÓN.
Es decir, un espacio donde las decisiones tienen que ser claras, precisas y concisas, antes de la ACCIÓN u OPERACIÓN de la que dependen, recursos, vidas, tiempo, incluso el DESTINO DE UNA NACIÓN.
Bajo este enfoque conceptual estratégico, lo deben saber políticos y militares, está fundada históricamente la política mundial. Se trata de la apropiación total de nuestras soberanías, de nuestras culturas, y de los recursos estratégicos en la búsqueda por la hegemonía de los países centrales. Esta política de apropiación de la naturaleza para fines de lucro y poder de dominación, de despojo, no sólo pone en riesgo la seguridad global, sino la existencia de la propia humanidad. En esta vorágine nos encontramos inmersos.
Nosotros, como mexicanos desde una visión estratégica, debemos impedirlo, pero necesitamos urgentemente gobiernos que representen los intereses de nuestra nación para que, conociendo la estrategia contraria, podamos vencerla.
DIAGNÓSTICO
Los mexicanos actualmente nos encontramos ante una situación caótica, el Estado abdicó en la defensa de la nación, el Gobierno está totalmente corrompido y colapsado, el Congreso es complaciente e inoperante, la Suprema Corte es cómplice de las violaciones a la Constitución, la clase política está empeñada en entregar a nuestro país a los intereses del gran capital internacional, ante un sistema de opresión, la sociedad está inerme y temerosa. Así, fracasó el sistema de justicia y de seguridad que se refleja en una violación sistemática a los derechos humanos, miles de muertos, desaparecidos y torturados, una crisis humanitaria de gran envergadura nunca antes vista en toda la historia de nuestro país.
Ante esta grave situación es necesario apelar a una PLANEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL, que incluya la reestructuración del Estado, la creación de nuevos mecanismos para llegar al poder, el fortalecimiento del orden institucional, y romper rituales y parámetros que simbolizan a un Estado autoritario.
OBJETIVO
El objetivo principal de la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL:
1.- Restablecer la potestad del Estado en el uso de la violencia legítima;[1]
2.- Desmilitarizar a la sociedad y los espacios públicos exclusivos del ámbito civil; y
3.- El Empoderamiento de los ciudadanos en sus derechos humanos.[2]
METODOLOGÍA
Reordenamiento de la Administración Pública, revisión del Sistema Federal para fortalecer el orden municipal y las autonomías; elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo; un Plan de Defensa Civil; un Plan de Defensa Militar; reactivación de la Guardia Nacional; instituir un Sistema de Inteligencia de Estado; establecer una política criminal y la potestad del Estado de hacer cumplir las penas y la reinserción social del delincuente; actualizar la relación civil-militar; legislar una profunda reforma electoral; aspectos que se subsumen en un PLAN DE DEFENSA NACIONAL, concebido y dirigido desde el poder civil con una activa participación de la sociedad y de los actores sociales.
INTRODUCCIÓN
En México no hay estudios sociológicos serios sobre el tema de seguridad, fuerzas armadas o servicios de inteligencia, tampoco hay definida una política de defensa, por tanto, es necesario por ser temas intocados históricamente en nuestro país, entre otras cosas, comenzar por establecer una auténtica relación civil-militar, donde el Ejército, las fuerzas armadas todas, estén sometidas y subordinadas al ámbito civil del Estado. En el caso, se trata de desmilitarizar a la sociedad y los espacios públicos usurpados históricamente por el cuerpo militar. ¡Los militares a sus cuarteles!
Más en estos tiempos que reclaman cambios de fondo para terminar con la violencia y restituir el estado de derecho y el orden constitucional en nuestro país.
En una democracia a los militares les está prohibido por ley, participar en asuntos que son de la exclusiva competencia de las autoridades civiles: concebir y operar la política de defensa, deliberar en asuntos públicos, aplicar la ley, perseguir el delito, combatir al narcotráfico y al crimen organizado, entrometerse como lo es entre otras, en la seguridad pública y los procesos electorales, repartiendo paquetería, “cuidando” su desarrollo, y “custodiando” las urnas. ¡La activa participación militar fuera de sus cuarteles, rompe el orden constitucional y jurídico del Estado!
