“Calcetitas rojas», Valeria Teresa Gutiérrez, Marisol, Fátima Altamirano y Mariana Joselín desaparecieron y fueron asesinadas en un país en el que los mecanismos de prevención y combate no responden, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El reporte “La invisibilidad de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en México» reveló que de 2006 a 2014, 6 mil 725 niñas, niños y adolescentes, de entre 0 y 17 años, desaparecieron en el país sin que hasta ahora haya respuestas de las autoridades federales y locales.
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Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).– Los crímenes y desapariciones en contra de niñas y adolescentes –entre los que se encuentra el caso de “Calcetitas rojas”– tienen que ver con la falta de capacidad y de interés por parte de las autoridades mexicanas, acusaron la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la activista Verónica Villalvazo.
Los mecanismos empleados por el Estado, dice la organización civil, no responden “a los diversos escenarios en los que ocurren las desapariciones de personas menores de 18 años».
“Son diferentes formas de violencia a las que está expuesto un niño en el país. Maltrato infantil, discriminación, a la falta de oportunidades, las puertas cerradas de la educación. Todo lo que afecte en sus proyectos de vida», expusoVerónica Morales, encargada del área de comunicación social del Redim, coalición de organizaciones de la sociedad civil que ha impulsado a la construcción de una legislación que considere a niños, niñas y adolescentes como una de las principales víctimas de esta problemática.
El reporte “La invisibilidad de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en México», elaborado por esta Red, reveló que de 2006 a 2014 desaparecieron 6 mil 725 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años.
El Estado de México, donde fue localizado el cadáver de “Calcetitas rojas”, se hallaba en la segunda plaza, con 562 desapariciones, sólo detrás de Tamaulipas, entidad en la que se registraron mil 914 casos.
Las mujeres adolescentes entre los 15 y 17 años, dijo Morales, son la población más afectada y los casos podrían, “aun cuando las autoridades no lo han dicho oficialmente, estar relacionados en temas que tienen que ver con trata, explotación sexual, explotación laboral».
“La búsqueda debe ser inmediata. Debe tenerse un protocolo específico para adolescentes, y se debe considerar una perspectiva de género», apuntó la representante de Redim.
La violencia en contra de la mujer se encuentra en cada rincón del país, pero en el Estado de México ha tenido un detonante. Entre 2015 y 2016, por ejemplo, los casos de desapariciones de mujeres y niñas aumentaron en un 168 por ciento, de acuerdo a información de la organización I(dh)eas.
En 2017 no sólo el caso de “Calcetitas rojas» laceró a la sociedad mexiquense. También vibró el rostro Valeria Teresa Gutiérrez, Marisol “N”, Fátima Altamirano…
CASOS: VALERIA, MARISOL, FÁTIMA, ROSA…
José Octavio Sánchez Razo, chófer de la ruta 40 de Nezahualcóyotl, se colgó al interior de su celda en el penal Neza-Bordo el 15 de junio, justo después de ser recluido por su presunta responsabilidad en el feminicidio infantil de Valeria Teresa Gutiérrez, de 11 años.
El 8 de junio, la pequeña, quien cursaba el sexo año de primaria, abordó una combi en la colonia Benito Juárez, del municipio mexiquense, y Sánchez Razo la raptó, violó, asesinó y abandonó.
Los padres de la víctima acudieron ante las autoridades en las primeras horas, “las cuales son cruciales para hallar con vida a los niños desaparecidos», de acuerdo a Redim. Sin embargo, no se actuó a tiempo.
“Gobierno, Presidente, estaban muy ocupados en su elección (para elegir Gobernador en el Estado de México), estaban muy ocupados en sus votos, se perdió la niña y no hubo nadie que nos apoyara», dijo la madre de Gutiérrez en ese momento.
El 21 de junio, 13 días después del ataque a Valeria, una joven más fue abusada sexualmente en otra unidad de transporte público en el Estado de México.
De acuerdo a información de medios, la joven de 16 años -sin identificar- tomó la ruta 56 en el municipio de Los Reyes La Paz, y el chófer se desvió rumbo a calles sin pavimentar y la violó.
En septiembre, el mes en que tomó protesta como Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, el Estado de México continuó bañado de sangre y crimen.
El día 3, Marisol “N”, de 16 años, fue localizada sin signos vitales y con huelas de abuso sexual en la colonia los Remedios en Santiago Tolman, en Otumba.
Para el 9 del mismo mes la lista sumó un nombre más: Fátima Altamirano, de 15 años de edad, fue asesinada y abandonada en un terreno baldío en La Paz. Sus padres, quienes le perdieron el rastro de camino a la escuela, la identificaron.
Y en agosto, otro caso. Esta vez una niña de 7 años fue secuestrada y conducida por calles del municipio de Chalco.
Y en julio, uno más: Mariana Joselín, de 18 años, desaparecida, violada y asesina. Y Rosa Analí Aparicio Vega, apuñalada en Tultitlán. Y los ejemplos no paran…
LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Una persona que pierde a un familiar tiene que enfrentar al dolor y al maltrato de las autoridades, quienes no tienen la capacidad ni conocen los protocolos de actuación en esos casos.
“El trato que se les da a los familiares de las personas de un niño o niña desaparecida no es el más adecuado. Las autoridades carecen de capacitación y de formación en temas de derechos humanos», explicó Verónica Morales. “Un padre o una madre, independientemente de cómo haya desaparecido su hijo, tiene el derecho a ser respetado. Sin embargo, te encuentras con que autoridades, cuando les llegan a reportar una mujer adolescente, lo primero que les dicen es: ‘búsquela con el novio’. Ese tipo de cosas tienen que cambiar. Autoridades necesitan de una capacitación y de una especialización».
“Falta mucho trabajo con las procuradurías, las cuales deberían estar actuando, garantizando los derechos de los niños», apuntó.
La activista Verónica Villalvazo, por su parte, aseguró que a las autoridades del Estado de México “no les importa violentar los derechos de los niños aunque estén muertos’’. Ella ha seguido el caso de «Calcetitas rojas» y actualmente mantiene una campaña para dar con la identidad de la menor y con los responsables del asesinato.
“Aceptemos que es real. Tenemos que aprender a prepararnos para saber qué hacer con estos crímenes […]. Que las leyes no sean simuladas, sino utilizadas por las instituciones. No apuesten al olvido. Muestren las vidas que nos arrancaron’’, agregó Villalvazo.
Para la Redim, es necesaria la tipificación amplia del delito, la presunción de desaparición en todos los casos, los protocolos y procedimientos de búsqueda inmediatos y que las investigaciones sean de oficio y que no requieran de un querellante para seguir.
Además, la organización urge a armonizar y articular procedimientos y leyes que tengan que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“Hace falta inversión para que los programas funcionen. Puedes tener programas, leyes, pero si no hay presupuesto, no se llega a los niños y niñas que necesitan el apoyo», señaló Morales.
