#ANUARIO2017 | La inseguridad empeora conforme el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto termina. El quinto año de su mandato presenta un alza sin precedentes en los conteos oficiales de los delitos de homicidios dolosos, desapariciones y tortura.
Además, la violencia de este año ha colocado a México a la cabeza en la lista negra de los países más letales para periodistas y religiosos en el mundo.
la estrategia del Gobierno federal estuvo centrada en el despliegue militar, pese a que esa opción de combate frontal al narcotráfico fracasó desde el sexenio de Felipe Calderón, y hoy los grupos criminales han diversificado sus actividades y la Ley de Seguridad Interior es un preámbulo para que la fuerza militar se endurezca sin contemplar otras alternativas, advierten analistas.
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Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto mantiene las mismas estrategias de seguridad del sexenio anterior sin que los resultados para descender las cifras de incidencia delictiva lo respalden, y al mismo tiempo los grupos criminales diversifican sus actividades, criticaron especialistas en seguridad.
Los primeros 11 meses del año no encuentran precedente desde que el registro oficial empezó a contar las carpetas de homicidio doloso en 1997. Hoy suman 23 mil 101 carpetas este delito -una cifra que haya su antecedente más cercano en los mismos meses del 2011 cuando se acumularon 21 mil 117- y este mes que termina solo ampliará el deshonroso récord en este delito.
La actual administración impuso marcas no solo en homicidios en general. Este año, México se colocó como el país es el más letal en el mundo para los sacerdotes (23), para los periodistas (13). A nivel local, también se impuso marca de alcaldes privados de la vida (20).
Aún candidato, en abril del 2012 Peña Nieto causó sorpresa al anunciar su intención de crear un nuevo cuerpo policial.
“La Gendarmería se planteó una transformación y resultó en una división más de la Policía Federal. Ahí vemos cómo las visiones del Gobierno federal son bastante limitadas”, dijo Erubiel Tirado Cervantes, investigador de la Universidad Iberoamericana.
Si bien Peña prometió 40 mil elementos, la corporación terminó por ser de 5 mil elementos y funcionando en tareas de protección a las áreas económicas y turísticas del país. No obstante, la violencia ha llegado a Cancún, Quintana Roo, y Los Cabos, Baja California Sur, joyas del turismo mexicano.
Las alertas sobre la inseguridad por la que atraviesa el país también vienen desde el extranjero: en agosto pasado el Gobierno de Donald Trump actualizó su alerta de viaje para sus ciudadanos en la que incluye 31 ciudades, 22 playas y cinco zonas arqueológicas.
La seguridad interior sigue en manos de la Secretaría de Gobernación y Miguel Ángel Osorio Chong se mantiene al frente de esa dependencia desde el inicio de esta adminitración quien se quedó en camino en la carrera presidencial y también como al comienzo del sexenio, el Gobierno federal culpa a los gobiernos locales de haber abandonado sus tareas en la materia.
LA ESTRATEGIA SE ENDURECERÁ
Analistas criticaron que los esfuerzos de despliegue de Peña Nieto se han centrado en solo en las Fuerzas Armadas, para quienes pidió la Ley de Seguridad Interior en diversos eventos públicos.
“Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó se ser solo valiosa para convertirse en una imperiosa necesidad. Confío en que el Congreso de la Unión atenderá con la urgencia que se requiere”, reiteró Peña durante un evento de entrega de instalaciones castrenses en Coahuila el pasado 29 de noviembre.
Con el respaldo, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron la ley en los primeros 15 días de diciembre.
“La única razón para justificar darle un marco legal a la presencia militar es, protegerla de demandas y ampliar su marco de acción. Eso quiere decir, que la estrategia, en términos de la dureza y la violencia a utilizar se piensa incrementar con esta ley. De lo contrario, habría candados judiciales”, consideró el consultor de seguridad David Martínez- Amador.
El 12 de diciembre del 2006 el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa mandó a las tropas a combatir el narcotráfico en Michoacán; 10 años más tarde el despliegue militar se hallaba en al menos 24 entidades.