El Estado mexicano tiene como función primordial la SEGURIDAD, se complementa con la administración del servicio exterior, con la administración de la defensa, de la justica y de la hacienda y la administración del interior que requiere como imperativo asentarse en el principio de SUPREMACÍA, sobre cualquiera institución o poder del Estado.
La SOBERANÍA en el ámbito interno, SUPREMACÍA, no debe admitir a nadie, ni nada por encima de ella, ningún otro poder, lo que puede lograrse, a través de la eliminación de la vida feudal, caciquil y de grupos de poder, la consolidación de la soberanía del Estado, el dominio territorial y mantener el monopolio del uso de la fuerza legítima.
En una democracia como la que pretendemos los mexicanos, entre el Estado y la Sociedad no debe haber poderes de facto, la seguridad es la razón y el motivo de la creación del Estado social de derecho, tutelar la seguridad de todo individuo dentro de su jurisdicción territorial para alcanzar la prosperidad de la nación.
POLÍTICA DE ESTADO
Una apreciación política sistémica e integral, que precede a la formulación de una política de defensa, es obligación exclusiva de las autoridades civiles. Es una aproximación acerca de los intereses estratégicos del país y su proyección en el escenario internacional. Implica una evaluación de los recursos nacionales, de los objetivos políticos y los intereses que afectan, junto a la evaluación de los probables adversarios y posibles escenarios. Una estrategia donde los militares contribuyen técnicamente, nada más.
Una política de defensa es por definición una política de Estado. Las políticas de Estado, son aquellas que recaen sobre aspectos fundamentales del funcionamiento del país, requieren esfuerzos de carácter nacional, subsumen intereses de carácter estratégico, y necesitan para su desarrollo de periodos amplios de temporalidad.
La conducción de la formulación de una política de defensa es responsabilidad del Poder Ejecutivo, supone primero un consenso político, debe resultar de una planificación del uso coordinado de instituciones e instrumentos para enfrentar con éxito las amenazas o agresiones externas que afecten la paz, la seguridad o la integridad territorial, y una definición concreta de recursos militares, económicos y diplomáticos que el país pueda movilizar ante una amenaza o riesgo.
La defensa nacional, puesta como una política de Estado, en una perspectiva permanente de desarrollo institucional y una obligación per se del poder civil.
El concepto de seguridad restringido a la seguridad del Estado, a través de la conservación de la soberanía, la independencia política y la integridad territorial, pasa a un concepto más amplio cuando incorpora como eje transversal a la persona humana. (Art. 1° Const.)
La Política de Seguridad y Defensa, debe ser nacional, permanente, explicita y financiada independientemente del gobierno en turno o partido políticos. Esto es esencial para que sea una política de Estado. Además debe tener un amplio consenso entre todos los sectores, ser construida con un consentimiento informado y de la mayor participación, estar pensada para plazos que van más allá de la temporalidad del gobierno en cuyo período se formulan.
Todo ello permite que se legitimen socialmente los compromisos que de ella derivan. Debe responder a los intereses y objetivos generales del país de manera congruente con los medios de que dispone para cumplirlos y ser armónica con el resto de las políticas públicas.
La formulación de esta política de Estado, preferentemente debe hacerse en tiempo de paz, cuando la tranquilidad y la ponderación otorgan la posibilidad de una visión sistémica y de largo plazo sobre los problemas que se desean enfrentar. De otra manera, lleva a la sobredimensión política y presupuestaria y genera una percepción negativa de la ciudadanía. Debe de incorporar principios de control ciudadano, rendición de cuentas y responsabilidad política en el ámbito de seguridad y defensa.
