Desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se ha ido parchando el sistema de las pensiones, pero no se ha hecho una reforma integral que homologue las reglas y edad de jubilación para que el reparto sea equitativo entre pensionados del sector público y los del privado.
«Ya la patearon Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto. Necesitaríamos que el próximo Presidente –independientemente de su color– termine esa reforma porque la población está envejeciendo, cada vez es más longeva, pero la cobertura actual es muy baja. Si no, no va alcanzar el dinero para los que se vayan a jubilar», alertó el consultor financiero Abraham Vergara Contreras.
Actualmente, de cada 10 mexicanos sólo tres cotizan para una pensión con una tasa de reemplazo de 26 por ciento de su último sueldo. Es decir, si un trabajador ganaba 10 mil pesos mensuales, recibirá 2 mil 200 pesos, explicó el investigador en seguridad social Enrique Díaz-Infante. Pero sin una reforma –acompañada de un plan fiscal para pagarlas y un crecimiento económico sostenido– los temores de las generaciones de jóvenes de enfrentar una vejez sin recursos se materializarán.
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Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).– Bryan conduce un Uber durante las mañanas, pero antes ya repartió carne durante la madrugada en Nezahualcóyotl, Estado de México. Por las tardes, antes de recoger a su hija de la escuela, trabaja en un taller de serigrafía. A pesar de tener tres trabajos, dice temer por su futura pensión, la cual podría ser inexistente o insuficiente si el próximo sexenio sigue «pateando la bola de nieve» y no crea una Reforma que homologue las reglas del sistema nacional de pensiones, la cual se debe acompañar con una Reforma Hacendaria y un crecimiento económico sostenido,, según advierten especialistas en seguridad social.
En un contexto con un salario real y mínimo por debajo de la línea de bienestar –tragado por la inflación–, así como un mercado laboral en su mayoría informal, el actual sistema de pensiones, reformado hace 20 años, está fragmentado ya que existen más de mil distintos modelos y esquemas, cada uno con sus propias tasas de cotización, tasas de reemplazo, reglas, incentivos, condiciones y beneficios.
«El gran reto del próximo sexenio es resolver los problemas de baja cobertura con una mayor tasa de reemplazo y para eso urge crear un sistema nacional de pensiones que homologue las condiciones y reglas de jubilación, aumente la edad de retiro ajustándola conforme a la expectativa de vida, que sean equitativas y proporcionales a lo contribuido y que se pueda inventariar el centenar de planes de pensión que existen, así como saber qué tan fondeados están», aseguró Enrique Díaz-Infante Chapa, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
El aumento de edad de jubilación, como ya ha sucedido, es inevitable. El Colegio Nacional de Actuarios (Conac) calculó que de los 18 millones que cotizan al IMSS alrededor de 6 millones de personas que pertenecen al régimen de pensiones de 1973 no podrán jubilarse a los 65 años y tendrán que aguardar dos años más para cumplir con las mil 250 semanas de cotización requeridas por la Ley del Seguro Social.
Pero no es suficiente. El gobierno debe incrementar el empleo formal con mejores salarios para que tengan margen de ahorro. «Esa es la clave contra esa bomba de tiempo que explotará en 20 o 25 años”, alertó el economista José Nabor Cruz.
El actuario Francisco Miguel Aguirre, autor de Pensiones… ¿y con qué?, señaló que para dimensionar el problema se tendría que tomar en cuenta que el monto acumulado que se adeuda por pensiones es de 120 por ciento del PIB. Son alrededor de 10.8 millones de pensiones.
El gasto en pensiones –la vía para preservar la dignidad durante la vejez– estima un presupuesto de 833 mil 207 millones de pesos para 2018, el 3.5 por ciento del PIB. Un monto significativo si se compara con el gasto destinado al sector salud de 2 por ciento y del pago de la deuda pública de 3.1 por ciento del PIB. Ante el alto número de pasivos laborales, esta tendencia de aumentar el presupuesto a pensiones va a continuar hasta 2055. Además, de 2014 a 2016 se ha gastado, en promedio, 5 por ciento más de lo que aprueba la Cámara de Diputados.
A pesar de que, junto con el saldo de la deuda histórica y las participaciones a estados, el gasto destinado a pensiones está presionando el presupuesto público, los mexicanos que se retiran del mercado laboral no gozan de una cobertura universal ni de tasa de reemplazo suficiente.
De cada 10 mexicanos solo tres tienen acceso a una con una tasa de reemplazo de alrededor de 26 por ciento de su último sueldo. Es decir, si un trabajador ganaba 10 mil pesos mensuales, recibirá 2 mil 200 pesos, ha dicho el investigador en seguridad social Enrique Díaz-Infante.
MÁS PENSIONES PARA SERVIDORES PÚBLICOS
Los especialistas resaltaron la inequidad en el reparto de las pensiones y la edad de retiro, pues los 2 millones de ex empleados de Luz y Fuerza, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reciben entre 8 y 11.3 veces más que los 18 millones de trabajadores formales que cotizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes en promedio reciben 4 mil 200 pesos mensuales además de retirarse a una edad mayor que los funcionarios de las paraestatales.
