El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar el río San Pedro Mezquital, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Occidental y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales.
Los pueblos originarios opositores y organizaciones civiles acusan que las dependencias federales no consultó a los afectados conforme a lo establecido en la Constitución Mexicana y en las convenciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas que México ha firmado.
ADEMÁS
Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).– Indígenas y organizaciones de la sociedad civil exigen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cancelar definitivamente los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo otorgados al proyecto hidroeléctrico Las Cruces, que se pretende erigir en Nayarit.
El megaproyecto es impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tiene las autorizaciones de la propia Semarnat y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Desde hace varios meses, representantes de los pueblos afectados acusan que las dependencias no tomaron en cuenta “el uso, aprovechamiento y disfrute de los recursos naturales” en las comunidades originarias ni se les consultó conforme a lo establecido en la Constitución Mexicana y en las convenciones internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas que México ha firmado.
En entrevista para SinEmbargo, Camilo Thompson, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), expuso que desde inicios del año pasado se promueve un procedimiento de amparo, con el objetivo de proteger los derechos humanos, al territorio, a un medio ambiente sano y a la salud de las comunidades.
«Es necesario un proceso de consentimiento libre, previo e informado y de consulta. Hay procesos que debieron evaluarse con el consentimiento de los afectados. Se deben determinar los impactos directos e indirectos del proyecto […]. No podemos poner al frente un interés económico sin evaluar los impactos reales a futuro en las comunidades», destacó el defensor legal.
En septiembre de 2014, recordaron también 11 organizaciones civiles, la Semarnat otorgó la resolución sin consultar a las comunidades indígenas.
Además, plantearon, la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales –otorgada por la Conagua a la CFE, en noviembre del mismo año– fue emitida «sin considerar el uso y aprovechamiento que los pueblos indígenas realizan en dicho territorio, con subestimación de los impactos y riesgos regionales a nivel cuenca y para el ecosistema de humedales costeros, su biodiversidad, provisión de alimentos, viabilidad económica».
«El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar el río San Pedro Mezquital, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Occidental y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Desde el 2008, la CFE tiene en curso este proyecto, que consiste en modificar directamente el uso de suelo de más de 5 mil hectáreas de bosques y zonas de ribera, alterar el ciclo del agua, transporte de sedimentos y ciclo del carbón», detallaron organizaciones ambientalistas.
TERRITORIOS INDÍGENAS EN RIESGO
El río San Pedro Mezquital –con longitud de 255 kilómetros y que drena una región de 26 mil 480 kilómetros cuadrados– es el séptimo más caudaloso de México y es, además, el principal proveedor de agua dulce y de nutrientes para Marismas Nacionales, el humedal costero más importante del Pacífico mexicano.
Adicionalmente, alberga culturas milenarias en su cuenca como son los pueblos Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, para quienes el río provee sustento y formas de vida, además de ser fundamento de su espiritualidad y eje de sus tradiciones e identidad cultural.
«La importancia de la cuenca del río San Pedro Mezquital es regional y global porque lleva nutrientes al Golfo de California [que es a su vez Patrimonio de la UNESCO], siendo esencial para el ciclo de vida de muchas especies y para la conexión con el gran ecosistema marino», destacaron las organizaciones civiles.
La represa del mismo cuerpo de agua, alertaron, provocará también impactos sociales, pues los territorios, lugares sagrados, centros ceremoniales y senderos milenarios de las comunidades indígenas quedarían inundados. A ellos se suma que provee alimentos para las pesquerías locales.
El embalse, sostuvieron, inundaría el poblado de San Blasito y afectaría además al pueblo de Saycota, así como a 14 sitios sagrados y un centro ceremonial, fuentes de cultura y vida espiritual de los pueblos indígenas de la zona.
También restringiría el agua y nutrientes que el río lleva a Marismas Nacionales, uno de los bosques de manglar más grandes de México.
En junio del año pasado, durante una conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Santos de la Cruz Carrillo, representante de la comunidad wixárrica, sostuvo que más de 4 mil 500 hectáreas del territorio de las comunidades se verían afectadas, a pesar de que allí llevan a cabo sus tradiciones culturales y espirituales.
Las Cruces, destacaron, viola los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que allí habitan, ya que no se vela por el interés público de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad que además son necesarios para la adaptación y mitigación al cambio climático.
«El proyecto Las Cruces alteraría irreversiblemente el equilibrio de las dinámicas ambientales, culturales y socioeconómicas que sustentan la Cuenca del río San Pedro Mezquital y Marismas Nacionales, en donde se calcula que habitan más de 300 mil personas. En términos sociales, el proyecto es violatorio de los derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos indígenas», se lee en un comunicado.
ADEMÁS
DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE
Las Cruces representa un riesgo ambiental para la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, declarada Sitio Ramsar de importancia internacional, afirmaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), Causa Natura, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital, el Consejo Náyeri, el Consejo Regional Wixárika, Fundar, Grupo Ecológico Manglar, Nuiwari, Serapaz y SuMar.
Las Cruces, sostienen, es «una amenaza» para la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit (RBMNN), que cuenta con un perímetro de 133 mil hectáreas al noroeste del estado en los municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Rosamorada, Tecuala y Acaponeta. En la RBMNN se protege uno de los sistemas de humedales de mayor importancia en el país: las marismas y manglares. Allí, se encuentra el 20 por ciento de los manglares que hay en todo México, según información de las Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
«La construcción de una represa podría generar impactos al ambiente. El embalse de una represa genera mucho gas metano, gases de efecto invernadero que afectan la delgada capa de ozono», advirtió Thompson.
Los humedales son zonas de transición entre sistemas acuáticos y terrestres que están temporal o permanentemente inundadas. Entre los beneficios que poseen, destacan que:
-Proveen de agua para el consumo humano.
-Son refugio de aves migratorias.
-Son defensa ante el cambio climático.
-Dotan de alta productividad pesquera.
-Son protección contra huracanes y tormentas.
-Atraen turismo.
En el caso de los Marismas Nacionales, son hogar de más de 20 mil aves acuáticas, de especies de mamíferos amenazados y hasta en peligro crítico, entre ellos, la nutria de río, el jabalí, el puma, el ocelote y el jaguar, este último mamífero emblemático y bajo protección.
Ante el panorama expuesto, «el Estado mexicano debe ser congruente con el interés público, proteger a la región y evitar emisiones de gases de efecto invernadero como las que el proyecto Las Cruces generaría», exigieron las organizaciones.
El representante legal de Aida urgió a que las autoridades realicen una revisión de todo el procedimiento del proyecto y se evalúen los daños que podría provocar.
«Para nosotros, la presa no debería permitirse si ocasiona daños al patrimonio cultural y natural. Es un cúmulo de impactos y efectos adversos que trae un proyecto de esta envergadura», expuso.
Anteriormente, las comunidades afectadas han denunciado que las autoridades federales y estatales actúan a favor de los intereses económicos y dejan en la indefensión a las pueblos indígenas.