SEGURIDAD Y DEFENSA COMO UN BIEN Y UN SERVICIO PÚBLICO
La seguridad y defensa tiene que ser vista como un bien público, un servicio público que sólo el Estado puede proveer a la sociedad, por tanto, más que un fin en sí misma, se trata de un servicio. Es una función primaria del Estado en la que deben coordinarse recursos y esfuerzos institucionales para producir dicho servicio.
La seguridad y defensa, es un tema de alta complejidad que tiene que ser abordado bajo un enfoque interdisciplinario.
La seguridad y defensa constituye una de las funciones básicas de toda sociedad organizada, su conducción es esencialmente política, se manifiesta en el seno de la actividad de gobierno, que ejerce el Poder Ejecutivo, por lo que éste debe ser auténticamente legítimo.
La defensa está estrechamente vinculada a la seguridad y se asocia al territorio como espacio físico, a la población como elemento social y al orden institucional como un elemento estructural.
La defensa nacional no es un asunto exclusivo ni específico de los militares. La defensa nacional es una cuestión política que debe ser concebida y diseñada por el consenso de los Congresos, los acuerdos políticos y actores sociales.
DOS FUERZAS PARA SEGURIDAD Y DEFENSA
De lo anterior implícitamente se desprenden las misiones del Ejército: Defender la integridad, la independencia y soberanía de la nación, así las cosas, el Ejército tiene encomendada la función más política que pueda tener cualquiera de las instituciones del Estado, como lo es defender la soberanía de la nación, sin embargo, la misma Constitución previene que para el cumplimiento de estas misiones, el Ejército debe estar en sus cuarteles preparándose para defender a la patria, y le prohíbe inmiscuirse en asuntos de carácter civil y políticos. Cualquiera otra pretensión sostenida por acuerdos políticos, es inconstitucional y nula de pleno derecho. (Art. 129 Const.)
Así las cosas, la Constitución previene para la defensa y seguridad de la patria, dos tipos de milicias armadas: LAS FUERZAS ARMADAS Y LA GUARDIA NACIONAL. Primero las Fuerzas Armadas/Ejército, que dentro de la organización del Estado depende directamente de la rama ejecutiva, cuyos mandos son nombrados por el presidente de la República, es una institución permanente, integrada con profesionales voluntarios, adiestrada, adoctrinada, equipada y capacitada para combatir y abatir al enemigo que vulnere nuestra soberanía.
El mando supremo de las fuerzas armadas, del Ejército, corresponde al presidente de la República, a través de la función secretarial. Tiene como misión la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, puede ser dispuesta por el presidente de la República para la seguridad interior y seguridad exterior de la federación, conforme el mandato constitucional. (Art. 1, 13, 16, 29, 35, 73, 76, 89 y 129 Const.)
Las fuerzas armadas se organizan y constituyen de acuerdo a lo que determina el poder legislativo, son controladas en la legalidad y legitimidad de sus acciones por el poder judicial y actúan dentro de sus misiones, bajo las órdenes del poder ejecutivo.
En los procesos de democratización como el que padecemos en México, cuyas configuraciones autoritarias estuvieron caracterizadas por desbordes militares que llevaron a la institución armadas a ejercer funciones políticas y administrativas ajenas a su función profesional militar, como lo es entre otras la seguridad pública y la lucha anticrimen, uno de los retos básicos ante la posibilidad de nuevos desbordes militares, es el establecimiento de un marco de relaciones entre Estado, Sociedad y Fuerzas Armadas.[3]
Esta tarea se puede llevar en dos ejes fundamentales: la redefinición de la función militar para ajustarla al requerimiento de un Estado democrático y el desarrollo de las transformaciones institucionales implícitas. Segundo, con la creación de un marco legal que permita a las autoridades civiles cumplir con las funciones de liderazgo y supervisión de la institución militar y de otras instituciones de gobierno responsables de ejecutar las políticas de seguridad y defensa.
