La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, compuesta por cerca de 100 organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas, civiles, de derechos humanos y académicas han denunciado una y otra vez las deficiencias de la iniciativa promovida por la Senadora Ninfa Salinas, quien, acusan, busca intereses personales al aprobarla.
Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- La Ley General de Biodiversidad (LGB) «abre la puerta» a la violación de derechos humanos e indígenas, además de vulnerar ecosistemas y especies ya amenazadas, sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pretende aprobarla en fast track, denuncia una centena de organizaciones de la sociedad civil.
La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, compuesta por cerca de cien organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas, civiles, de derechos humanos y académicas han denunciado una y otra vez las deficiencias de la iniciativa promovida por la Senadora Ninfa Salinas, quien, acusan, busca intereses personales al aprobarla.
El pasado jueves 22 de febrero, el Diputado presidente de la Comarnat, Arturo Álvarez Angli del PVEM, convocó a reunión para aprobar el “dictamen sin cambios”, dio a conocer la Coalición. La votación se llevaría a cabo el lunes a las 11 de la mañana, pero, Eduardo Arturo Quijano Laviada, secretario técnico informó a SinEmbargo que la reunión fue cancelada, sin que se conozca aún la nueva fecha.
Los inconformes denuncian que la minuta pretender aprobarse sin la realización de un proceso adecuado de análisis y consulta de los pueblos indígenas y campesinos, e incluso pasando por alto el mandato de la Mesa Directiva de la Cámara que solicitó que las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Cambio Climático emitieran su opinión al respecto.
En entrevista para este medio informativo, Amelia Arreguín, integrante del comité nacional de Global Youth Biodiversity Network, afirmó que la LGB pone en riesgo el presente y el futuro, ya que violaría el derecho humano a un medio ambiente sano, primordialmente.
«Esta Ley solamente favorece el ámbito económico, pero el futuro no sólo depende de lo económico, sino también de contar con un medio ambiente sano en el que podamos desarrollarnos como personas. Esto quiere decir que debemos tener aire limpio, servicios ecosistémicos adecuados y soberanía alimentaria».
En el mismo sentido, Gustavo Sánchez Valle, presidente del consejo directivo de la Red Mocaf, criticó que el documento de la LGB además de no prever mecanismos de consulta, es regresiva en materia ambiental. También afirmó que el PVEM actúa contrario a los principios de cuidado del medio ambiente que debiera acatar: «Los legisladores del Partido Verde se están convirtiendo en un dolor de cabeza para la sociedad civil porque cada iniciativa que sacan, los ciudadanos tienen que estarse movilizando por la cantidad de contenidos regresivos que regularmente llevan sus propuestas».
«Hay omisión para que exista un mecanismo de consulta para pueblos indígenas y comunidades locales y para que haya salvaguardas sociales y ambientales ante proyectos que podrían representar un riesgo, como son la exploración minera y de hidrocarburos», dijo.
«Que no nos vengan con una Ley que en pleno siglo XXI traiga procedimientos de hace 80 años. El Partido Verde insiste en llevar a cabo prácticas parlamentarias del siglo XIX cuando los legisladores no tenían que rendir cuentas a nadie», agregó.
La Coalición compartió una serie de deficiencias que la minuta presenta:
–Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
–Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena.
–Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento.
–Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética.
–Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones.
–Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
–Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades.
–Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional.
–Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030.
QUE LA DISCUSIÓN SE ABRA A INDÍGENAS
Ante el panorama expuesto, la Coalición Ciudadana exigió a la Cámara de Diputados abrir «la revisión de esta minuta a la participación de la sociedad; en particular a los pueblos indígenas quienes serán impactados directamente por la aprobación de esta Ley».
«Las y los legisladores tienen el mandato de representar a la sociedad, no solo a los intereses económicos de grupos empresariales. Pero, en el Senado y en la Cámara de Diputados parece que la norma es lo contrario. Basta recordar que esta iniciativa de ley fue propuesta, y sigue siendo promovida, por la Senadora Ninfa Salinas, parte de Grupo Salinas», añadieron.
En ese sentido, Arreguín declaró que «la promovente tiene intereses en la industria minera y se inclina la balanza a favorecer a la industria, más allá de los servicios que el ecosistema pueda brindar».
«Aquí hay un conflicto de interés entre la principal legisladora promovente de la Ley de Biodiversidad, la Senadora Ninfa Salinas, por su relación con la industria minera. Creemos que es inadmisible que el Congreso vaya a darle fast track a una Ley que abre la puerta a la minería y a la explotación de hidrocarburos en áreas naturales protegidas», destacó Sánchez.
«Hacemos un llamado a la Comarnat y a todos los legisladores que la integran, en el sentido de que no violenten los derechos de pueblos indígenas y de comunidades locales y que convoquen a una consulta con consentimiento libre, previo e informado. Si no tienen idea de cómo se hace una consulta, puede haber reuniones con las organizaciones de la sociedad civil», agregó.
Arreguín exigió a la Comarnat abrir el diálogo a fin de que las organizaciones presenten propuestas para realizar cambios en la minuta y así salvaguardar la salud del medio ambiente.
«Queremos que escuchen. Parece que los Diputados no dan una. Están esperando a que la ciudadanía se distraiga, a que estemos más metidos en los temas electorales para aprobarla. Pedimos que abran la puerta al diálogo. No hay prisa. Parece que se están empecinandos en aprobarla a pesar de que les hemos señalado que es violatoria de derechos humanos».
Finalmente extendieron una invitación a los mexicanos a sumarse a la petición que busca detener la LGB Si usted está interesado en firmar, puede dar clic en esta liga <span style=»color: «NO a una Ley General de Biodiversidad vendida a intereses de las mineras».
