La organización Vecinos Unidos Zona Poniente acusan que los trabajos para el Tren Interurbano México-Toluca han provocado daños en sus casas, que temen se puedan agravar si continúan las obras. Además denuncian que las autoridades de los tres niveles de Gobierno no han logrado demostrarles que el suelo del poniente de la capital mexicana sea adecuado para el desarrollo de megaproyectos, por lo que exigieron que sea suspendida una de las obras “estelares” de esta administración.
“En esta ciudad no se acostumbra prever los riesgos. Las pérdidas [del 19 de septiembre] no fueron causadas por el sismo, sino por la falta de prevención [….]. Hay negligencia por parte de las autoridades: Dan preferencia a los megaproyectos por encima de los derechos humanos y la integridad de la población», recriminó Raúl Martínez, miembro de la organización vecinal.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- El Estado mexicano es omiso y mantiene en reserva los riesgos que implica la construcción del tercer tramo del Tren Interurbano México- Toluca, en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, denunciaron públicamente vecinos de las zonas.
La organización Vecinos Unidos Zona Poniente exigió la suspensión definitiva de los trabajos, en tanto no sean públicos los riesgos que podría enfrentar la ciudadanía a causa de la megaobra.
Juan Barrera, vecino afectado, manifestó que en la zona hay ruido constante durante el día y la noche, además de fuertes vibraciones que hasta el momento han provocado cuarteaduras leves en algunas casas, mismas que temen se agraven conforme avancen las obras.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), habitantes de la demarcación acusaron que las autoridades de los tres niveles de Gobierno no han logrado demostrar que el suelo del poniente de la capital mexicana sea adecuado para el desarrollo de megaproyectos.
Adriana Torres, vecina de la zona afectada, recriminó que desde el anuncio de la megaobra, «ninguna autoridad ha sido capaz de mostrar información que acredite que no habrá afectaciones en nuestras colonias».
El grupo Vecinos Unidos Zona Poniente señaló que hasta el momento no hay dictámen alguno respecto a los riesgos que podrían existir a consecuencia de ejecutar una obra de tal magnitud «en suelo no apto para ello».
En su oportunidad, el vecino Raúl Martínez, recordó en la Delegación, actualmente gobernada por la perredista María Antonieta Hidalgo, es una de las áreas con más fallas geológicas.
A pesar de la emergencia por el fenómeno que dejó cientos de damnificados y alrededor de 300 personas fallecidas, «las obras han continuado sin tregua».
«Este asunto es alarmante para los vecinos y para los futuros usuarios del tren que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció como ‘masivo’, debido a que aun tras el sismo las autoridades delegacionales no permitieron que se realizaran censos de damnificados impidiendo con ello que exista una necesaria y urgente actualización de los atlas de riesgos delegacionales, actuar que pone en peligro la vida de miles de personas», expusieron.
Semanas después del terremoto, la Secretaría de Protección Civil capitalina presentó el Atlas Público de Peligros y Riesgos de la CdMx, mismo que, señalan los inconformes, «confirma más problemas de minas que pasan por la estacion Observatorio del Tren».
Martínez criticó que las autoridades pretenden «aparentar» que la zona es segura, pero el Atlas «muestra lo contrario».
«En esta ciudad no se acostumbra prever los riesgos. Las pérdidas [del 19 de septiembre] no fueron causadas por el sismo, sino por la falta de prevención [….] Hay negligencia por parte de las autoridades: Dan preferencia a los megaproyectos por encima de los derechos humanos y la integridad de la población», recriminó.
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Además indicó que la falta de agua en la demarcación es una constante y la obra únicamente empeorará la problemática.
«El Gobierno prioriza la utilización de agua para realización de obras sobre el derecho humano al agua. Están violando nuestro derecho humano al acceso al agua», sostuvo.
En su oportunidad, Antonio Nuñez, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, informó que el pasado 19 de octubre, los afectados solicitaron un amparo por violación a los derechos humanos provocada por la construcción de la megaobra. El recurso legal fue admitido dos meses después y apenas el 23 de noviembre fue negada la suspensión definitiva de los trabajos.
«¿Quién responderá en un futuro en caso de un desastre mayor cuando los funcionarios públicos actuales están próximos a terminar su gestión?», cuestionaron y concluyeron que el tren no es la solución de movilidad en la urbe.
