Más de 60 organizaciones civiles presentaron una queja ante la CIDH para que revise el salario mínimo en México, el cual está 11 pesos por debajo del costo de la canasta básica.
A la par de esta acción ante la CIDH, también se presentó un Informe Alternativo ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU para que emita una recomendación al Estado mexicano, sobre todo a la Conasami, respecto a garantizar que el salario mínimo sea suficiente para la vida digna de los trabajadores y sus familias.
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Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- Luego del rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, conformada por 69 organizaciones civiles, presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que revise el salario mínimo que reciben 7 millones de trabajadores (formales e informales), el cual viola la Constitución mexicana así como tratados internacionales al estar 11 pesos por debajo del costo de la canasta básica.
«Agotadas las instancias de la justicia nacionales, se reclama ante la CIDH una violación de derechos humanos que afecta a millones de personas al fijar el monto de los salarios mínimos (88 pesos diarios) por debajo de la línea de pobreza, una cantidad evidente y notoriamente insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de una persona trabajadora y su familia en el orden material, social y cultural», aseveró Acción Ciudadana.
El artículo 123 constitucional expone que el salario mínimo, fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), debe ser «suficiente» para satisfacer «las necesidades normales» de un jefe de familia.
Ante ello, en febrero de 2016 Luz presentó una demanda de amparo ante jueces contra la Conasami.
Luz vive en Ecatepec, Estado de México, el municipio más pobre del país. En 2016 trabajaba en el sector restaurantero y ganaba el salario mínimo de entonces (alrededor de 70 pesos diarios) para mantener a su familia. Tardaba dos horas en trasladarse a ese empleo y tan solo en el transporte gastaba la mitad de ese ingreso, por lo que tenía que buscar otros trabajos, detalló Alberto Serdán, coordinador de Acción Ciudadana.
No obstante, en mayo de 2016 el Juez sentenció que Luz no se ajustó a los tiempos del procedimiento judicial.
Luego presentó el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que en mayo de 2017 desechó el caso, pero reconoció que el salario mínimo es un derecho social por lo que recomendó que «el monto que fije la Conasami efectivamente cumpla su contenido constitucional».
Para ello, determinó la SCJN, la Conasami debe tomar en cuenta el ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria determinado por el Coneval; los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares del Inegi.
«A pesar de que la SCJN estableció esos criterios, la Conasami fue omisa y fijó (en 2017) el salario mínimo por debajo de la línea de pobreza», aseguró en conferencia de prensa Alberto Serdán. «Le negó a Luz la justicia reclamada».
Serdán señaló a la Conasami, Juez sexto de Distrito de Trabajo y a la SCJN como los responsables de violar los derechos humanos de los millones de mexicanos que obtienen el salario mínimo o menos, entre ellos, educación, salud y vivienda.
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Roberto Velez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY, una de las organizaciones demandantes, enfatizó que el salario mínimo por debajo de la línea de bienestar afecta a la productividad y crecimiento económico. Eso provoca, dijo, que la pobreza en México sea persistente y se transmita entre generaciones.
Rogelio Gómez Hermosillo, ex coordinador de Acción Ciudadana, anunció que a la par de esta acción ante la CIDH, también se presentó un Informe Alternativo ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU para que emita una recomendación al Estado mexicano, sobre todo a la Conasami, respecto a garantizar que el salario mínimo sea suficiente para la vida digna de los trabajadores y sus familias.
«Que en México no se siga violando la Constitución», exigió Hermosillo.
