El informe de la organización Fundar plantea una serie de recomendaciones al Estado para «reconstruir la confianza» de las víctimas. Entre estas medidas, dejar de criminalizar a los estudiantes por su presencia en Iguala esa noche, reconocer públicamente la falta de sustento científico en la hipótesis oficial, dar garantías de seguridad a padres y familiares y, finalmente, esclarecer los hechos y el paradero de los jóvenes.
México, 14 mar (EFE).- La impunidad, la revictimización y el impacto traumático, junto a la pérdida de la función protectora del Estado mexicano, son algunos de los efectos negativos que han padecido los familiares y víctimas del caso Ayotzinapa, se reveló hoy en un informe.
«No tenemos una vida, nos vamos muriendo poco a poco al no saber de nuestros hijos. Todo lo hemos hecho por amor», contó Hilda Hernández, madre de unos de los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014.
Durante la presentación del informe «Yo solo quería que amaneciera. Impactos sociales del caso Ayotzinapa» , elaborado por la organización civil Fundar, se dimensionó el impacto de la tragedia.
El estudio aborda el efecto en los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que sobrevivieron a la tragedia de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, así como en familiares de los alumnos y otros colectivos de desaparecidos.
«El informe, más allá de etiquetar los síntomas, consecuencias e impactos de los hechos de Iguala, recupera la voz de los familiares y pone en el centro su experiencia», apuntó Ximena Antillón, coordinadora del proyecto.
A lo largo de año y medio de trabajo, un equipo de médicos, psicólogas y una antropóloga llevaron a cabo 64 entrevistas a distintos grupos de afectados.
Además de los familiares de los desaparecidos, que padecen un «duelo congelado», en el informe se explica que los estudiantes que sobrevivieron a esa fatídica noche -en la que también murieron seis personas, entre ellas tres estudiantes- enfrentan hoy la llamada «culpa del sobreviviente», así como el dolor por la ausencia de sus compañeros.
En declaraciones a Efe, Ulises Martínez Juárez, uno de los jóvenes sobrevivientes de esta trágica noche, reconoció que desde entonces «no es fácil salir a trabajar o a estudiar, sin saber de los compañeros», pues les embarga un sentimiento «muy doloroso».
Según la versión oficial, en la noche del 26 de septiembre policías corruptos de Iguala arrestaron a los jóvenes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula.
Padres y organismos internacionales denuncian irregularidades en las pesquisas y piden que se abran nuevas líneas de investigación que aborden la posible participación del Ejército y la Policía Federal. Además, consideran científicamente imposible la quema de 43 cuerpos en el vertedero.
«Al Gobierno no le importa seguir diciendo mentiras y dándonos dolores en lo más profundo de nuestro ser», denunció Hilda en este evento, el que también participaron las agrupaciones Serapaz, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Precisamente, en el informe se denuncia esta revictimización de los familiares, por ejemplo, al haberse dado a conocer la llamada «verdad histórica» defendida por el Gobierno sobre el basurero de Cocula, desmontada científicamente por expertos.
La reciente detención de Erick Uriel Sandoval, alias «la Rana», presuntamente involucrado en el caso y presente en el vertedero, abundaría en esta línea de investigación, lo cual ha sido muy criticado por padres y organismos civiles.
«El antes y después está marcado no solo por los hechos traumáticos, sino por la respuesta que el Estado da», lamentó el director del Centro Prodh, Mario Patrón.
Para Patrón, los padres de los 43 jóvenes se han convertido en la «piedra del zapato» del Gobierno, pues siguen exigiendo verdad y justicia y se niegan a aceptar cualquier tipo de compensaciones.
El informe plantea una serie de recomendaciones al Estado para «reconstruir la confianza» de las víctimas.
Entre estas medidas, dejar de criminalizar a los estudiantes por su presencia en Iguala esa noche, reconocer públicamente la falta de sustento científico en la hipótesis oficial, dar garantías de seguridad a padres y familiares y, finalmente, esclarecer los hechos y el paradero de los jóvenes.
El acto de hoy, en el que hubo varias actuaciones musicales y artísticas, fue dedicado a Minerva Bello, madre de uno de los alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, fallecida a inicios de febrero sin conocer el fin de su hijo.
