Si se llevan décadas construyendo una identidad supranacional que conforma la Unión Europea, que se concreta en dimensiones económicas, políticas, culturales, sociales, etc.; no es de extrañar que algunos de los tradicionales estados nacionales se vuelvan porosos y entren en una crisis de representación e identidad al interior  de sus territorios jurídicos. Las regiones diversas que los conforman, en muchos casos mantienen tradiciones culturales propias, e incluso conservan sus lenguas originales; y por diversas causas históricas y geopolíticas se asumen como sujetos nacionales con capacidad de independencia para vincularse directamente con el nuevo ente europeo, sin más intermediaciones.

Esta lógica de larga duración es la que tiene al presidente catalán, destituido por unos y confirmado por otros, en Bruselas. Carlos Puigdemont eligió a lo que denomina “el corazón de Europa” como el lugar para responder al gobierno español por la aplicación del 155, que no es otra cosa que el fin de la autonomía del gobierno catalán elegido democráticamente y acusado por usurpar los mismos poderes del estado español.

Una disputa jurídica cuyos resultados no sólo se darán en los tribunales y las urnas si no también en la vida diaria de millones de ciudadanos. Lo quePuigdemont y sus aliados están haciendo es recordarle a los poderes de la Unión Europea que ellos son ciudadanos de esa entidad supranacional y que deben reconocer de frente el conflicto político que no atañe solo al estado español.

Esta tensión estructural jurídica, podrá encontrar sus respuestas constructivas en el ámbito de la política. Y es en este territorio donde los cimientos institucionales democráticos de España comienzan a fracturarse. Las elecciones, como una vía para renovar esos cimientos, parecen tener su prueba de fuego el próximo 21 de diciembre, donde los partidos independentistas han aceptado el reto del presidente Rajoy, para anunciar participar en unas elecciones que a la vez consideran ilegítimas por el origen y condiciones de su convocatoria; pero que la realidad política y la competencia implícita de las mismas les hacen prever un posible triunfo, que ratifique su camino iniciado el primero de octubre con el referéndum llevado a cabo.

Cualquiera sea el resultado, si se da ese proceso electoral, obligará al estado español y a los catalanes independentistas a negociar y acordar un mapa de ruta, que incluso alcance con otros actores como el País Vasco a modificar la Constitución que tuvo su origen en el fin del franquismo y que parece ha cumplido su periodo histórico; manteniendo un ambivalente estado autonómico en el marco de una monarquía parlamentaria, donde los partidos nacionales con sus respectivos rostros regionales sostienen una permanente tensión política; ciertamente propia de una democracia, pero dilatada por la presencia de la realidad supranacional que implica la Unión Europea y que se traduce entre cohesión y separación.

¿Cómo articular el territorio de la península en estos renovados y complejos contextos?, ¿Cómo sostener una monarquía que se ha erosionado fuertemente los últimos años?, ¿Cómo encontrar los acuerdos jurídico-políticos que permitan a los trazos autonómicos, federales, republicanos encontrar sus ajustes y definiciones más pertinentes?. Las preguntas pueden continuar, lo cierto es que apuntan a un horizonte que permita imaginar que las tradiciones, las identidades, las regiones y sus intereses pueden encontrar renovadas formas de representación política, donde las independencias  de significativas comunidades históricas sean una posibilidad esperanzadora y no amenazante. Nacionalismos  en la globalización, es reconocer las voces del coro, no su dispersión, ni extinción, ni del coro ni de ellas.

La Unión Europea no puede ser ajena a toda esta experiencia ya que está en su propio origen. Cataluña no está sola en esa dinámica histórica, es una frecuencia de estos tiempos donde los estados nacionales están en mutación por decir lo menos.

Tomás Calvillo Unna

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