Han transcurrido 365 días desde que el Gobierno federal alertó al país por las crecientes cifras de obesos y diabéticos en el país. Hoy varias organizaciones de la sociedad acusan la falta de estrategias para el combate de dichas enfermedades, la escasez de entornos saludables y el conflicto de interés con las empresas refresqueras y de comida chatarra para el desarrollo de políticas públicas.
«Deben sancionarse a las autoridades de salud por haber emitido una alerta epidemiológica sin dar resultados porque debieron dar seguimiento puntual de las acciones. El propio Presidente debería pedir una disculpa pública y emitir medidas de emergencia que den resultados de manera inmediata», consideró Julieta Ponce-Sánchez, directora del Centro de Orientación Alimentaria.
ADEMÁS
Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Hace un año, la Secretaría de Salud federal decretó una emergencia epidemiológica por diabetes, sobrepeso y obesidad pero, hasta hoy, no ha implementado medidas para combatir dichas enfermedades no transmisibles.
En palabras de Julieta Ponce-Sánchez, directora del Centro de Orientación Alimentaria (COA), la dependencia federal debería hacerse acreedora a una sanción por parte del Presidente de la República Enrique Peña Nieto y él debería ofrecer una disculpa pública por la falta de resultados.
«Deben sancionarse a las autoridades de salud por haber emitido una alerta epidemiológica sin dar resultados porque debieron dar seguimiento puntual de las acciones. El propio Presidente debería pedir una disculpa pública y emitir medidas de emergencia que den resultados de manera inmediata», urgió.
A nivel mundial, México es el primer país en decretar una alerta de este tipo.
Sin embargo, el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto concluye sin una política de prevención y deja un «escenario catastrófico» en el tema de diabetes, obesidad y sobrepeso, además de un colapso de los servicios de salud, recriminan organizaciones de la sociedad civil.
ADEMÁS
En la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes y el primer aniversario de la declaratoria de emergencia emitida por el Gobierno federal por dichas enfermedades no transmisibles, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, planteó que México se encuentra en el primer lugar en obesidad y diabetes entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
«Si no estanos en un colapso de los servicios de salud, entonces no sabemos en qué estamos», dijo.
Asimismo, sostuvo, la actual administración hereda una situación más grave que la que recibió de al menos las dos anteriores. En el año 2000, 48 mil personas murieron a causa de la diabetes, pero actualmente los fallecimientos por la misma razón ascienden a más de 100 mil.
El activista dijo, como lo ha hecho en diversas ocasiones, que la industria de la comida ultraprocesada y de bebidas azucaradas se han convertido en el principal obstáculo para el desarrollo de las políticas públicas de prevención en el país.
Por ello, reamarcó la urgencia de trabajar en una política integral, rehacer la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, presentada en 2013 por la Secretaría de Salud, en donde se consideren los cuatro puntos que a continuación se enlistan para finalmente convertirla en una Ley.
1. Etiquetado frontal de fácil lectura, a fin de que los consumidores sepan si los productos que compran son altos en sodio, azúcar y grasas y de esa forma tomen decisiones informadas.
2. Prohibición de publicidad dirigida a niños que actualmente es regulada, pero en horarios que los infantes ni siquiera ven.
3. Que la regulación de los alimentos en las escuelas ya existente sea cumplida.
4. Protección de los niños ante los sucedáneos y promover la lactancia materna.
«Hay incapacidad y desinterés en hacer valer las regulaciones […] El Estado ha sido omiso en proteger los derechos a la salud, a la infancia y a la información», acusó Calvillo.
ADEMÁS
ALERTAN POR LACTANCIA MATERNA
En su oportunidad, Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria (COA), evidenció que el uso de sucedáneos de leche materna «no controlan la obesidad, no previene la diabetes y promueve la pobreza», debido a los altos precios en que se comercializan que alcanzan hasta mil 700 pesos cada mes.
La experta acusó que por parte del Gobierno mexicano hay «debilidad» para brindar protección a la lactancia materna, ya que a pesar de que es reconocido como derecho humano, en México se promueve el uso de fórmulas lácteas altas en azúcar.
