El Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio afirma que el panista José Rosas Aispuro Torres, Gobernador de Durango, y la priista Leticia Herrera Ale, Presidenta Municipal de Gómez Palacio, se han encargado de reprimir y criminalizar a los pobladores que, en su intento por defender el territorio, la salud y el medio ambiente del poblado, han emprendido manifestaciones pacíficas.
Además del Frente, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Acción Colectiva se han movilizado desde hace cerca de un año, ya que, acusan, el proceso para la aprobación del proyecto Chemours Laguna, de la estadounidense Chemours Company, ha estado «plagado de irregularidades».
Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).– Autoridades del estado de Durango favorecen a la empresa The Chemours Company que actualmente construye una planta química que producirá alrededor de 65 mil toneladas de cianuro de sodio anualmente, en una superficie de 11.7 hectáreas de la localidad Pueblo Nuevo (El Siete), en el Municipio de Gómez Palacio, informaron organizaciones de la sociedad civil.
En entrevista para SinEmbargo, Miguel Ángel Soto Rodríguez, integrante del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, aseguró que José Rosas Aispuro Torres, Gobernador de Durango, y Leticia Herrera Ale, presidenta municipal de Gómez Palacio, se han encargado de reprimir y criminalizar a los pobladores que, en su intento por defender el territorio, la salud y el medio ambiente del poblado, han emprendido manifestaciones pacíficas.
Además del Frente, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y Acción Colectiva, se han movilizado desde hace cerca de un año, ya que, acusan, el proceso para la aprobación del proyecto Chemours Laguna ha estado «plagado de irregularidades».
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo autorizó «indebidamente» el 8 de mayo del año pasado.
«El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y su producción en La Comarca Lagunera podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas», han reiterado los inconformes.
Cabe mencionar que The Chemours Company ya intentó construir la misma planta en San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, pero el proyecto fue detenido gracias a la oposición de los habitantes y organizaciones civiles.
Ahora, sin consultar a las comunidades y con el apoyo de las autoridades, la empresa con sede en Estados Unidos pretende imponerse en el poblado duranguense. En junio, The Chemours Company, el Gobernador y la Alcaldesa colocaron la primera piedra de la planta.
«Estamos acusando que los gobiernos municipal y estatal nunca nos dieron la cara, nunca nos explicaron la clase de empresa que estaban enviando a la comunidad de Pueblo Nuevo (El Siete). Cuando llegaron a poner la primera piedra, nosotros pensamos que era una armadora de carros, como se rumoraba, sin embargo, empezamos a investigar y nos dimos cuenta que es una empresa que va a producir cianuro de sodio. Vimos que era una de las empresas más tóxicas que puede haber y que ya ha sido echada de otros estados como Guanajuato», comentó Soto Rodríguez.
Además, hace algunos meses, la Sala Especializada en Materia Ambiental del Tribunal Federal de Justicia Administrativa les negó a los afectados la nulidad de la autorización del proyecto.
«Consideramos que una causa principal subyace a la indiferencia de las autoridades ante las reivindicaciones del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio: la relación entre capital y poder político», apuntaló el Frente a través de un comunicado.
El poblador que se ha convertido en activista señala que las manifestaciones pacíficas han tenido el objetivo de informar a la población sobre lo que ocurre y sobre los daños que la planta ocasionaría. También, dijo, han solicitado la presencia del Gobernador y de la presidenta municipal, pero hasta el momento ninguno ha dado explicación alguna.
«[La Alcaldesa y el Gobernador] dicen que somos unos ignorantes, que sólo estamos cuidando intereses políticos, pero de ninguna manera, nuestra lucha es en beneficio de la salud y el bienestar de nuestra comunidad», aclaró.
AUTORIDADES CRIMINALIZAN Y REPRIMEN
Soto Rodríguez recordó que el pasado 9 de marzo, en la comunidad de La Aurora, las fuerzas de seguridad de Gómez Palacio y de Durango «reprimieron violentamente» a más de mil pobladores que se manifestaban en contra del proyecto.
Los inconformes provenían de las comunidades de El Volado, Abisinia, América Uno, Numancia, San Roque, Cuatro de Diciembre, La Aurora, Las Lechuzas, Sierra Hermosa, Las Playas, Noé, Poanas, Dolores, La Plata, La Mina, Colonia 6 de Julio, Estación Noé, María Antonieta, Brittingham, Martha y Pueblo Nuevo (El Siete), convocados por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.
Rememoró que los manifestantes comenzaron a concentrarse en el ejido La Aurora cerca de las 5 de la mañana. Al poco tiempo llegaron policías municipales y alrededor de las 10 de la mañana arribó un grupo de granaderos que atacó a las personas que se encontraban al frente de la protesta.
«Empiezan a golpear a los hombres que estaban al frente, luego a mujeres y niños», narró.
Al poco tiempo, comentó, se presentaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno estatal para entablar una conversación con los afectados. Acodaron que los manifestantes saldrían de La Aurora, sin saber que los uniformados ya los esperaban.
«Allí fue donde nuevamente recibimos los ataques de los granaderos, los cuales ya nos estaban esperando por el lado norte del ejido La Aurora. La gente comenzó a correr a las casas, hasta donde los granaderos los alcanzaron. Sacaron a los hombres y mujeres que se refugiaban en los hogares. Los policías entraban a los negocios y a las casas, se empezaron a llevar a la gente que abrió las puertas de su casa para que los manifestantes se resguardaran», relató.
El saldo de la protesta reprimida derivó en 49 personas arrestadas, entre ellas, cinco menores de edad y 15 mujeres, además de una veintena de hospitalizados. Al momento, informó el activista, 10 personas aún se encuentran encarceladas.
Asimismo, el Frente denunció que existió tortura hacia los manifestantes arrestados, «en algunos casos fueron incomunicados o aislados, en otros, se usaron técnicas psicológicas para que se autoinculparan o para que traicionaran a sus compañeros de lucha y, en varios más, se les hicieron firmar hojas en blanco».
Ante el panorama expuesto, Soto Rodríguez, hizo un llamado a la Alcaldesa y al Gobernador a presentarse en la comunidad, a fin de que respondan por la represión y por lo que se ha hecho en la comunidad.
«A la señora Leticia Herrera, al señor Gobernador Rosas Aispuro les pediría que se presenten en nuestra comunidad. Nuestra exigencia es que nos den cuentas de lo que hicieron en nuestra comunidad, el porqué permitieron o quién mandó a reprimir a nuestro pueblo. Les exigimos que echen fuera esta empresa química que han instalado a nuestro pueblo y queremos la libertad de nuestros 10 compañeros», urgió.
Finalmente, advirtió que los pobladores continuarán en su lucha por «evitar a toda costa» que la empresa comience a operar.
«Vamos a seguirnos manifestando pacíficamente, como lo hemos venido haciendo desde hace casi un año. Exigimos que The Chemours Company se retire de nuestra comunidad. Así de plano. No queremos nada con ellos», subrayó.
