Considerando solo a las nueve entidades que renovarán gobernador este verano, Morelos, donde seis personas fueron asesinadas por policías en Temixco bajo la gestión de Graco Ramírez Ahued, es líder en corrupción, opacidad e impunidad, de acuerdo con el Coeficiente TAI realizado por Impunidad Cero y Transparencia Mexicana. Le sigue Puebla, epicentro de huachicoleros y feminicidios, administrado por José Antonio Gali Fayad.
Respecto a solo impunidad, el cáncer de todo el país según el estudio, destacan Yucatán, Veracruz, Tabasco, Jalisco y Guanajuato, estado donde la inseguridad se ha incrementado.
Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– De los nueve estados que elegirán nuevo Gobernador en 2018, Morelos y Puebla son los que reportan el peor desempeño en opacidad, corrupción e impunidad al encontrarse muy por arriba del promedio nacional de 59.25 unidades, de acuerdo con el Coeficiente TAI realizado por Impunidad Cero y Transparencia Mexicana.
Al existir una multiplicidad de medidores por separado, los gobiernos estatales y sus equipos de comunicación deciden «hacer gala» de los indicadores en los que mejor salen posicionados. Como respuesta, este índice es «una fotografía panorámica» de cómo se encuentran las entidades respecto a estos tres vicios que dañan profundamente el Estado de Derecho, explicaron las organizaciones civiles.
El Coeficiente TAI revela que la peor dimensión de Morelos, gestionado por el perredista Graco Ramírez Abreu, es corrupción al ubicarse en 100 unidades de 100. En impunidad, con 90.55 unidades, se encuentra entre las diez entidades peor calificadas. Respecto a opacidad se localiza en 85.75 unidades, por arriba del promedio en ese rubro.
«Morelos está en foco rojo», afirmó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
En la madrugada del jueves 30 de noviembre, seis personas fueron asesinadas durante un operativo policiaco en Temixco, entre ellas una bebé de meses, cuatro mujeres y un adolescente. Los policías, que resultaron ilesos, argumentaron que las víctimas murieron en “fuego cruzado” durante un enfrentamiento con un presunto líder de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero audios difundidos los desmienten y revelan que incluso una persona les advirtió que había niños.
Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), fue amenazado recientemente. Hace unos días dijo a este sitio que la entidad «es un lodazal» en donde es difícil distinguir entre el crimen organizado y la policía.
«De una vez te digo que tú, Alejandro Vera [ex rector de la UAEM a quien se le giró una orden de aprehensión por supuesto enriquecimiento ilícito] y su esposa, se los va a cargar la chingada, hijos de puta. Esto de parte del Gobernador», escuchó el poeta del otro lado del teléfono. Graco se lo negó y le recomendó denunciarlo a la Fiscalía estatal. «Yo en ellos no confío», le respondió.
Durante la gestión del perredista, Sicilia ha denunciado violaciones a derechos humanos en Morelos y advirtió sobre la aspiración a la gubernatura de su hijastro Rodrigo Gayosso. Antes de Temixco, la entidad que reprueba el Coeficiente TAI fue foco de atención nacional porque en el municipio de Tetelcingo se encontró una fosa clandestina y en días posteriores al sismo Graco Ramírez y su esposa Elena Cepeda, titular del DIF, fueron señalados de desviar dos tráileres con ayuda para los damnificados. Ambos explicaron que era para ordenar los víveres.
Puebla, gobernada por el panista José Antonio Gali Fayad, es la segunda entidad peor posicionada en el índice de índices entre las que celebrarán elecciones de Gobernador en julio próximo. Sus dos peores dimensiones son la opacidad con 90.75 unidades y la impunidad con 90.31 unidades, pero en anticorrupción queda en 61.05 unidades, arriba del promedio.
Esta entidad, además de registrar una extensión de huachicoleros, es epicentro de feminicidios, entre ellos el caso de la joven Mara, violada y asesinada por un chofer de Cabify en septiembre. Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional con más mujeres y niñas desaparecidas de 2005 a julio del 2017, con un total de 822 casos, de acuerdo con la organización Data Cívica. Solo en 2017 van más de 90 feminicidios.
Sin embargo, el gobierno estatal se niega a emitir la Alerta de Género.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y equidad de Género de Puebla, Karen Rojas Durán, consideró que no es necesaria y afectaría al turismo. El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Antonio Quintana Gómez, también dijo que este mecanismo «espantará» al turismo y a las nuevas inversiones.
Respecto a las fuerzas de seguridad en Puebla, esta semana un video evidenció cómo al menos 10 policías municipales de Chignahuapan arrastraron a una mujer indígena por vender frutas en la vía pública. En noviembre, se reportó que policías municipales de Rafael Lara Grajales dispararon contra varios jóvenes para disolver una riña, por lo que tres resultaron heridos, uno de ellos por recibir un impacto de bala en el cuello.
LOS OTROS PECAN DE IMPUNIDAD
Todos los estados cuentan con grados de impunidad que se alejan poco del promedio nacional de 87.96 unidades. El Coeficiente TAI 2017 muestra que, de las entidades rumbo a las elecciones gubernamentales, los niveles de este indicador son alarmantes en Yucatán (95.03 unidades), Veracruz (94.48 unidades), Tabasco (90.20 unidades), Jalisco (88.04 unidades) y Guanajuato (85.04 unidades).
«Resulta indispensable observar estas tres problemáticas en su conjunto. No basta con diseñar e implementar políticas públicas que se dediquen sólo al combate a uno de estos problemas», destacó el estudio.
