La Sagarpa tomó la decisión de revocar el permiso de liberación al ambiente de soya transgénica para los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya que Monsanto incumplió con la obligación de establecer los controles necesarios, lo que provocó que se sembrara y cultivara en miles de hectáreas fuera de los polígonos autorizados, informaron organizaciones de la sociedad civil.
Nayeli Ramírez Espinosa, asesora legal de algunas comunidades en resistencia, consideró que se trata de «una victoria de las comunidades que se han esforzado tanto por visibilizar el problema».
Monsanto, sin embargo, impugnó la revocación, por lo que ahora queda esperar el veredicto de las autoridades correspondientes, informó la abogada.
Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– Un histórico dictamen revocó el permiso de siembra de soya transgénica en siete estados de la República Mexicana a la empresa multinacional Monsanto por fallas graves en bioseguridad, control, manejo y prevención de riesgos por la liberación del organismo genéticamente modificados (OGM) al ambiente.
A través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) tomó la decisión de revocar el permiso de liberación al ambiente de soya transgénica para los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya que Monsanto incumplió con la obligación de establecer los controles necesarios, lo que provocó que se sembrara y cultivara en miles de hectáreas fuera de los polígonos autorizados, informaron organizaciones de la sociedad civil.
«Se trata de la soya transgénica evento MON 89788-1, lo cual es doblemente grave; es un OGM no autorizado hallado en una zona no autorizada», acusaron.
Fue el pasado 15 de septiembre cuando mediante el oficio B00.-282, el Senasica revocó el permiso de liberación al ambiente de soya transgénica en polígonos de dichos estados. Apenas la semana pasada los grupos civiles se enteraron de la sanción contra el gigante multinacional.
En entrevista para SinEmbargo, Nayeli Ramírez Espinosa, asesora legal de algunas comunidades en resistencia, destacó que se trata de «una victoria de las comunidades que se han esforzado tanto por visibilizar el problema» y explicó que tan solo en 2016, los pueblos mayas interpusieron seis denuncias y este año otras dos más contra la siembra de la soya transgénica.
«Hay mucha presión hacia Senasica por este tema», agregó.
No obstante, admitió, «es una victoria agridulce» porque la soya transgénica recién terminó de ser cosechada en Hopelchén, municipio Campechano en donde la siembra de la semilla modificada geneticamente está prohibida desde finales de 2015 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir, Monsanto ha desacatado la orden durante 2 años.
«Es difícil presionar a esta mancuerna que ha hecho el Gobierno federal con las grandes empresas. Es una victoria agridulce porque la siembra de soya transgénica acaba de ser cosechada en Hopelchén. Al final, la presión económica es demasiado grande», puntualizó.
Además, las organizaciones civiles señalaron mediante un comunicado de prensa que los análisis también destapan la presencia de un organismo genéticamente modificado que no ha sido autorizado en el país y que también es propiedad de Monsanto.
Las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, además de instituciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), han denunciado que en México hay una grave falta de bioseguridad en el manejo de los transgénicos, lo que ha ocasionado consecuencias desastrosas para el medio ambiente y la población.
Por ejemplo, las comunidades mayas de la Península de Yucatán han acusado en diversas ocasiones que desde que Monsanto comenzó a sembrar la soya genéticamente modificada en la región, se observó una baja en la producción de miel y excesiva mortandad de las abejas.
Otra de las implicaciones negativas causadas por este tipo de siembras es el daño al medio ambiente, provocado por la deforestación y el uso de agroquímicos.
Ante este panorama, la abogada Ramírez y ONGs entre las que se encuentran el Colectivo Apícola de los Chenes, Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC y el Colectivo MA OGM, hicieron un llamado a las autoridades mexicanas a evitar otorgar permisos para liberaciones de organismos genéticamente modificados, especialmente de soya, maíz y algodón, de los cuales el país es centro de origen, ya que «el sistema de bioseguridad no funciona en México. No se vigilan los transgénicos».
Urgió a «echarse para atrás con todos los transgénicos hasta que se pueda tener un control», pues, lamentó: «El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas y de todo México se está destruyendo».
Asimismo, llamó a que las políticas públicas de producción se enfoquen en mejorar la vida de la población y no sólo de las empresas, es decir, que se destinen apoyos gubernamentales a la agricultura no transgénica.
«Nosotros esperamos que de verdad los transgénicos en México salgan de los territorios indígenas y más en territorios donde hay especies endémicas y biodiversidad», sostuvo.
Monsanto impugnó la resolución, por lo que ahora queda esperar el veredicto de las autoridades correspondientes, explicó la abogada.
