Don Mariano Abarca Roblero se oponía a la empresa minera Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009. Desde entonces, su hijo José Luis Abarca Montejo ha emprendido una búsqueda incansable para encontrar justicia que lo ha llevado hasta Canadá, luego de que en México los empleados de la minera detenidos por el homicidio fueron liberados.
Él y su familia presentaron una denuncia en el país norteamericano para que investigue y responsabilice a la Embajada canadiense por el crimen: «Sabía sobre el conflicto que existía en Chicomuselo y no actuó. [Si] La empresa no se hubiera sentido protegida, no hubiera mandado a matar a mi padre».
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Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La República Mexicana es tumba de defensores de derechos humanos. En el país, se castiga con la muerte a quienes levantan la voz para que se respeten sus territorios, usos y costumbres, salud y medio ambiente.
Así sintetizó José Luis Abarca Montejo, hijo del líder comunitario asesinado Mariano Abarca Roblero, su visión sobre el país en el que vive. Ese territorio, en el que ha buscado justicia por más de 8 años y que se la ha negado.
Mariano Abarca emprendió una campaña contra la contaminación del agua de los ríos y los daños al suelo que originaba la mina de barita. «Él buscaba el desarrollo de Chicomuselo de otra forma: cuidando lo que se tiene. Eso para muchos empresarios y para el propio Gobierno era una piedra en el camino», recordó José Luis en entrevista para SinEmbargo.
Junto a su familia, el hijo Don Mariano busca el respaldo de las leyes de Canadá, lugar de origen de la minera Blackfire Exploration que, acusa, ordenó a sus empleados asesinar a su padre.
El también ambientalista detalló que -de la mano de organizaciones mexicanas y canadienses- entregaron una denuncia administrativa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá. En el documento exigen que se lleve a cabo una investigación sobre «las acciones y omisiones» de la Embajada canadiense en México en el crimen.
José Luis explicó que una solicitud de información -realizada por la organización civil MiningWatch, que acompaña el caso- demuestra que existía comunicación entre la Embajada y la empresa donde «el nombre de mi padre aparecía como una persona que se oponía a la minera».
«[Ahora] Buscamos que se investigue y se responsabilice a la Embajada canadiense porque sabía sobre el conflicto que existía en Chicomuselo y no actuó. [Si] La empresa no se hubiera sentido protegida, no hubiera mandado a matar a mi padre», aseguró.
Abarca Montejo recordó que por el crimen contra su padre hubo cinco empleados de Blackfire Exploration detenidos. Hoy todos se encuentran libres y sin cargos, pese a que en su momento, la Fiscalía General del Estado de Chiapas encontró elementos que involucraban a los trabajadores de la minería.
«Finalmente, los empleados quedaron en libertad, entonces, pregunto si ellos no son, ¿quiénes sí son los asesinos de mi padre? Nosotros exigimos que busquen y den con los culpables materiales y que no olviden que para nosotros, el autor intelectual es la empresa minera», llamó.
PERSECUCIÓN POR BUSCAR JUSTICIA
Abarca rememoró que don Mariano, quien además de defender los derechos humanos de su comunidad, realizaba trabajos de albañilería, sembraba maíz en un pequeño terreno y vendía comida, fue perseguido, criminalizado y amenazado hasta que finalmente fue asesinado.
«Mi papá ya había recibido amenazas de muerte. Era intimidado por empleados de la minera. En 2008, mi papá y yo fuimos golpeados por los trabajadores de Blackfire. Mi papá pidió apoyo y protección en la Embajada de Canadá para él y la gente que llevaba una lucha pacífica en contra de la minera», detalló.
Un año después, don Mariano realizó un plantón junto a organizaciones no gubernamentales frente a la Embajada canadiense. Los inconformes fueron recibidos por los funcionarios norteamericanos y ahí, apuntó José Luis, denunciaron que dentro de la empresa minera existía un grupo de choque que confrontaba a las comunidades en pie de lucha.
Sin embargo, Don Mariano fue acusado -a mediados de 2009- de delincuencia organizada y ataques en contra de las vías de comunicación, entre otros supuestos delitos, por los que «estuvo 9 días preso por las falsas acusaciones de Blackfire. Aunque logró salir gracias al apoyo de organizaciones de la sociedad civil».
Luego, llegó el 27 de noviembre: justo afuera del negocio familiar de comida, el señor Mariano fue privado de la vida.
La tragedia y el hostigamiento no pararon con la muerte del ambientalista. José Luis, acusó, que fue perseguido por las autoridades, por el Ejército y por la Procuraduría General de la República (PGR), que le «fabricaron» cargos.
No obstante, gracias de nuevo al apoyo de las grupos civiles, pudo sortear «a este Gobierno que nos intimida y nos amenaza con sus autoridades a quienes lo único que hacemos es exigirles justicia, hacer valer los derechos humanos y defender el medio ambiente».
Ahora, la familia busca justicia afuera de su país. A mediados del año pasado solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y esta semana ya la exigió ante las autoridades canadienses.
Y aunque la muerte y el Estado está en su contra, la exigencia de justicia y la defensa por el territorio, advirtió José Luis, continuará: «Sabemos del riesgo que corremos en esta lucha, no sólo yo, sino otros defensores de derechos humanos, pero seguiremos exigiendo justicia para que se respeten los derechos de los mexicanos».
