Habitantes de comunidades de Oaxaca, Puebla y Chiapas –apoyada de organizaciones sociales– han decidido buscar que desde el extranjero se haga justicia contra las empresas que afectan sus comunidades.
Las empresas que están en la mira son la francesa de energía eólica propiedad de la trasnacional Electricité De France, y las mineras canadienses Almaden Minerals y Blackfire Exploration.
«Nunca preguntan si las poblaciones quieren concesiones y menos si quieren los megaproyectos que benefician poco y por poco tiempo a las poblaciones. Quienes realmente se benefician de estos proyectos ni siquiera habitan en la comunidad. Los costos son mayores para las comunidades. Lo que vemos con las reformas estructurales es que les están abriendo las puertas y eso implica violar los derechos de las comunidades», criticó Alejandro Marreros Lobato, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, que lucha contra una mina canadiense en Ixtacamaxtitlán, Puebla.
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Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno de México da la espalda a las comunidades originarias, mientras beneficia intereses económicos de grandes empresas extranjeras que llegan al territorio nacional a devastar pueblos enteros y a provocar daños medioambientales, sociales, de salud y culturales. Ante este panorama de derechos humanos violentados y oídos sordos de las autoridades, afectados y organizaciones de la sociedad civil han salido a buscar justicia en el extranjero.
Recientemente, al menos tres casos de violaciones a los derechos humanos de comunidades mexicanas, dos de ellas indígenas, por parte de industrias extractivas extranjeras han llegado al exterior en busca de justicia.
Apenas el pasado 8 de febrero, la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en Oaxaca, con el apoyo del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), llevó una queja ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) en Francia, una instancia que funge como intermediaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El objetivo de la queja, de acuerdo con ProDESC, es alertar que las actividades de la empresa trasnacional Electricité De France (EDF Group) podrían estar violando los derechos humanos de la comunidad oaxaqueña.
Tres días antes, tras el asesinato del ambientalista Mariano Abarca, perpetrado hace ya 8 años, la familia del defensor y organizaciones de México y Canadá entregaron una denuncia administrativa al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC o PSIC, por sus siglas en inglés), a fin de exigirle una investigación sobre las acciones y las omisiones de la embajada canadiense en México.
Abarca, sostienen su familia y las organizaciones de la sociedad civil, fue ultimado a manos de empleados de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, contra la que dirigió su lucha.
Hace un par de meses, en diciembre, un grupo de pobladores de la comunidad de Ixtacamaxtitlán, acompañados de activistas, visitó Canadá para instar al Gobierno del país norteamericano y a los inversionistas a prevenir más violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados con un proyecto que se desarrolla en la región ubicada en Puebla, instaurado por la compañía Almaden Minerals.
En entrevista para SinEmbargo, representantes de las organizaciones civiles que acompañaron a los pueblos en la búsqueda de justicia en el extranjero, coincidieron en que en el país actualmente gobernado por el priista Enrique Peña Nieto abre las puertas a proyectos extractivos sin importar que los derechos de los mexicanos sean violentados.
EÓLICA CONTRA ZAPOTECOS EN OAXACA
A inicios del año pasado, la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo reunió evidencia sobre la instalación del parque eólico “Gunaá Sicarú”, de Eólica de Oaxaca, filial de la empresa trasnacional Electricité De France (EDF Group), dentro de su territorio.
Juan Antonio López, coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, explicó que en febrero de 2017 la Secretaría de Energía (Sener), a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), otorgó la concesión a través de Eólica de Oaxaca y actualmente las comunidades luchan para evitar que el proyecto se ejecute, en tanto existan condiciones propicias para informarlas y consultarlas.
López señala que no ha existido consulta en las comunidades donde habitan alrededor de 13 mil personas y la empresa no ha involucrado a la población en la planeación del parque, por lo que se han observado violaciones a los derechos humanos, entre ellos, precisamente a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado.
El abogado manifestó que la consulta debe hacerse hasta que existan las condiciones adecuadas, ya que el sismo que azotó a Oaxaca en septiembre 7, destruyó gran parte de las casas de Unión Hidalgo, por lo que ante la indiferencia del Gobierno en la recosntrucción, la empresa ha aprovechado la situación para ofrecer supuesto apoyo a las comunidades y así persuadirlos a fin de que permitan la instauración del parque eólico, donde ya se impuso uno.
«No hay condiciones ideales para iniciar el proceso de consulta, ya que están en una etapa de necesidad por la reconstrucción de su comunidad y las empresas están utilizando esto para generar simpatía por parte de los indígenas: les ofrecen sacar escombros de sus casas destruidas. Reparten bolsas con alimentos preparados. No hay condiciones para tomar una decisión imparcial», apuntaló.
Ante ello, hace algunos días, los afectados llevaron una queja en la que piden a la OCDE aplicar sus funciones para implementar algún mecanismo de diálogo entre la empresa y la comunidad.
«Es importante ver la situación al interior de la comunidad y pedirle a la empresa que cumpla con su obligación de la debida diligencia donde no se violenten los derechos humanos», urgió.
Sin embargo, no habría sanción alguna para el Gobierno de México, únicamente se le instaría a cumplir con la garantía y el respeto de los derechos humanos de la comunidad indígena.
La razón por la que decidieron llevar el caso a Francia, indicó, es que México no cuenta con argumentos suficientes como en otros países, donde la defensa de derechos humanos es más fuerte.
