Mientras que para Aurelio Nuño Meyer, Secretario de Educación Pública, la educación en nuestro país “va en buen camino” con la Reforma Educativa de 2013 –dijo en junio de este año-, las cifras oficiales lo contrarían. Por su parte, analistas consultados por SinEmbargo refieren que la enmienda constitucional, pese a ser un paso importante, podría ser contraproducente y agravar algunos problemas porque no fue bien planeada ni gestada, con tiempo suficiente, para constituir un proyecto serio y efectivo.
El próximo Primer Mandatario deberá enfrentarse a una educación pública que deja varios pendientes: el rezago que aflige al 25 por ciento de la población en México; el amplio gasto corriente del sector [97 por ciento de su presupuesto] y la poca inversión en educación [1 por ciento de su presupuesto]; la calidad educativa, que más que respuestas, levanta dudas, y el conflicto magisterial contra la evaluación de profesores y el nuevo Servicio Profesional Docente.
Según los expertos, hará falta más compromiso con la educación y menos con la política, si queremos que México salga adelante. Urge más transparencia, diagnósticos y una estrategia que disuelva la desigualdad educativa en nuestra nación, apuntan.
DÉCIMA Y ÚLTIMA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).- Corría el 10 de abril de este año. El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Meyer, visitaba el estado de Zacatecas para presentar el nuevo modelo educativo del Gobierno federal. Allí, un niño de primaria llamado Humberto le pidió ayuda para “tener escuelas y poder hacer crecer a México, porque México puede pero no salimos adelante”. Para el pequeño, es necesario “tener maestros dedicados” quienes atiendan a los más de 32 millones de estudiantes en territorio nacional.
Un mes antes del discurso de Humberto, el Gobierno federal destapó su estrategia para mejorar la calidad de la educación en nuestro país, misma que, según sus principales ejes rectores, busca incrementar la calidad de las escuelas en materia de autonomía, infraestructura, educación y aprendizaje. Parte de estos objetivos serían perseguidos a partir de dos programas iniciales: «Escuelas Dignas» y «Escuelas al Cien”.
Hasta ese momento, la inversión del sector educativo en infraestructura -4 mil millones de los casi 50 mil millones de pesos presupuestados para todo el sexenio de Enrique Peña Nieto- no había rendido frutos. De las 3 mil 382 escuelas que en 2015 recibieron cuando menos un millón de pesos para mejorar sus instalaciones, únicamente 494 [14.6 por ciento] fueron certificadas como “escuelas dignas”, refieren datos de la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda. Esto representa una mejora del 0.2 por ciento del total de los planteles educativos [257 mil 334] que existen en todo el territorio nacional.
Entre 2015 y 2018, el Gobierno federal buscará beneficiar a un total de 33 mil 722 institutos educativos. Hasta septiembre de este año, fueron invertidos más de 26.1 mil millones de pesos para mejorar 17 mil 883 planteles, refieren los datos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).
No obstante la millonaria inversión, los resultados en materia de combate al rezago educativo hablan solos: en la actualidad hay cuando menos 30.3 millones de personas que sufren de rezago educativo, lo que implica que el 25.4 por ciento de la población en México no tiene la secundaria terminada, refieren datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Desde 2010, 1.5 millones de mexicanos han salido del rezago educativo, un avance menor al cinco por ciento en los últimos años. Asimismo, en ese mismo periodo, 310 mil 362 personas dejaron atrás su incapacidad para leer y escribir, una mejora de casi 12 por ciento.
El contraste de grandes erogaciones y sutiles resultados es el vivo reflejo de políticas mal diseñadas y aplicadas, refieren los especialistas consultados por SinEmbargo. Para el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto “heredará problemas al siguiente gobierno”.
Existen dos razones principales para ello: primero, que “bajo los actuales esquemas educativos no podremos esperar mejor calidad en las aulas [porque] el nuevo sistema de evaluaciones no sirve”, explicó el académico. Ello debido a que no contempla el establecimiento de una “relación pedagógica entre el docente y el alumno” –el “gran error de la Reforma”, como él lo llama-.
En segundo lugar, porque en nuestra nación, que presenta «una gran desigualdad social”, no existen «proyectos educativos diferenciados” para atender a los grupos más vulnerables de México -como lo son las comunidades indígenas y rurales-. En la opinión del investigador, “no hemos logrado que la escuela, en su plan de estudios, se acerque a la vida cultural de estos sujetos de la educación. Tenemos planes de estudio que responden más a la lógica académica, cuando tendrían que responder más a las inquietudes de los alumnos”.
