Aún le falta un año de gobierno al Presidente Enrique Peña Nieto, y el pendiente más grande sigue siendo el combate a la corrupción, así como el combate a la impunidad, sin dejar de lado la lucha contra la pobreza, y el desarrollo social del País.

Entregadas prácticamente las riendas el 27 de noviembre de 2017 cuando al parecer, solo, Enrique Peña Nieto, designó a su ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, para el Presidente inicia su proceso de salida, y para su aspirante, la ilusión de quien lo sucederá.

Pocas cosas suceden en la administración pública una vez designado el candidato del partido en el poder. Los grupos políticos al interior del partido por ejemplo, responden más a quien creen será el próximo Presidente, y en menor medida comprometen su futuro en decisiones actuales, a menos claro que, como podría ser el caso, haya un acuerdo de continuismo. Que el que aún ostenta el poder esté comprometido a fundar las bases para el proyecto de quien cree lo sucederá, a cambio obvio de la continuidad de las políticas y el respeto del estatus legal de quien será el ex.

Obviamente nada está asegurado, la elección será en junio del 2018 y entonces se definirá quien será el próximo Presidente de México. En el inter, los priístas creen que será de sus líneas el sucesor (Meade ya dejó claro que el priísta que llevaba dentro ha aflorado y estaba muy bien capacitado en las lides tricolores, su trifecta partidista, Los Pinos, CTM, CNOP, le salió mejor que al más rancio de los rojos), sin reconocer que la actual Presidencia de la República en manos de un priista, le queda a deber a México honestidad, seguridad, transparencia y desarrollo.

En efecto, los grandes pendientes para Enrique Peña Nieto antes que entregue el poder a quien sea que vaya a sucederlo, son disminuir la pobreza, encarcelar a los funcionarios corruptos, detener a los grandes capos de las mafias de las drogas y el crimen organizado, provocar el crecimiento económico de las clases sociales en el País, y la seguridad social.

Tan son un pendiente de este gobierno federal en el ocaso, que el aspirante a la candidatura del PRI, José Antonio Meade, así lo reveló en su primer discurso, todavía con las siglas de la SHCP, cuando aceptó que su intención es encausar a México (obviando que no lo está), con sus primeras promesas sin el cómo, particularmente siete puntos: “Convertir a México en una potencia”, “un país donde las familias tengan siempre comida en la mesa”, “seguridad en las calles”, “derecho a la salud”, “educación de calidad”, “un país justo en el que se cumpla la Ley”, “que los sueños y los anhelos de los mexicanos encuentren oportunidades para hacerlos realidad”.

Es un hecho pues, que siendo esos los ejes de una incipiente campaña, son resultado de las carencias que se observan en un País como México donde de acuerdo al CONEVAL, el 53.4 millones de mexicanos viven en la pobreza, y la economía de México, de acuerdo a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, caerá una posición en 2017, del lugar 15 al 16, lo cual -insisten- no había sucedido en 20 años, luego que a inicios de los 2000, México se situara en la posición número 9 de las 10 mejores economías del mundo.

En materia de inseguridad, nunca se habían detectado tantos cárteles de la droga como ahora. De combatir siete organizaciones criminales, en este sexenio y así lo daría a conocer Jesús Murillo Karam, el primer Procurador de la actual administración, se contabilizaron más de 80 estructuras criminales, escisiones de los cárteles como el de Sinaloa, el Arellano Félix, el del Golfo, el del Milenio, que encontraron en la corrupción policíaca y la impunidad en la procuración de justicia, el caldo de cultivo para crecer, hasta llevar a la República Mexicana a niveles de violencia nunca antes vistos en la misma materia. Al quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la suma de ejecutados en el País rebasaba los 104 mil asesinatos.

En el mismo tenor, viviendo de la captura y re captura de Joaquín Guzmán Loera, al Gobierno de Enrique Peña Nieto le falta aprehender al líder máximo del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García, también a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, dirigente del cártel más violento de los últimos años, el de Jalisco Nueva Generación; esos dos por mencionar a los más buscados.

El combate a la corrupción, otro de los pendientes de Peña Nieto, atraviesa su peor etapa en el México moderno, en el que los pasos avanzados han sido por la promoción de la sociedad civil, al no contar aún cuando las leyes han sido reformadas, con tres fiscales de suma importancia para ello. Debido a las estrategias políticas del partido en el poder, el PRI de Enrique Peña Nieto y ahora de Meade, en el Poder Legislativo se han negado a establecer bases claras, transparentes y una conformación autónoma para la elección del Fiscal General de la Nación (hoy día, de hecho ni Procurador General de la República hay, al haber un encargado de despacho), al Fiscal Anticorrupción, y recientemente, gracias a las presiones desde la Presidencia de la República, quedó sin titular la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos electorales, cuyo ex titular investigaba un caso que ahora en la PGR ha quedado en el olvido o en el congelador, el de los sobornos de Odebrecht cuyos ejecutivos de la compañía señalaron como quien recibió dinero ilícito a uno de los íntimos ex colaboradores del Presidente, Emilio Lozoya Austin.

Caso que nos lleva a recordar todos aquellos actos de corrupción ligados al círculo presidencial o definitivamente al PRI que hoy abraza Meade, y que permanecen en la impunidad, como la adquisición de la Casa Blanca, develada por el equipo de Carmen Aristegui, la estafa maestra en la que Secretarías de Estado y Universidad desviaron más de 7 mil millones de pesos, dada a conocer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, los sobornos de Odebrecht, investigación realizada por periodistas de Quinto Lab, las deudas multimillonarias dejadas en Estados como el de Coahuila y Veracruz, por todos conocidas, la obra excedida en presupuesto de la SCT conocida como El Paso Exprés, la convocatoria para el tren rápido, y un número mayor de casos de corrupción registrados en medios, organizaciones de la sociedad civil y periodistas internacionales, pero que para el Gobierno de Enrique Peña Nieto son cosa olvidada.

José Antonio Meade presume ahora su paso por más de una decena de puestos en el Gobierno Federal, entre ellos cinco Secretarías, siempre con un jefe arriba, nunca en un gobierno autónomo, espacios desde los cuales pudo abonar al combate a la corrupción, por ejemplo en la Secretaria de Hacienda que tituló en dos ocasiones, pero que no fue capaz de perseguir a los gobernadores que desviaron dinero y acrecentaron la deuda en sus estados cuando estaba en su facultad, o perseguir el dinero ilícito de los narcotraficantes que sostiene a la criminalidad organizada. Tampoco combatió la pobreza en la Secretaria de Desarrollo Social, y mientras en un sexenio apoyó el subsidio a la gasolina en otro encabezó los gasolinazos que restaron y restan competitividad a los mexicanos.

La realidad es que Meade, quien no ha sido claro ni directo en su declaración patrimonial al no hacerla pública por completo, tiene alma de priista, actitud de priista, conducta de priista, y es candidato del PRI, y eso en el sueño priista y peñista de conservar la Presidencia de la República, solo significa una cosa: apostar a la continuidad de la corrupción.

Adela Navarro Bello

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