Los legisladores independentistas se reunieron para debatir la convocatoria de una sesión especial en el parlamento regional la semana que viene, según dijo el jueves por la noche a The Associated Press Eulalia Reguant, legisladora del partido de ultraizquierda CUP, lo que podría apuntar a la declaración unilateral de independencia sugerida en la carta del presidente catalán.
Barcelona/España, 20 de octubre (AP).- El Gobierno español y el principal partido de oposición acordaron el viernes la celebración de nuevas elecciones en Cataluña en enero, dentro de un paquete de medidas especiales para intentar resolver la mayor crisis política del país en varias décadas.
Es probable que la decisión avive las tensiones entre España y los activistas independentistas catalanes. El gobierno regional catalán afirma tener el mandato de separarse de España tras un referendo ilegal celebrado el 1 de octubre y no quiere celebrar nuevas elecciones regionales.
El Gobierno central tenía previsto celebrar el sábado un Consejo de Ministros para iniciar la activación del Artículo 155 de la Constitución española de 1978, que permite a las autoridades centrales asumir todas o parte de las competencias de cualquiera de las 17 comunidades autónomas del país.
La medida, que no se ha utilizado desde la restauración de la democracia tras la dictadura del general Francisco Franco, necesita la aprobación del Senado. El gobernante Partido Popular tiene mayoría absoluta en la cámara alta, de modo que podría aprobarla por sí mismo con facilidad a partir del 27 de octubre.
Sin embargo, el PP ha celebrado negociaciones con el principal grupo opositor, el Partido Socialista (PSOE), sobre la mejor forma de aplicar el Artículo 155 para hacerlo con un mayor consenso.
Carmen Calvo, miembro del PSOE, anunció el viernes que se había alcanzado un acuerdo con el gobierno español para la celebración de nuevas elecciones en Cataluña el próximo enero.
Entre tanto, independentistas catalanes hicieron una llamada a sus seguidores a que retirasen dinero en efectivo de las entidades financieras que han trasladado su sede oficial a otros lugares de España.
El grupo paraguas Crida Democracia pidió el jueves por la noche a los consumidores que presionaran a los bancos que trasladaron su sede social. Docenas de personas hacían fila el viernes en una sucursal de CaixaBank en el centro de Barcelona, y la mayoría retiraron 150 ó 160 euros de los cajeros automáticos.
Las cifras eran las más cercanas a 155 que permitían las máquinas bancarias, una referencia al número del artículo en la Constitución española.
CaixaBank y Banco Sabadell, los bancos más grandes de Cataluña, son algunas de las casi 1.000 instituciones financieras y empresas que han trasladado su dirección oficial fuera de la comunidad autónoma.
“Estos bancos son traidores”, dijo Oriol Mauri, de 35 años y propietario de un negocio de juegos infantiles en el centro de Barcelona. “Tienen que ver que somos muchos los que estamos enfadados”.
Mauri, que retiró 150 euros porque el cajero no le permitía sacar 155, dijo que no le preocupaba la marcha de empresas de Cataluña.
“No me preocupan las repercusiones económicas”, dijo Mauri. “Nuestro poder como consumidores es quizá la única forma de influir y de que se oiga nuestra voz en Europa”.
Ana Coll, farmacéutica de 55 años y que retiró 160 euros, dijo que las protestas pacíficas en la calle no han bastado para influir a los que toman las decisiones en España y Europa.
“Tenemos que aumentar nuestras acciones y hacer algo que duela de verdad, y eso es apuntando al dinero”, afirmó.
Sin embargo, no todo el mundo veía la iniciativa como acertada y productiva.
“Esto es como dispararse en el pie. No va a resolver nada”, dijo Óscar García, consultor de 42 años, que comparó la propuesta con “la pataleta de un niño que no consigue lo que quiere”.
La crisis en torno al movimiento independentista en Cataluña escaló el jueves cuando el gobierno español empezó a preparar la activación del Artículo 155, después de que el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, declinara renunciar a la secesión.
Puigdemont envió una carta al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, justo al borde de un plazo límite fijado por Madrid para que diera marcha atrás a sus planes de independencia.
Sin embargo, el presidente regional no cedió y amenazó con hacer una proclamación unilateral de independencia si el gobierno de Rajoy se negaba a negociar.
El gobierno español respondió convocando el Consejo de Ministros del sábado para activar el proceso de intervención.
Puigdemont y sus aliados han descartado por ahora celebrar elecciones autonómicas anticipadas para resolver la crisis.