En las condiciones actuales de alta presencia militar en los asuntos políticos, la reestructuración del Estado mexicano debe pasar incondicionalmente por la reforma de las fuerzas armadas, por la reforma del Ejército, lo cual se puede lograr haciendo más responsables a los civiles y haciendo más profesionales a los militares.[4]
Así las cosas, apartándonos de lo que tradicionalmente entendemos por ejército o fuerzas armadas: conjunto de unidades y de servicios militares del Estado. Desde una visión sociológica o de Estudios de Fuerzas Armadas y Sociedad, el ejército debe tratarse como parte de la formación y desarrollo del Estado.
El ejército, por su naturaleza, es una organización social compleja que tiene carácter público y está altamente diferenciada en su interior respecto de las demás estructuras estatales. El núcleo profesional que adopta las decisiones en su seno es a su vez un grupo social de gran influencia en el conjunto de la sociedad.
Ello se debe a la importancia, cualitativa y cuantitativa, de sus recursos organizativos; a su condición de administrador de los medios de violencia; a su elevada cohesión en comparación con otros grupos decisorios; y a su posesión de diversas tecnologías no exclusivamente militares. Además, no hay otra entidad social que disponga de expertos en áreas tan dispares como la ingeniería, el derecho, la medicina o el aprovisionamiento. Desde otra perspectiva hay pocas estructuras complejas con una capacidad de control sobre la acción individual de sus miembros comparable, en ámbito y en profundidad, a la ejercida por la organización militar.
El análisis de la realidad sociopolítica que actualmente vive el país, nos permite distinguir entre un escenario ideal o el más factible para llevar a cabo reformas legales y doctrinales aunque mínimas, pero decisivas para transformar a las fuerzas armadas y establecer las nuevas relaciones civiles-militares que requiere el avance democrático de la nación.
Con ello tratamos de incidir, inhibir y modificar la capacidad de la institución militar para intervenir en la política interna que deriva de un pacto civil-militar añejo e inoperante, de sus características peculiares -organización unificada y cohesión interna- y, en particular, del control de los instrumentos y administración de la violencia -movilización, experiencia operativa y control policial- y de la utilización del secreto en su relación con la sociedad.
Desde la visión doctrinal, se trata de transformar la estructura de conocimiento del cuerpo de oficiales y buscar un equilibrio entre: militar heroico, técnico y profesional, para potenciar al máximo la profesionalidad militar y por tanto, el control civil objetivo del cuerpo militar.[5]
LA GUARDIA NACIONAL
POTESTAD DEL PUEBLO PARA LA DEFENSA DE LA PATRIA
Descrita la primera fuerza para la defensa nacional, pasamos analizar a la segunda, la constituye LA GUARDIA NACIONAL, instituida históricamente en la Constitución, es una milicia armada, el pueblo en armas, el soldado ciudadano en defensa de su terruño/territorio, es la fuerza civil, que nos dio la independencia, la que constituyó la formación del Estado y nos dio una Constitución social, confrontó a los ejércitos que han sostenido en nuestra historia a gobiernos autoritarios y dictaduras, está conformada exclusivamente por civiles, nombrados en asamblea por los pobladores de una misma localidad, es una fuerza armada netamente federal, democrática, no profesional, no permanente, totalmente local, cuyos mandos los nombra la comunidad, y depende en su dirección y operación directamente de los gobernadores de las entidades federativas. Ambas fuerzas son sostenidas equipadas, armadas, reglamentadas, y financiadas por el Congreso de la Unión. De la operación de ambas fuerzas que haga el Ejecutivo debe ser aprobada por el Senado de la República. (Art. 1°, 10, 31, 35, 36, 73,76, 89, 115 y 116 Const.)
La misión de LA GUARDIA NACIONAL: asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad yel orden interior. (Art. 31 Const.) Esta es la única fuerza armada, que constitucionalmente tiene asignada en forma exclusiva tareas de orden interno.
Es decir, la Constitución le reserva al pueblo, al mismo pueblo en quien reside esencial y originariamente la soberanía nacional, la defensa de la independencia, del territorio y el honor de la patria, así como la tranquilidad y el orden interno. (Art. 31 y 39 Const.)