“Lo primero es reconocer que, nada ha cambiado con la presencia de los militares en el espacio público con respecto a la seguridad. Las cifras del sexenio son clarísimas. Es ridículo intentar ‘regular judicialmente’ lo que es inoperante en la práctica. No hay duda que la influencia del general colombiano Naranjo ha sido clave en la forma cómo la presidencia de Enrique Peña entiende el problema de la seguridad”, expuso el consultor de seguridad .
En junio del 2012 el General colombiano Oscar Naranjo confirmó que le solicitaron trabajar como asesor de seguridad del entonces candidato presidencial del PRI. No fue sino hasta principios del 2014 que el General decidió volver a Colombia, para en marzo del 2017 asumir como vicepresidente de ese país.
Los datos hablan de los efectos de la militarización. En el sexenio de Vicente Fox se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las Fuerzas Armadas, de acuerdo con el informe “Perpetuar el fallido modelo de seguridad” del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.
Mientras que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron 10 mil 751 quejas.
“Un militar es una máquina entrenada para matar, no tiene otra función. Si a esa máquina diseñada para matar no le pones controles judiciales, ni se adoctrina en materia de Derechos Humanos, los militares van operar en términos de guerra tradicional con todo lo que eso implica. Lo único que esta reforma hace es legalizar la década que los militares tienen de estar en activo en tareas de seguridad. Lo ideal, sería ponerle el bozal al perro y no, quitárselo. Lo que la reforma debería hacer es limitar la forma como los militares usan la fuerza en el espacio público en tareas de seguridad interna: delimitar concretamente lo que no pueden hacer. Lo que se está haciendo es darles carta blanca”, explicó Martínez-Amador.
Entre septiembre del 2007 a agosto del 2008 hubo 8 mil 764 operaciones de la Secretaría de la Marina y para el periodo de septiembre de 2015 a agosto del 2016, pasaron a ser 22 mil 473.
La tortura cometida por las autoridades aumentó durante el sexenio de Peña Nieto.
En seis años Calderón Hinojosa acumuló 374 averiguaciones previas por presuntos actos de tortura, en tanto que Peña Nieto acumuló 5 mil 521 entre el 2013 y el 2016. Un aumento de mil 376 por ciento.
Asimismo, en los primeros cuatro años y medio Peña Nieto acumuló 19 mil 155 desapariciones entre el fuero federal y común. Mientras que Felipe Calderón sumó 13 mil 681 durante todo su sexenio.
El Gobierno federal se jactaba hasta noviembre de haber neutralizado a 108 de 122 objetivos prioritarios. Una estrategia que resultó en el fraccionamiento de los grupos del crimen organizado.
“No se reformuló la política, tenemos fragmentos en Veracruz, que son extremadamente violentos, lo vemos también en Guerrero y Tamaulipas, varios grupos ni siquiera identificables”, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad de George Mason.
Hasta octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) contabilizaba la presencia de 9 cárteles y 27 células delictivas.
Asimismo, la diversificación de actividades delictivas ha ascendido otros delitos como el robo de combustible.
“La diversificación es mucho más importante, no sólo estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de secuestro, de diferentes tipos de combustible, de hidrocarburos, de oro, de carbón, de minas. Tenemos el Pacífico en llamas, en el anterior sexenio fue el Golfo. El Cártel Jalisco Nueva Generación no sólo tiene reportes de tráfico de drogas, sino de extensión de actividades”, dijo Correa-Cabrera.
La PGR reportó en el primer semestre 3 mi 144 carpetas por el delito de sustracción de hidrocarburos, lo que representa el 83 por ciento del total del 2016, cuando se registraron 3 mil 762 carpetas.
Hasta octubre los estados con mayor número de tomas clandestinas reportadas por Pemex eran Guanajuato con mil 557, Puebla con mil 263 y 954 en Tamaulipas.
Pese a la diversidad de delitos, para Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo, el 75 por ciento de la violencia en México se origina en el mercado negro de las drogas. Sin embargo, el tema no es atendido por los gobernantes, acusó.
“Regular drogas es un tema que los candidatos y el Gobierno actual sienten muy controversial y estamos en un año electoral. Sin embargo, ahí están las soluciones. En primer lugar, hay que educar a la población o a los electores. Y creo que es urgente poner sobre la mesa de las elecciones el tema de la regulación como una propuesta de campaña”, alertó Roel.
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