Aunque reconoció que han habido esfuerzos por promover la lactancia materna, las empresas dedicadas a la producción de sucedáneos de leche materna reciben incentivos gubernamentales para poner en marcha sus fábricas en territorio nacional.
Yarishdy Mora, de la Coalición ContraPESO sostuvo que hoy en día 7 millones de personas están diagnosticadas con diabetes, pero consideró que el doble podría estar viviendo con la endermedad sin saberlo.
Por ello, hizo un llamado a las autoridades a destinar los recursos obtenidos del impuesto al refresco a la creación de bebederos en las escuelas, principalmente, y en espacios públicos, ya que actualmente se desconoce cuál es el destino del dinero.
Además, enfatizó en la necesidad de promover la educación, creación de áreas verdes y trabajar en la disponibilidad de alimentos sanos.
Finalmente, Fiorella Espinosa, de El Poder del Consumidor, alertó que de no implementarse las medidas que se recomiendan, 1 de cada 2 niños nacidos en México después de 2010 desarrollarán diabetes en algún momento de su vida.
PAÍS DE GORDOS Y DIABÉTICOS
En el país gobernado por el Presidente Enrique Peña Nieto, siete millones de personas viven con diabetes mellitus y precisamente el padecimiento es causante de la muerte de más de 98 mil mexicanos cada año. Los estados con prevalencias más altas son la Ciudad de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y Durango.
Durante 2013, los costos directos de la diabetes en el país que consideran la atención médica, se estimaron en más de 179 mil 495 millones de pesos, lo que representa el 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del mismo año, de acuerdo con la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).
Según el informe Panorama de la Salud 2017, que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se encuentra en el primer lugar de obesidad y sobrepeso en adultos entre los 34 países miembros.
El reporte señala que la obesidad está presente en 33.3 por ciento de la población mayor de 15 años; además, el 35 por ciento de los adolescentes de entre 12 y 19 años padece ese mal.
El informe bianual Health at a Glance 2017, presentado el pasado viernes por la OCDE sostiene que México tiene la prevalencia más alta de diabetes entre los países de esa organización internacional (15.8 por ciento de los adultos afectados, más del doble del promedio de la Organización de 7 por ciento).
Han transcurrido 365 días desde que el Gobierno federal alertó al país por las crecientes cifras de obesos y diabéticos en el país y varias organizaciones de la sociedad acusan la falta de estrategias para el combate de dichas enfermedades, la escasez de entornos saludables y el conflicto de interés con las empresas refresqueras y de comida chatarra para el desarrollo de políticas públicas.
El 14 de noviembre de 2016, el doctor José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud (SSa) emitió la alerta, presentó las acciones incluidas y subrayó la importancia de la participación de la ciudadanía para lograr revertir la problemática de salud.
Entre las medidas destacaron el desarrollo de campañas intensivas de difusión en medios de comunicación masivos. A finales de julio de este año, la dependencia federal lanzó «Resta kilos y Suma Vida» y colocó anuncios en distintas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) con leyendas como «Afuera hay más espacio, mejor camina», pero incluso le llovieron críticas por algunos errores ortográficos que incluyó.
Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor, y Ana Larrañaga, miembro de Salud Crítica, señalaron que de nada sirven las recomendaciones y las campañas masivas, si en México los desiertos alimentarios –que se definen como espacios que carecen de alimentos saludables donde sólo hay comida ultraprocesada– pululan.
Además, aseguraron que la prevención es otro de los temas que la Secretaría federal ha olvidado y uno en los que deberían encaminarse los mayores esfuerzos.
«A la fecha no hemos viso ninguna acción enfocada a la prevención de nuevos casos y eso es preocupante», comentó Larrañaga. Mientras tanto, Calvillo sentenció que las autoridades «se han enfocado en atender enfermedades y no en prevenirlas».
El Secretario Narro también declaró que “sin la participación de la sociedad no vamos a poder avanzar, no es un asunto exclusivo de medicamentos, de servicios médicos, es de todos”, pero los activistas afirman que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la salud. Insistieron en que una medida efectiva para mitigar las enfermedades es apostar por entornos saludables.
«¿Cómo le recomiendas a la gente que coma frutas y verduras, si no las pones a su disposición, pero sí pones galletas, refrescos y otros productos ultraprocesados?», cuestionó Larrañaga.