Elena Martínez laboró como maestra de una primaria pública durante 35 años y se jubiló en 2010 a los 60 años. Ganaba 14 mil 600 pesos y ahora, del ISSSTE, recibe 20 mil 200 pesos porque al jubilarse le otorgan 10 salarios mínimos y cada febrero su pensión va aumentando por el salario mínimo actualizado (80.04 pesos). Los maestros de escuelas privadas reciben menos porque las empresas contribuyen con poco porcentaje. Su esposo Miguel fue cocinero en un hospital del IMSS durante 27 años y se jubiló a los 49 años. Ganaba más de 16 mil pesos mensuales.
Más del 50 por ciento del presupuesto público destinado para el pago de pensiones contributivas se concentra en los ex trabajadores de alguna institución del gobierno que representan el 24.7 por ciento del total de las pensiones contributivas, reveló una investigación del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP).
El texto documentó que para 2017 se tienen aprobados 35 mil 964 millones de pesos destinados a 47 mil 387 pensionados de la CFE. Esta compañía estatal aumentará el gasto en pensiones hasta 2030 y se extinguirá hasta 2090. Para los 93 mil 564 pensionados de Pemex el presupuesto aprobado este año es de 53 mil 794 millones de pesos. El recurso para la petrolera se seguirá incrementando hasta 2055 y se terminará de saldar en 2120.
Asimismo, este 2017 se destinan 19 mil 482 millones de pesos para el pago de los 20 mil pensionados de la extinta Luz y Fuerza, saldo que finalizará en 2074.
«Pensiones es el gran tema que se ha ido pateando como bote. No se ha hecho una reforma al sistema de pensiones para lograr los objetivos de cobertura universal, digna y con un sistema sostenible. El gran reto es cómo parar la bola de nieve del sistema de contribuciones indefinidas, el que más consume recursos presupuestales, entiéndase los jubilados de lujo de Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE o los no de tan lujo que son las de generaciones de transición, es decir, aquellos que empezaron a trabajar antes de la reforma de 1997 y tienen la opción de jubilarse a través del IMSS con recursos con cargo al contribuyente», expuso Enrique Díaz-Infante, egresado de la London School of Economics.
Alejandra Macías, investigadora del CIEP y coordinadora de la investigación citada sobre las pensiones, dijo que dado los niveles salariales en el país, los trabajadores privados que cotizan ante el IMSS pueden ahorrar para su pensión un 6.5 por ciento frente al 11.3 por ciento ahorrado por trabajadores del gobierno.
Una opción a este boquete financiero es el pago de impuestos sobre pensiones onerosas como las de Luz y Fuerza y la CFE. Aunque esos ex trabajadores tienen derecho a la pensión prometida, consideró, debe haber conciencia intergeneracional mediante una redistribución entre pensionados.
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El consultor financiero Abraham Vergara Contreras también consideró la necesidad de una reforma que contribuya a la repartición equitativa acompañado de un crecimiento económico sostenible, ya que, dijo, desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se ha venido parchando el sistema de las pensiones, pero no se ha hecho una reforma totalmente integral.
«Ya lo pateó Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto. Necesitaríamos que el próximo Presidente independientemente de su color termine esa reforma porque la población está envejeciendo, cada vez es más longeva, pero la cobertura actual es muy baja. Si no, no va alcanzar el dinero para los que se vayan a jubilar», evaluó el académico.
Además se debe acabar la distinción entre trabajadores del sector público y del privado. Tanto los trabajadores de paraestatales (Pemex, CFE e ISSSTE) como del sector privado deben cumplir las reglas de edad de retiro y monto proporcional a la contribución, expuso Vergara.
El alto nivel de informalidad también es tema. Macías, investigadora del CIEP, enfatizó el insuficiente monto de las pensiones a personas que no contribuyeron por estar en ese sector sin acceso a seguridad social, donde labora más de la mitad de los trabajadores mexicanos. Con este esquema 5.4 millones de personas mayores de 65 años reciben 580 pesos al mes, lo que calificó como insuficiente al no alcanzar para la canasta básica.
«Se tiene que pensar en las personas que no se están incorporando en el mercado laboral formal, que no están ahorrando ya que si de por sí no hay espacio fiscal para mejorar la pensión de los trabajadores formales, ¿de dónde se sacará dinero para los informales [pensiones no contributivas]?», cuestionó.
Para muchas personas mayores, será la única fuente de sustento. Sin embargo, puede generar incentivos a la informalidad y, en la medida que la población de adultos mayores crezca, los montos requeridos para sostener una pensión más generosa pudieran crear una gran presión fiscal. Por ahora más de 39 mil millones de pesos del presupuesto se ocupan en ello.
Finalmente, el investigador Enrique Díaz-Infante aseguró que la reforma a las pensiones debe ir acompañada necesariamente de una Hacendaria que permita generar los recursos públicos para pagarlas y revise el destino del gasto. Hay un problema actual de sostenibilidad porque la reforma fiscal de este sexenio generó más de 3 por ciento del PIB, pero los intereses pagados por la deuda son del 2.9 por ciento.
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