Con el proceso electoral 2018 en marcha, los senadores se tomarán otro puente largo en noviembre sin sacar, de nuevo, el nombramiento del titular de la Fepade, del Fiscal General de la República, y del Fiscal Anticorrupción. Sin voluntad política, dicen los expertos, los legisladores violan el mandato Constitucional al no cumplir con su deber ni con una “mínima responsabilidad por su país”.
Los miembros del Senado de la República se van este viernes 17 y regresan hasta el 21 de noviembre. Cinco días que se suman a los seis que ya se tomaron por el Día de Muertos, a los 47 que se toman entre diciembre-febrero y a los cuatro meses que hay entre los dos periodos ordinarios de sesiones al año.
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Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– Los senadores violan la Constitución Mexicana al postergar los nombramientos de varias fiscalías necesarias para la democracia y la seguridad en el país; pero, en lugar de ser sancionados, se premian con dos puentes en noviembre.
Este viernes los Senadores de la República se van de puente por el 20 de noviembre cinco días, después de disfrutar de seis días libres por el Día de Muertos apenas hace semana y media.
Pero se van dejando 65 pendientes sin sacar; los más importantes, de acuerdo con los expertos, son los nombramientos del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), el Fiscal General de la República, el Fiscal Anticorrupción, así como los magistrados electorales, agrarios y anticorrupción.
“Ya deberían de haber sacado el tema del Fiscal electoral en cuanto quedó acéfala la Fiscalía, en cuanto se confirmó la destitución del de Santiago Nieto [Castillo] tenían que haber iniciado por mínima responsabilidad por su país, en cumplimiento de la legislación. Pero no veo voluntad de cumplir con su deber; es posible que estemos ante una nueva violación constitucional a cargo del Senado que implicaría que el nombramiento se fuera hasta el próximo año”, dijo Roberto Duque Roquero, investigador Constitucionalista, experto en materia electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el caso de la falta de Fiscal electoral, con los comicios de 2018 ya en marcha, Duque Roquero consideró que el hecho de que el Senado de la República postergue su nombramiento afecta seriamente a la democracia, porque la Fepade está encargada de perseguir la conductas más lesivas para el proceso democrático.
“Los delitos electorales que se pueden presentar en todo el proceso electoral que ya está en marcha; entonces, el nombramiento del titular es muy importante, porque es clave para que tenga una autonomía técnica, ya que está adscrita al poder Ejecutivo y la forma en la que puede ser autónoma es que el nombramiento de su titular sea por el poder Legislativo”, explicó.
El académico agregó que los senadores se van de vacaciones y violan el mandato constitucional, porque pueden hacerlo, debido a que no existen procedimientos efectivos para sancionar a los legisladores al ser juez y parte en los procesos de juicio político, por ejemplo.
“Por eso nos encontramos que no hay sanciones de ninguna especie por estas omisiones tan graves en las que incurren con una frecuencia preocupante”, anotó.
En cuanto a la Fiscalía General, #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva –el colectivo que agrupa a casi 300 organizaciones civiles y académicas– ha dicho que diseñar una nueva Fiscalía General, eficaz, autónoma e independiente debe ser una prioridad para el Congreso de la Unión.
“Del diseño integral de la fiscalía dependen la eficacia de los ministerios públicos y buena parte también de la procuración de justicia en el país, pero también piezas tan importantes como la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y una cada vez más necesaria Fiscalía Especializada en Derechos Humanos”, consideró el colectivo en un comunicado.
Sin embargo, aunque los senadores tienen en sus manos propuestas ciudadanas para abrir la discusión a la población la nueva Fiscalía General; los legisladores han preferido tomarse noviembre de puente en puente.
SIN FISCALES, SENADORES ABONAN AL PRI Y A EPN
Edgar Cortez Moralez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y quien forma parte del colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, dijo que hasta el momento los senadores han ido postergando una reunión entre la sociedad civil y los senadores para discutir la propuesta ciudadana de reformar primero el Artículo 102 Constitucional para poder contar con una Fiscalía General autónoma.