Además la Guardia Nacional, se constituye en un contrapeso al poder armado del Estado que en un momento pueda desbordar y cometer abusos en contra del pueblo, y es coadyuvante con la seguridad pública. El Estado debe hacer viable que los ciudadanos estén en posibilidad de ejercer este sublime derecho: defender a la patria.
POLICIAS COMUNITARIAS
Agregaría a estas milicias, a las policías comunitarias de los pueblos indígenas, que se rigen por usos y costumbres, hablamos de un sistema organizativo de seguridad y justicia que data de los pueblos originarios, tiene su fundamento en el principio de autodeterminación, representan a más del 10 por ciento de la población total. (La comunidad en Guerrero/Crac; Cherán en Michoacán; los Seri en Sonora tienen una Guardia Naval, protegen la zona protegida Isla Tiburón y San Esteban). Son espacios de autonomías y autodeterminación que deben ser respetados por el Estado dentro del sistema federal, por tener fundamento Constitucional. (Art. 1, 2, 10, 27, 115, 116, 132 y 133 Const.)
AUTODEFENSAS/UNA EXPRESIÓN POPULAR
Así mismo, el surgimiento de las autodefensas es parte irrefutable de una expresión popular ante la inoperancia de las autoridades y del Gobierno. Las autodefensas, no suplen al gobierno ni a las autoridades, sino que llenan un vacío de poder, donde no hay gobierno, ni justicia, ni autoridad así lo determinan sendos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tanto las policías comunitarias como los grupos de autodefensa, son sistemas de seguridad y justicia que deben ser reconocidos y regulados legalmente por parte del gobierno federal, estatal y municipal. (Art. 1, 2, 10, 27, 31, 115, 116, 132 y 133 Const.)
Los grupos de autodefensa, de origen en el Estado de Michoacán, tienen presencia en más de 16 Estados de la República.
FEDERALISMO
Atendiendo a las condiciones geopolíticas actuales y a las características propias de la vida nacional, urge y es apremiante para el país revitalizar los diseños de seguridad nacional, pública y social, a fin de fortalecer el federalismo en sus competencias y responsabilidades, cuyo esquema funcional debe agilarse, reducir el centralismo y adelgazar su estructura administrativa, a ello debe acompañar una política para el desarrollo económico y social de la nación cuyo eje central gire en torno al desarrollo y sobrevivencia del Estado nacional.
Los cimientos del Estado federal, es el municipio libre, desde donde se debe construir el tejido social. (Art. 39, 40, 41,115 y 116 Const.)
CREACIÓN DE LA DEFENSA CIVIL
Para que el Estado pueda estar en condiciones de responder a una agresión del exterior o amenaza al orden interno o a la paz y tranquilidad social, por la acción del hombre o una contingencia, es inaplazable, organizar a la población civil, para la defensa de la nación, del honor de la patria y de las instituciones.
LA DEFENSA CIVIL es el conjunto de medidas permanentes destinadas a prevenir, reducir, atender y reparar los daños a personas y bienes, que pudieran causar o causen los desastres o calamidades naturales o provocadas.
Existen en el país organismos que por su naturaleza o funciones tienen participación restringida frente a los desastres o calamidades, actuando desarticuladamente, duplicando esfuerzos y diluyendo medios, debido principalmente a la falta de un sistema logístico (conjunto ordenado de técnicas y procedimientos) que dirija, coordine e integre las acciones de Defensa Civil.
Es necesario llevar a cabo una acción planificada conjunta que permita la utilización adecuada de los recursos estatales y privados, así como la participación organizada de la población de las zonas afectadas y del resto del país, para hacer frente a los desastres, cualquiera que sea su origen.
La Defensa Civil se planifica y ejecuta en época de paz y debe contar con una estructura básica capaz de adaptarse a las diversas soluciones que se requieren en forma concreta en cualquier caso.
Se entiende por Defensa Civil o Protección Civil, el cumplimiento de tareas humanitarias, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.
