“En suma, el gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el gobierno federal actúa contra el pueblo de Chihuahua. No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos para seguir saneando las finanzas del Estado y poder satisfacer las necesidades de la gente” afirmó enfático el Gobernador Javier Corral, ante los medios de comunicación de la Ciudad de México.

En este vértice problemático se encuentra el dilema de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Hay fuerzas que están por su erradicación como también las hay por su conservación como lubricante de todo el engranaje. La transferencia de recursos públicos hacia el PRI desde los gobiernos es una historia vieja de financiamiento ilegal sin consecuencias. Es un insumo que ha permitido ganar elecciones y que los directivos de los organismos electorales “no han visto” aun cuando va contra un principio básico de una democracia electoral: El de la equidad en la competencia.

Ante este autismo crónico el tema de la corrupción política ha quedado en manos del periodismo de investigación y algunos actores institucionales, como es el caso de Corral, quien desde su campaña política por la gubernatura anunció que la lucha contra la corrupción sería el eje central de su gobierno. No podría ser menos, la administración de César Duarte, dejo literalmente en bancarrota las finanzas del estado de Chihuahua, además de una multimillonaria deuda pública.

Ante esta situación de saqueo, la austeridad, la recaudación y la gestión de recursos ante el gobierno federal ha sido una constante que le ha permitido enfrentar los problemas financieros del día a día.

Sin embargo, por sus años en la política, Corral sabe perfectamente que una forma muy socorrida del centralismo burocrático ha sido traer cortos a los gobiernos de los estados con el fin de que acudan a las instancias de la Ciudad de México para “leerles la cartilla” y cualquier crítica destemplada amortiguarla con el recorte de recursos federales lo que va contra la dignidad y la soberanía de los estados.

Ante esta situación el hoy Gobernador de Chihuahua ha optado en el marco de la soberanía del estado enfrentar la falta de cumplimiento a los convenios de participación por la vía política. Hace público primero el argumento pueril de que esa falla tiene que ver con la “disponibilidad de recursos”, cosa que nos dice que solo se aplicó al gobierno del estado de Chihuahua, pero ahí no termina, sino con el reconocimiento final de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que la decisión tenía que ver con las denuncias interpuestas contra de quienes cometieron peculado y en el caso específico, del desvío de recursos hacendarios a las campañas electorales del PRI en Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz, incluso en Chihuahua, donde aun con esos recursos fueron derrotados sus candidatos. Y peor, finalmente dicen los voceros de Hacienda, que fue un error administrativo no haberse entregado los 700 millones.

Y esa medida, aun cuando lleva el curso administrativo inevitablemente ha coincidido con el proceso electoral, en una democracia más o menos respetable, esto no sería un problema cuanto hay una efectiva separación de poderes, pero en la nuestra se convierte en una oportunidad de politizar el tema, de manera que la respuesta de quienes han sido señalados, entre ellos el poderoso Manlio Fabio Beltrones que dirigía el PRI cuando ocurrió el desvío de recursos públicos, han salido con el socorrido discurso de la persecución política y el señalamiento de que la denuncia tiene una intencionalidad política de que si el tema está en los medios es porque trae rendimientos electorales.

Entonces, Manlio Fabio se ampara para evitar una detención que evidentemente lo lastimaría políticamente junto con su partido, mientras en los organismos electorales se guarda un silencio cómplice.

Ahora bien, no hay que pecar de olvidadizos el tema de la corrupción política tuvo un gran beneficio político para el PAN en las elecciones estatales de 2016 –y, es muy probable lo vuelva a tener este año-, en este momento seguramente  mucha gente sigue los capítulos de esta serie de escándalos de corrupción. Es un tema muy sensible entre todos los niveles de la sociedad. Y seguramente va estar en el ánimo de los electores el primero de julio. Será el partido o coalición que levante el mayor número de casos el que seguramente tendrá mejor rendimiento en estos comicios.

Entonces, podrá seguir diciendo Corral que no es un asunto político, que es su postura desde la campaña para Gobernador, y seguramente así es, pero cómo evitar que la gente siga a pie juntillas los escándalos de corrupción y salga a votar en “contra de los corruptos” y a favor de quienes técnicamente los podrían combatir. Es decir, para que haya campañas anticorrupción es indispensable que existan escándalos de corrupción. O sea, el PAN en ese sentido lleva ventajas respecto de los otros partidos.

Además, Javier Corral trae una trayectoria en este tipo de luchas que le dan credibilidad lo que es indispensable para obtener beneficios. Ya veremos los resultados que obtendrá el Frente en Chihuahua donde es muy probable que arrase y probablemente ese estado en esta coyuntura sea emblemático de la lucha contra la corrupción. Y es claro, que viendo en clave binaria la afirmación que da inicio este artículo, el PRI es el partido de la corrupción mientras en 2016 el PAN fue percibido como el garante de su combate.

En definitiva, los escándalos políticos por corrupción producen y quitan votos, aumentan o reducen el sistema de lealtades partidarias, engrandecen y minan a los partidos o destiñen sus ofertas, presentan a los candidatos como respetables o corruptos y la gente termina por votar en contra de todo lo que encarne su percepción.

Ahí, es donde estaría jodido el PRI.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://dev.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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