Diez ex gobernadores, en su mayoría priistas, han sido detenidos durante esta administración, hay otros cuatro bajo investigación y uno fugado por desvíos de recursos públicos que suman más de 206 mil millones de pesos.
Ante el destino incierto de estos fondos, investigadores en transparencia exigen al Estado ubicar el dinero y devolverlo al erario en este momento en que México necesita reconstruirse.
«El primer responsable es el Estado porque son instancias [como la PGR y la Secretaría de la Función Pública] a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo», si las autoridades «fallaron» en vigilar que se aplique correctamente, tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad, afirma Paulina Gutiérrez Jiménez, directora del centro de investigación Ciudadano.
ADEMÁS
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– Ante el incierto destino de los más de 206 mil millones de pesos desviados del erario público por parte de 15 ex gobernadores, especialistas en transparencia exigen a las autoridades una investigación para detectar la ruta de ese dinero en empresas, cuentas bancarias, propiedades o inversiones en territorio nacional y global con el objetivo de recuperarlo y devolverlo a las entidades desfalcadas en un momento en que el país necesita reconstruirse.
La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que considera los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, expone que todos los bienes asegurados –incluyendo los billetes y monedas de curso legal, divisas y los de valor artístico– serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Su control comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión para ser devueltos en las mismas condiciones.
Manuel Guadarrama, abogado y coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que una de las sanciones que deberían aplicarse a los gobernadores que desvían los recursos es la de «resarcir el daño ocasionado al erario público al ser dinero de todos los mexicanos» y, en caso de no recuperar el dinero, «es una omisión del debido proceso por parte de la autoridad judicial».
Por ello, dijo, es necesario fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque «durante este sexenio su actuación ha quedado bastante disminuida y prácticamente se ha ido desmantelando», sus órganos internos de control deben de tener un rol protagónico, ya que son los encargados de vigilar la correcta actuación de los funcionarios públicos.
En cuanto a la fiscalización, la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –encargada de analizar el uso de recursos transferidos– es limitada en cuanto a efectos jurídicos.
«Es imprescindible el uso de la tecnología existente. Los nuevos modelos de negocios incluyen las transacciones electrónicas y las aplicaciones que permiten dar un seguimiento puntual a cada peso. El uso del efectivo debería quedar disminuido a cero, sin embargo muchos de los gobiernos estatales siguen manejando efectivo del recurso público para contrataciones o nómina», sostuvo Manuel Guadarrama, investigador en temas de transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto y derecho administrativo.
Paulina Gutiérrez Jiménez, directora del centro de investigación CCiudadano, interesado en el control ciudadano de lo público, coincidió en que ese dinero del erario público es de los mexicanos y si las autoridades «fallaron» en vigilar que se aplique correctamente, tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad.
«El primer responsable es el Estado porque son instancias –como la PGR– a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo de vigilar», afirmó.
En noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rescataron tras un convenio con dos empresas fantasma 421 millones de pesos desviados del erario público por el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y la devolvieron a la Tesorería de la entidad.
«Los bienes que resulten del dominio público de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México o de los municipios, se restituirán a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su naturaleza y a lo que dispongan las normas aplicables», afirma la Ley.
Incluso pueden ser donados. La Ley determina que en casos excepcionales, de conformidad con el monto, plazo o tipo de bienes, podrán ser donados o asignados a favor de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social.
LA FALTA DE SANCIÓN
Diez ex gobernadores, en su mayoría priistas, han sido detenidos durante esta administración por desvíos de alrededor de 178 mil 577 millones de pesos de dinero público. Hasta el momento, hay otros cuatro bajo investigación y uno fugado, que suman otros 28 mil 345 millones de pesos. En total son más de 206 mil millones de pesos que de acuerdo con la Ley deben ser devueltos a la Tesorería de las entidades desfalcadas: Tabasco, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes, Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua y Coahuila.
Pero en sexenios pasados la corrupción también ha estado presente. De 2000 a 2013, documentó el investigador del IMCO, hubo 63 gobernadores de los cuales 41 estuvieron involucrados en desvío de recursos, pero solo 16 fueron investigados de los cuales cinco fueron procesados. En contraste, en Estados Unidos de los nueve investigados todos fueron sancionados.
A nivel municipal, en el centro CCiudadano han evaluado la aplicación de recursos públicos en 13 municipios de siete estados del país como Chihuahua, Veracruz, Baja California y Yucatán. En general, ya sea por corrupción o falta de capacidades, los gobiernos municipales «no cumplen con la ley y hay muchísima opacidad» ya que no pueden tener acceso a información que debería ser pública sin solicitud, dijo Paulina Gutiérrez.
Además, acusó, hay «una simulación» en los órganos de participación civil por lo que tampoco se considera a la ciudadanía para conocer sus necesidades prioritarias y determinar la infraestructura social correspondiente. Pese a ello, no hay castigo a la violación de las normas.
ADEMÁS
La PGR también ha detectado recursos robados por el ex priista Javier Duarte de Ochoa en bancos de Europa y Estados Unidos.
«Se está investigando a dónde va el dinero y se está buscando recuperar cada uno de estos recursos identificados», aseguró en verano el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira.
Este martes la Fiscalía de Veracruz publicó una lista de objetos incautados al ex Gobernador de Veracruz durante un operativo en una bodega localizada en Córdoba, entre ellos, un busto de Gandhi, palos de golf, medallas, bolsas Louis Vuitton y bolígrafos Mont Blanc (que en el mercado valen hasta 20 mil pesos).
Ese mismo día, agentes de la Policía Ministerial de Tamaulipas realizaron un cateo en un rancho de casi 60 hectáreas –con lago y 12 caballos– registrado a nombre de una empresa en la que aparece como accionista de un 50 por ciento el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores, capturado la semana pasada por lavado de dinero.
«Los terremotos ocurrieron en un año de crecientes escándalos, entre ellos los arrestos de tres ex mandatarios estatales emanados del gobernante Partido Revolucionario Institucional, con señalamientos de corrupción y cuando se acusa a altos funcionarios de aceptar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht», resaltó la corresponsal del diario británico Financial Times, Jude Webber esta misma semana.