Sin embargo, “no se puede echar abajo una Reforma Educativa sin conocer en su integridad qué implicaciones tuvo en todo el proceso educativo […]. Falta hacer un balance detallado en función de qué cambios ha generado y cuáles de esos cambios son favorables y no favorables al fin último, que es el mejoramiento de los aprendizajes”, afirmó la doctora Gloria Del Castillo Alemán, profesora-investigadora de tiempo completo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México.
En su opinión, la enmienda “no va a tener resultados en el corto plazo en términos de aprendizaje”, aunque sí es significativa por los cambios estructurales que implica para el sistema educativo.
Para el próximo Presidente de la República [2018-2024], que será electo el 1 de julio del año entrante, habrá muchos retos qué superar, según los analistas: un mejor manejo del millonario presupuesto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibe año con año; el aterrizaje de la Reforma Educativa que plantea un nuevo sistema de aprendizaje -pero que más bien se ha centrado en una enmienda de tipo laboral-; la calidad de la educación y los docentes que la imparten; además de resolver el problema que implica negociar con el sindicato educativo; entre otros.
Pero no todo son malas noticias. Hoy, el 71 por ciento de la población de 4 a 24 años [32 millones de personas] asiste a la escuela, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Y a pesar de que esto implica que por lo menos 13 millones de personas en ese rango de edad no van a clases -según datos del INEGI-, la información del INEE arroja que, de 2010 a 2015, el promedio de escolaridad de la población de 15 a 64 años y más aumentó en 0.5 puntos porcentuales. Esta diferencia implica que más gente haya superado la educación secundaria y haya llegado al primer año de preparatoria.
El avance, inclusive, ha sido reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, para el organismo internacional existen dos factores que urge remediar: la baja proporción de estudiantes que llegan a la universidad -en México, «sólo el 17 por ciento de las personas de entre 25 a 64 años lograron terminar una carrera universitaria», refiere su informe “Panorama de la Educación 2017”-. Y la manera en que se invierte el gran presupuesto del sector educativo -más de 693 mil millones de pesos para este año-.
Una revisión de los presupuestos de egresos de los últimos 10 años, realizada por esta Unidad de Datos, arrojó que, en promedio, menos del uno por ciento del presupuesto para la educación es para gasto educativo, mientras que un 97.5 por ciento forma parte del gasto corriente. Dichas cifras concuerdan con las que México Evalúa lanzó en 2016, que indican que de cada 100 pesos en gasto educativo, 83 iban destinados a servicios personales; ocho a subsidios; cinco a otros gastos corrientes; y dos, respectivamente, a gastos de operación y de inversión.
El gasto desbalanceado “nos dice que es un sistema que no tiene prioridades para impulsar un proyecto de trabajo en el aula, que sólo se puede realizar con los docentes”, refiere Díaz Barriga. Por eso, a pesar de que México es el país miembro de la OCDE que más invierte en educación, tiene los peores resultados educativos.
En la actualidad, del total de planteles de sexto de primaria, tercero de secundaria y del último grado de la Educación Media Superior en que se aplicó la prueba PLANEA -que mide la calidad educativa de los estudiantes-, sólo el 10 por ciento [9 mil 751 educandos] obtuvo una calificación “excelente”. Del resto, 20 por ciento [19 mil 491] estuvo “bien”; otro 20 por ciento [19 mil 505] pasó “de panzazo” y la mayoría -el 50 por ciento [48 mil 661 estudiantes]- fue “reprobado”, refieren datos del semáforo de resultados educativos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Lo mismo pasó en la última edición de la prueba PISA, en la que nuestro país ocupó el lugar 53 de 65 que participaron, así como el último lugar entre los 34 países miembros de la OCDE.
NUEVO MODELO, NUEVOS CONFLICTOS
La Reforma Educativa de 2013 tiene tres ejes centrales. El primero de ellos es la creación del Servicio Profesional Docente (SPD), a partir del cual -al menos en la letra- se dejó atrás al sistema de escalafones para la asignación de plazas, promociones, reconocimientos y estímulos laborales; y se instauró, como criterio básico de cualquier otorgamiento, el mérito académico y profesional de cada profesor. El objetivo del SPD es mejorar la calidad docente, e indirectamente, acabar con la corrupción en el sistema educativo -venta o herencia de plazas, clientelismo corporativo, entre otros-.
El segundo eje de la Reforma fue la descentralización del INEE, que a partir de febrero de 2013 se convirtió en un organismo público autónomo, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su tarea principal es la de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional.
Sobre estos dos puntos, la doctora Martha Lucía Rivera Ferreira, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), dijo que el problema de la Reforma constitucional radica en que, para empezar, carece de diagnósticos. De ese modo, «decir que la razón por la que se hizo esta Reforma es para mejorar la calidad de la educación es pura retórica política. No existe un solo estudio que compruebe, de manera irrefutable, que evaluar al maestro va a mejorar la calidad de la educación», explicó.