“En algún momento ofrecieron una reunión entre las comisiones involucradas para discutir un plan de trabajo, pero lo fueron postergando y no se han dado tiempo. El riesgo que se corre de hacer nombramientos sin reforma es que sea poco eficaz”, explicó.
Cortez Moralez agregó que el escenario ideal es sacar la reforma al 102 Constitucional antes del 15 de diciembre, entre febrero-abril discutir y aprobar la ley orgánica, y después nombrar al Fiscal General.
“Ahora en caso de que no se pudiera para el 15 de diciembre, que se vayan a un periodo extraordinario. Ellos están obligados a hacer su trabajo legislativo”, precisó.
En el Senado de la República están conscientes de la importancia que tienen los nombramientos pendientes.
Hace unos días Luis Humberto Fernández Fuentes, Senador del Partido del Trabajo (PT) y Secretario de la Comisión de Justicia del Senado de la República, dijo a SinEmbargo que llegar a los comicios de 2018 sin los fiscales que hacen falta “comprometería seriamente el resultado de la elección presidencial”.
“El Presidente [Enrique Peña Nieto] ha decidido no tener Fiscal General, Anticorrupción, Fiscal de elecciones, no tener magistrados anticorrupción, porque están obsesionados en que únicamente sus amigos, sus incondicionales, que les han jurado lealtad tienen derecho a esos puestos”, consideró el Senador.
Jorge Luis Preciado, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que el riesgo que se corre si los senadores no nombran a los fiscales, es “permitir que el PRI llegue a la elección de 2018 con instituciones a modo”.
Pero los senadores se irán de puente cuando les restan apenas nueve sesiones para concluir el periodo ordinario.
En esas sesiones deberán, además de sacar los nombramientos de los fiscales, aprobar las reformas a las leyes de la Ley de Seguridad Interior, la que regula la salida de las calles de las Fuerzas Armadas.
Si no lo logran, estos nombramientos y reformas se postergarían hasta el 1 de febrero de 2018, luego de 47 días de las vacaciones de diciembre-enero.
VACACIONES Y PRESTACIONES DE LOS SENADORES
Los Senadores y Diputados tienen dos periodos ordinarios de trabajo. Del 1 de febrero al 30 de abril y del 1 de septiembre al 15 de diciembre. En medio de ambos periodos hay cuatro meses en verano, en los que puede haber periodos extraordinarios, pero a los que no todos los legisladores asisten.
Además, el 15 de diciembre los legisladores se toman 47 días de vacaciones por Navidad y Año Nuevo, sin contar las vacaciones de Semana Santa y los puentes largos que se toman como ocurrió este noviembre.
En el caso de los Senadores de la República, no sólo gozan de vacaciones y días de asueto que cualquier asalariado de la Iniciativa Privada ni siquiera se atrevería a soñar. También tienen bonos, prestaciones y salarios superiores a los del cualquier trabajador.
De acuerdo con el Manual de Percepciones de Senadores y Servidores Públicos de Mando, un Senador de la República tiene una dieta neta mensual de 117 mil 400 pesos, un seguro de vida institucional de 40 meses de dieta bruta, un seguro de gastos médicos mayores equivalente a mil 500 unidades de medida actualizadas a las mensualidades vigentes, un seguro de separación individualizado que se constituye por las aportaciones voluntarias del 10 por ciento de la dieta de los senadores, más otro monto igual otorgado por el Senado, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Además los senadores tienen una gratificación de fin de año de 40 días de dieta, apoyos para traslado, asistencia legislativa y atención ciudadana.
Este miércoles, el diario Reforma publicó que los senadores cobrarán un bono de 2.4 millones de pesos –30 mil salarios mínimos– cada uno al concluir su gestión.
El rotativo indica que hay una bolsa de 316 millones de pesos constituido por las aportaciones de las senadoras y senadores, y por el órgano legislativo.