«Es importante la participación de la población, pero lo que no puede hacer el Gobierno es renunciar a sus obligaciones y descansarla en la ciudadanía. El Estado debe garantizar el acceso a la salud, al agua potable y gratuita, y a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad. Esas son obligaciones irrenunciables y el Estado no puede decirle a la ciudadanía que se atienda, que beba agua simple y que coma bien, si no ha demostrado cuáles son los mecanismos para asegurar el derecho a la salud, al agua y a la alimentación», indicó al respecto Ponce- Sánchez.
En el marco de la declaratoria, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, aseguró que emitirla permitiría «apuntalar» las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, con el objetivo de aminorar el impacto de estas enfermedades entre los mexicanos.
Sin embargo, a decir de Calvillo Unna, las autoridades federales no implementaron nuevas medidas ni trabajaron en la adaptación de la Estrategia Nacional presentada en 2013 por la entonces Secretaria de Salud Mercedes Juan López.
Incluso, la medida, subrayó, hasta la fecha se encuentra «secuestrada» por las grandes empresas de bebidas y alimentos chatarra, «La Estrategia Nacional se anunció en octubre de 2013 y quedó cooptada totalmente por los intereses de la industria. Esperábamos que tras la declaratoria, la Secretaría de Salud la rediseñara, pero no ha pasado».
Calvillo acusó que a pesar de que en la estrategia se abordan los temas de etiquetado frontal y publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los niños, es precisamente allí donde las grandes empresas han metido mano.
ADEMÁS
Los etiquetados con que actualmente cuentan los productos que se comercializan en el país son «poco entendibles», pues, insistió Calvillo, fue diseñado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la mano de las empresas. Explicó que un etiquetado frontal correcto permitiría a los consumidores hacer elecciones informadas.
Según las etiquetas tipo GDA [Guías Diarias de Alimentación] de Cofepris, las personas pueden consumir 90 gramos de azúcar al día, lo que se traduce en 33 kilos al año. Mientras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo ideal máximo de 25 gramos diarios, es decir, 9 kilogramos anuales.
Aunado a ello, acusaron, la publicidad, especialmente la encaminada al público infantil, es engañosa y su regulación, laxa.
En abril, la Alianza por la Salud Alimetaria (ASA) presentó un análisis que da cuenta de que la regulación de publicidad dirigida a la infancia “es un fracaso”. El monitoreo arrojó que al año se transmite un promedio de 13 mil 056 anuncios de comida chatarra en los programas y horarios más vistos por los niños.
El monitoreo se realizó por 65 horas en las que se incluyeron los canales 2 y 5 de Televisa, donde se grabaron 211 anuncios de comida chatarra, de 42 productos diferentes en horarios no regulados y sumamente vistos por niños, de acuerdo con un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre ellos, telenovelas, dramatizados unitarios como La Rosa de Guadalupe, y los reality shows.
Ante este panorama, acusó que «una regulación débil es casi similar a que no haya ninguna regulación».
Por si fuera poco, la protección de los niños en el espacio escolar no es una realidad en México, ya que aunque existe una regulación de alimentos y bebidas en las escuelas, ésta no se aplica, por lo que, consideró, «existe un desinterés total por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en aplicarla».
Elevar el impuesto al refresco en un 20 por ciento sería otra medida efectiva para reducir las cifras de pacientes con diabetes y/o exceso de peso. El gravamen de un peso por litro a las bebidas azucaradas ha logrado una tendencia decreciente en el consumo, dio a conocer el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en febrero pasado.
Asimismo, la sociedad civil organizada insiste en que los recursos obtenidos del impuesto sean utilizados para colocar y poner en marcha bebederos en las escuelas y en lugares públicos, a fin de facilitar el acceso al agua natural.
Calvillo aseguró que la cabal implementación de las regulaciones mencionadas podrían cambiar los hábitos de la población y así contribuir en la baja de las cifras de obesidad y diabetes.
Finalmente, Ponce manifestó que el combate a la obesidad y la diabetes requiere de una política integral que incluya a las secretarías de Salud (SSa), de Educación Pública (SEP), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Economía (SE) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