Estas tareas son las siguientes: Servicio de alarma; Evacuación; Habilitación y organización de refugios; Aplicación de medidas de seguridad; Salvamento; Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios y asistencia religiosa; Lucha contra incendios; Detección y señalamiento de zonas peligrosas; Descontaminación y medidas similares de protección; Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en zonas damnificadas; Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables; Captura y combate de animales peligrosos; Servicios funerarios de urgencia; Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia; Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo la planificación y la organización.[6] Entre otras tareas específicas que resulten, por ejemplo la reconstrucción, controles sobre fondos y donaciones; depósitos y almacenes de abastecimientos etc.
SEGURIDAD PÚBLICA
LA SEGURIDAD PÚBLICA se refiere a los programas, principios, estamentos, niveles formas y calidades, en que el Estado establece una gran diversidad de aspectos legales operativos y técnicos que redundan en la prevención, vigilancia control, auxilio, regulación protección, y respeto en favor de los gobernados, ya sea en contra de la violencia, contra el delito, contra la delincuencia organizada, contra acciones criminales, contra la impunidad, contra la corrupción.
La Seguridad Pública se concibe no sólo como una función que comprende las actividades ejecutivas de prevención, sino también las acciones sustantivas de investigación y persecución, para que los delincuentes sean enjuiciados, sancionados, readaptados e incorporados al ámbito social conforme a las leyes. La función debe entenderse en materia de la procuración y administración de justicia, de la criminología y de la política criminal, de las actividades ejecutivas de prevención en contra del crimen y de la investigación por la policía y el ministerio público, para mantener la tranquilidad pública.
La tranquilidad pública invoca una acción administrativa altamente compleja y delicada, que entraña tanto la perseverancia para conservar el Estado de derecho, como para crear condiciones sociales favorables a la prosperidad nacional. La tranquilidad pública ofrece una visión sintética del significado político de lo interior. La tranquilidad pública, es el arte de gobierno, no es un fin sino un medio para lograr la prosperidad de la República; sin la tranquilidad pública, las instituciones políticas no pueden consolidarse, ni florecer las artes, ni el comercio ni la industria. (Art. 21 y 102 Const.)
SISTEMA PENITENCIARIO
El Sistema Penitenciario es un componente de la Seguridad Pública, bajo los criterios de que el presidio es un espacio irreductible del Estado, que debe administrarse eficientemente. El sistema penitenciario es eslabón del proceso de seguridad pública, que empieza y termina con la prevención del delito.
Las funciones esenciales de la administración penitenciaria son: Proteger y servir a la comunidad mediante el confinamiento seguro de las personas acusadas y/o sentenciadas; Servir a través de la reinserción social de las personas recluidas, una vez que recuperan la libertad; Proteger al personal penitenciario; Contar con la fortaleza para identificar y alejar al personal de conductas que corrompen a la institución; Generar condiciones de vida digna para las personas internas.
Los poderes de la Unión y la clase política nacional, al sistema penitenciario lo tienen olvidado, no le dan importancia, el sistema penitenciario es un asunto de soberanía que debe rescatar el Estado si es que quiere restituir el tejido social a través de la aplicación del uso de la violencia legítima. (Art. 18 y 102 Const.)
ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL LAS MISIONES DEL EJERCITO
Todos los Ejércitos del mundo, tienen como encomienda constitucional, la defensa de la soberanía e integridad territorial. Estas misiones están elevadas a rango constitucional y prohíben su desempeñó dentro del orden interno, el cual se reserva a las autoridades administrativas. Tiene por objeto, impedir que las fuerzas armadas, el último bastión de la defensa nacional, se contaminen políticamente. El debate, la deliberación política, es civil, no militar.
ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL MANDO SUPREMO
La responsabilidad del Poder Ejecutivo sobre el manejo de las fuerzas armadas para la seguridad interior y seguridad exterior de la nación debe estar perfectamente tipificada en la Constitución, y no en una ley secundaria del orden militar.