Yucatán es gobernado por el priista Rolando Zapata Bello. Junto con Campeche y Quintana Roo, sus comunidades indígenas crearon un frente en contra de los proyectos como los parques eólicos, los transgénicos y parques solare establecidos en sus territorios sin una consulta libre, previa e informada. Entre sus luchas, destaca la de evitar la siembra de la soya transgénica de la empresa Monsanto.
En opacidad se ubica en 85.99 unidades, arriba del promedio nacional de 84.75 unidades en ese rubro.
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Respecto a Veracruz, aunque salió con 34.6 unidades en anticorrupción, el informe lo atribuye a la ausencia de instrumentos que permitan medir la “gran corrupción” y no sólo la corrupción en trámites y servicios.
En el estado gestionado por Miguel Ángel Yunes Linares reina la violencia y las víctimas de desaparición forzada. El panista reconoce que la seguridad sigue siendo «un problema grave», sobre todo por el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado.
La impunidad es la variable que más afecta la calificación total de Veracruz, con 94.48 unidades, donde se encuentra entre las diez entidades con peor evaluación.
Ante la falta de control, tan solo en los últimos días, Yendi Guadalupe Torres Castellanos, Fiscal Especializada en Delitos Sexuales del municipio de Pánuco, fue ejecutada por un comando; cinco cuerpos mutilados fueron hallados en Chacaltianguis, junto a una cartulina en la que el Cártel de Jalisco Nueva Generación se atribuyó los hechos; y seis personas fueron asesinadas en un ataque armado en el puerto de Coatzacoalcos.
Al sur, Tabasco, una de las puertas de entrada de los migrantes centroamericanos, está bajo la administración del perredista Arturo Núñez Jiménez. Con 90.20 unidades, la impunidad es el rubro que más afecta a la entidad sureña. Su opacidad está en 82.15 unidades de 100.
Tenosique, Tabasco, es uno de los dos lugares del país para abordar “La Bestia”, el tren de carga que millones provenientes de Centroamérica toman para intentar huir de la violencia y pobreza que enfrentan en sus países de origen. Ahí, no obstante, son víctimas de secuestro, asaltos, extorsión, discriminación y de un sinfín de delitos, de acuerdo con Ramón Márquez, director de La 72, una casa para dar apoyo integral a aquellos en busca de refugio.
Como un caso entre un mar, en noviembre un grupo de policías asesinó con un balazo en la cabeza a un migrante hondureño menor de edad en su paso por Huamanguillo, Tabasco, rumbo a Estados Unidos. Se llamaba Óscar Ramón, cursaba quinto año e iba acompañado de una hermana de 15 años y una tía de 23.
La semana pasada, un camión con 153 migrantes centroamericanos fue detectado en el municipio de Conduzcan, Tabasco. Eran transportados en condiciones inhumanas, en la parte trasera de la unidad, detalló la PGR. Provenían de Ecuador, El Salvador, Honduras y Guatemala. Dos polleros fueron detenidos.
Jalisco, gobernado por el priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, es el cuarto estado más impune en comparación con los otros donde se renovará gobernador en verano. Se ubica en 88.04 unidades en ese rubro.
Sede del cártel Jalisco Nueva Generación, en este estado la Fiscalía reportó el lunes que al menos 15 policías estatales murieron durante una emboscada en la carretera Mascota–Las Palmas, en el municipio de San Sebastián del Oeste, cerca de Puerto Vallarta.
El mes pasado un funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) fue secuestrado cuando viajaba en una camioneta. “Decimos basta a los ataques en contra de la defensa de los derechos humanos. Decimos basta a la indiferencia con los crímenes que se cometen en nuestro país. Decimos basta al clima de violencia e inseguridad en el que todos los días coexistimos”, exigió la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
En recientes días, la Fundación Thomas Reuters reportó que los 950 residentes de Agua Caliente en Jalisco padecen afectaciones por el consumo del agua contaminada por pesticidas agrícolas y residuos industriales, que ha dejado niveles endémicos de enfermedades renales y está afectado a los niños con mayor intensidad. El Gobierno del estado culpa de la epidemia a la alimentación en la comunidad y a la contaminación por cocinar con leña e incluso.
Finalmente, Guanajuato, con impunidad en 85.04 unidades, ha registrado un incremento en inseguridad.
Gobernado por el panista Miguel Márquez Márquez, el estado atraviesa por una ola de violencia inédita: de enero a octubre de este año suma más de 900 homicidios dolosos. en el último fin de semana de noviembre, seis personas fueron asesinadas en Pénjamo, León, Cuerámaro y Celaya. En Pénjamo, mientras se celebraba una boda en la comunidad Rancho Seco de Barajas,un hombre fue asesinado a tiros. Al siguiente fin de semana, en distintos en hechos, una familia y tres mujeres fueron asesinados en Irapuato y San Luis de la Paz.
No obstante, las autoridades estatales y el comisario de la Policía Federal, Miguel Ángel Simental, han asegurado que Guanajuato no es foco rojo.
Las otras dos entidades que cambiarán de Gobernador son Chiapas y la Ciudad de México. La peor dimensión de Chiapas, gestionada por Manuel Velasco Coello, es la opacidad al ubicarse en 89.70 unidades de 100, por arriba del promedio.
Y, aunque es la mejor evaluada en gobierno abierto, el mayor problema de la Ciudad de México es la corrupción al encontrarse en 80.46 unidades, arriba del promedio.