Al respecto, el doctor Ángel Díaz Barriga de la UNAM comentó que “no puede haber un modelo ideal de docente en México, por la sencilla razón de que es un país que tiene una gran desigualdad económica y cultural”.
Ambos especialistas concuerdan en que las evaluaciones docentes no responden al contexto de una sociedad heterogénea como la mexicana; y en el caso de las pruebas como PLANEA y PISA, comentan que no son fuente suficiente para determinar el estado actual de la educación en México.
Por ello, afirman, “este gobierno va a heredar un desprestigio social hacia la profesión docente como nunca se había visto en el país” –indicó Díaz Barriga-, además de que la Reforma Educativa “está agudizando el problema de la desigualdad” –dijo Rivera Ferreira-.
Urgen diagnósticos y consenso entre las autoridades y los profesores, concluyeron. Pero también que la norma cambie. “Para ser profesor, la persona tiene que haber cursado estudios de educación Normal y no sólo, como establece la Ley, cualquier egresado de educación superior”. Esto para garantizar que los profesores no sólo cumplen con los requisitos académicos, sino también con los pedagógicos, dijo Díaz Barriga.
El tercer eje es el corazón del “nuevo modelo educativo”, una estrategia encaminada a reorientar la docencia hacia el aprendizaje de calidad. Promueve, sobre todo, que los alumnos pasen de memorizar la información a ejercitar su capacidad racional y reflexiva; que haya formación y actualización continua de todos los docentes; y que las escuelas sean autónomas -con planes de trabajo y recursos propios-.
Los especialistas apuntaron que hace falta la aplicación de nuevas tecnologías y dar seguimiento al trabajo en clase. Asimismo, señalaron que parte de este problema es que los gobiernos estatales tampoco han entendido que a ellos les corresponde no sólo administrar los recursos, sino ir trabajando para que se generen proyectos educativos adecuados a la cantidad de entornos diferentes que tiene nuestro país.
Sin dejar de hacer notar que la enmienda traerá cambios administrativos y laborales positivos, los académicos no ven cambios importantes, a corto plazo, en términos de calidad educativa; aunque quizá sí a largo plazo –como apunta la especialista en análisis de la política pública, Gloria Del Castillo Alemán-.
Empero, algunos ven un panorama más negro: “No tenemos posibilidad de que lo sustantivo mejore con esta Reforma. En cinco o diez años –porque esto va a seguir- vamos a volver a ver las cifras, y no solamente no vamos a mejorar, es probable que estemos peor que ahora”, estimó la académica de la Universidad Pedagógica.
CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
ADEMÁS
Para el ciclo escolar 2016-2017, hay al menos 96 mil 015 individuos que deberán ser integrados al Sistema Educativo Nacional luego de aprobar su examen de concurso.
Resta saber si la asignación de plazas será cumplida de manera cabal y en cumplimiento de las nuevas normas -según las cuales, el “orden de prelación” supone dar prioridad de ingreso a los docentes con mayores méritos y mejores resultados de evaluación-. O si dichas plazas serán repartidas, en parte, respetando los vicios de vieja usanza, al margen de los controles sindicales tradicionales [“dedazos”, “palancas”, herencia y corrupción].
Al respecto, Juan Alfonso Mejía López, director general de Mexicanos Primero, dijo a SinEmbargo que lo que hace falta es que los gobiernos locales y federal sean más transparentes al momento de publicar todas las plazas vacantes, para «generar certeza de que está respetando el número de plazas puestas a concurso […] y dar certeza de que la lista o el orden de prelación sí corresponde de manera efectiva a las plazas que fueron concursadas […]. Hace falta la instauración de un sistema completamente electrónico y transparente”, explicó.
Tan sólo en los primeros seis meses de 2016, Mexicanos Primero dio a conocer que en 15 estados de la República se destinaron 65.8 millones de pesos para el pago de personal docente comisionado, a través de la nómina educativa, cuando no tenían por qué percibir esa gratificación.
En julio de este año, la SEP anunció que sometería a concurso 44 mil 076 plazas “irregulares” que eran ocupadas por “aviadores” [o personas que cobran sin desempeñar funciones] y que equivalen a una erogación anual de 5 mil millones de pesos. Además hubo 1 mil 361 plazas que, aunque estaban dadas de baja, seguían siendo cobradas por “error”; y 10 mil 533 «puestos fantasma” -sin registro de propietario o actividad correspondiente-.
Para los especialistas en materia educativa, la Reforma servirá, sin duda, para contrarrestar la corrupción. Sin embargo, ninguno puede asegurar que sirva para cumplir su objetivo principal: impulsar el desarrollo de las habilidades socioemocionales, para que los menores de edad aprendan a aprender.