DESAPARICION DEL ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL
El Estado Mayor Presidencial, es un emblema de un gobierno prepotente y autoritario, es una institución de la Presidencia de la República, para su existencia carece de soporte constitucional, constituye una cuarta fuerza militar, después del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, es un ejército dentro del Ejército, que está fuera de los controles del Congreso, de la administración pública y del orden institucional. El Jefe del EMP, en momentos coyunturales llega a tener más poder que cualquier secretario del gabinete; y para efecto de decisiones sobre los asuntos de seguridad nacional tiene más poder que el propio Secretario de la Defensa y de Marina.
Cuenta con cerca de 15 mil efectivos y tiene a su cargo cuarteles con material de guerra y armamento, varias instalaciones como los Pinos, Molino del Rey Palacio Nacional, entre otras, tiene una flota naval y aérea. Y tiene bajo su control a personal civil.
Desde esta instancia se han fraguado varios crímenes de estado, el asesinato del General Serrano en Huitzilac, la masacre de la familia de Rubén Jaramillo en Morelos, la masacre estudiantil de 1968, la Guerra Sucia de los 70, el halconazo del 10 de junio, el asesinato de Colosio, y las masacres que han teñido la historia de México.
El EMP denigra el uniforme y la función del militar mexicano, entre otras cosa, sirve de escoltas, choferes, abre puertas y gatos a todos los expresidentes, a sus viudas, amantes y familiares, incluso a personal que el presidente en turno quiere complacer.
El EMP es una Guardia Pretoriana, un emblema del sistema autoritario que ha gobernado históricamente a México.
SECRETARIO DE DEFENSA CIVIL
La secretaría de la Defensa Nacional debe ser presidida por un civil, por ser una cartera de la administración pública, que corresponde a la rama ejecutiva del poder federal antes de ser militar. La función secretarial, tiene por objeto mantener un equilibrio entre la fuerza civil y el poder militar, contener la imprudencia de los civiles y los abusos por parte de los militares. Además los currículos de educación militar, no le dan capacidad a un militar para entender el funcionamiento civil de la administración pública del Estado. Los militares deben estar abocados a la defensa militar del Estado, subordinados al poder civil, desde donde se concibe la política de defensa nacional.
ABROGAR LAS FACULTADES DEL SECRETARIO DE DEFENSA
En México la Constitución ordena y faculta a los poderes de la Unión, corresponde la administración de justicia, al Poder Judicial de la Federación. Este ordenamiento constitucional prohíbe que una institución diferente administre la justicia militar, como se la adjudica el Secretario de Defensa en un reglamento del fuero militar. Esta atribución inconstitucional trastoca la división de poderes contemplado en la Carta Magna, y el debido proceso.
RESTRUCTURAR EL SERVICIO MILITAR NACIONAL
La Constitución previene como un derecho de los ciudadanos tomar las armas de la nación en el Ejército o en la Guardia Nacional, para la defensa de la República, por tanto, todo ciudadano tiene derecho a que sea instruido en táctica militares y el manejo de las armas, para tener un conocimiento elemental sobre ello y estar en aptitud para desempeñarse correctamente cuando sea requerido defender a la República de una agresión extranjera, como ya las hemos tenido anteriormente. (Art. 10, 34, 73 constitucional)
CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL
La Guardia Nacional, es un sistema organizativo social y de defensa, que tiene por objeto impedir que en las comunidades donde radiquen, sean penetradas por el crimen, se violen los reglamentos que permitan la convivencia social. Tiene como encomienda constitucional la defensa de las instituciones, el honor de la República y el orden interno como una función exclusiva. Es básica para resguardar la seguridad pública, una función encomendada al municipio. La constitución ordena alistarse a la Guardia Nacional, como obligatorio para todo ciudadano. (Art. 10, 31, 34, 36 y 73 constitucional)
LA CREACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE INTELIGENCIA DE ESTADO
El conflicto entre seguridad y libertad, nos lleva a buscar una organización y legislación en materia de defensa, seguridad e inteligencia, para asegurar una congruencia con un sistema democrático y los derechos humanos; carente totalmente en México, por tanto, se debe crear un sistema de inteligencia como un conjunto de organizaciones estatales y como una actividad estatal, que produzca información para la toma de decisiones de gobierno y para la seguridad nacional.