«Es visto por todos que el Estado mexicano ha tenido un sinfín de recomendaciones por violaciones a derechos humanos sin que haya habido cambios realmente fuertes en su actuar. En México no hay la fuerza que tienen en otros países para la protección y garantía de los derechos humanos. En México, existe un patrón de violaciones a los derechos humanos sobretodo cuando hablamos de derechos de los pueblos indígenas […] En México tenemos este problema, lo cual nos hace acudir a otras instancias, aunque la razón principal es que se trata de una paraestatal francesa», expuso.
Cabe mencionar que en la República Mexicana se les negó la suspensión del permiso, por lo que el año pasado presentaron un amparo en contra del mismo. Actualmente el Juzgado Sexto de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, se encuentra estudiando el caso.
«El papel de las autoridades mexicanas debería ser garantizar y proteger los derechos humanos de la comunidad. Antes de conceder cualquier permiso, concesión o autorización debería consultar a los pueblos que se verán afectados por los megaproyectos. Deberían cancelar cualquier permiso o autorización hasta que se lleve a cabo una consulta libre e informada en las condiciones óptimas», comentó.
MINERA CANADIENSE BARRE CON AGUA NÁHUAS
Con el apoyo de PODER, representantes de la comunidad Ixtacamaxtitlán acudieron a Ottawa, Vancouver y Kamloops para reunirse con funcionarios del Gobierno, pueblos indígenas e inversionistas mineros a fin de exponer su caso y pedir apoyo para parar el proyecto minero de Almaden Minerals que actualmente se encuentra en la fase de exploración.
También buscaron promover una mayor rendición de cuentas para las mineras canadienses que operan fuera de su país de origen, ya que a su paso dejan problemas de abasto y contaminación de agua, devastación del medio ambientes y problemas en la salud de los habitantes de la región.
Alejandro Marreros Lobato, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, recordó que las concesiones le fueron otorgadas a la compañía canadiense desde 2001 y en este momento está en «proceso de exploración avanzado». Alertó también que últimamente la propia empresa ha asegurado que «es un proyecto viable», con lo que temen que los trabajos arranquen próximamente.
En el territorio mexicano, los afectados han presentado recursos legales y quejas ante la Secretaría de Economía (SE), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua), de Derechos Humanos (CNDH) y ante la Embajada de Canadá en México, pero, acusó, no hay respuestas.
«Hay un cierto desamparo por parte de las autoridades mexicanas con respecto a la garantía de derechos humanos de la población. Hay debilidades en el marco jurídico. Hay una lógica de no asumir la responsabilidad y de echarse la bolita entre instancias», expresó.
Asimismo, criticó que las autoridades mexicanas «dan más la cara por la minera que por los derechos humanos. Vemos debilidad institucional para poder realmente garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas campesinas».
Como en muchos otros casos, los residentes de Ixtacamaxtitlán no fueron consultados sobre si querían o no una mina en su territorio.
«Nunca preguntan si las poblaciones quieren concesiones y menos si quieren los megaproyectos que benefician poco y por poco tiempo a las poblaciones. Quienes realmente se benefician de estos proyectos ni siquiera habitan en la comunidad. Los costos son mayores para las comunidades. Lo que vemos con las reformas estructurales es que les están abriendo las puertas y eso implica violar los derechos de las comunidades», criticó.
Finalmente, agregó: «Es indignante ver como el Gobierno en lugar de preocuparse por los derechos humanos de las personas, realmente favorece la entrada de empresas a las poblaciones, donde los derechos humanos se violan. Por todos lados de este país, especialmente en las comunidades indígenas y campesinas, están siendo violentados los derechos porque el Gobierno está favoreciendo la entrada de las empresas extractivistas. Eso no ocurriría si no hubiera complicidad del Gobierno y los funcionarios».
IMPUNIDAD TRAS ASESINATO DE ACTIVISTA
Don Mariano Abarca Roblero se oponía a la empresa minera Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Desde entonces, su hijo José Luis Abarca Montejo ha emprendido una búsqueda incansable para encontrar justicia que lo ha llevado hasta Canadá, luego de que en México los empleados de la minera detenidos por el homicidio fueran liberados.
Hace algunos días, José Luis detalló que -de la mano de organizaciones mexicanas y canadienses- entregaron una denuncia administrativa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá para exigir que se lleve a cabo una investigación sobre “las acciones y omisiones” de la Embajada canadiense en México en el crimen.
Libertad Díaz, integrante de Otros Mundos, organización que acompañó a la familia al país norteamericano, afirmó que en territorio nacional se continúa en espera de que la Fiscalía de Chiapas «responsabilice a los autores intelectuales del asesinato y juzgue los actos de corrupción de funcionarios que colaboraban con la empresa para sus operaciones».
El objetivo de acudir a Canadá, explicó, fue presentar un recurso a fin de obtener justicia para la familia, pero también «para cuestionar un modelo de actuación que sigue imponiéndose en Mexico y otras partes de America Latina. La embajada y los estados colaboran de manera sistemática para los objetivos de las empresas, esto debe transformarse en función de los derechos de las personas y no de los intereses de las empresas».
Díaz consideró que en la República Mexicana se favorece el interés privado de empresas extranjeras por encima del bienestar y el derecho de poblaciones mexicanas.
«Hay políticas internacionales y tratados que se firman que disponen de condiciones para que las empresas se desarrollen al menor costo, sin conflictos, por lo que el estado incurre en violaciones a derechos, criminalización, despojo, desplazamiento», concluyó.