La inteligencia se refiere entre otras cosas, a la información relevante a la formulación e implementación de políticas de gobierno para promover sus intereses de seguridad nacional y para enfrentar las amenazas a esos intereses de adversarios actuales o potenciales.
Si México, tuviera servicios de inteligencia de Estado, el Ejército no estuviera en las calles combatiendo al crimen organizado, ni tampoco se hubieran aprobado las reformas estructurales.
Los servicios de inteligencia, son los instrumentos de navegación, a través de los cuales el Estado va a sortear las amenazas y la seguridad de los ciudadanos, con el fin de que el Estado mexicano sobreviva en su orden interno y en la comunidad internacional.
Un Estado democrático como el que pretendemos los mexicanos, no debe espiar a sus ciudadanos, por tanto el sistema de espionaje representado por la Secretaría de Gobernación/Cisen, Ejército, Marina y Policía Federal debe desaparecer.
METODOLOGÍA PARA EL REGRESO DE LOS MILITARES A SUS CUARTELES
1.- Elevar a rango constitucional: La función ejecutiva de Mando Supremo de las fuerzas armadas; y las misiones del Ejército.
2.- Abrogar de las misiones que tiene el Ejército las de orden interno y seguridad interior.
3.- Abrogar el Estado Mayor Presidencial.
4.- Nombramiento de un Secretario de Defensa Civil.
5.- Abrogar la función del Secretario de la Defensa para administrar la justicia militar.
6.- Reestablecer el Servicio Militar Nacional Obligatorio.
7.- Definir el perfil del soldado mexicano.
8.- Reestructurar los currículos de Adoctrinamiento y Educación Militar.
9.- Abrogar el Fuero de Guerra en tiempo de paz.
10.- Crear una oficina de asuntos militares: el Ombudsman Militar.
11.- Ajustar en su justo medio los sistemas de inteligencia militar.
12.- Establecer controles legislativos para la asignación del gasto de defensa.
13.- Revisar las relaciones y los convenios de ayuda y asistencia militar, principalmente las que tienen que ver con el equipamiento, adoctrinamiento y capacitación militar.
14.- Actualizar el cuerpo de leyes militares.
15.- Reformar la Ley de Armas de Fuego.
[1] Violencia legítima, el Estado ostenta el monopolio de la violencia legítima porque, se supone en teoría, que así lo quieren los ciudadanos, en la medida en que este monopolio de la violencia garantiza la seguridad del individuo.
[2] Empoderamiento: se conoce el proceso por medio del cual se dota a un individuo, comunidad o grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, todo esto con el objetivo de que pueda mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual. De ahí que el empoderamiento se refiera, en las ciencias sociales, al proceso de conceder poder a un colectivo, comunidad o grupo social que se encuentra en situación precaria en términos económicos, políticos o sociales, por lo general marginado o excluido por diferentes motivos.
La finalidad última del empoderamiento social es que dicho colectivo sea capaz por sí mismo, trabajando y organizándose, de mejorar sus condiciones de vida.
[3] UNAM. “EJÉRCITO Y SOCIEDAD EN MÉXICO: REFORMA DE LAS FUERZAS ARMADAS”. Mención Honorífica, 2007.
[4] Id.
[5] Control Civil Objetivo, trata del fortalecimiento de la institución militar. Fomenta las actitudes profesionales del cuerpo militar. Convierte a los militares en una herramienta al servicio del Estado. Id.
[6] La protección civil o defensa civil nace el 12 de Agosto de 1949 en el Protocolo adicional al Tratado de Ginebra Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales. Decreto que instituye la Defensa Civil, DOF 31 de Agosto de 1942. Manuel Ávila Camacho.
–Con información de Linaloe R. Flores
