Los damnificados de siempre por el sistema económico imperante, por el racismo profundo, por la marginación extrema, por una educación de mala calidad, por falta de asistencia médica adecuada. Los damnificados de siempre por la imposibilidad de la movilidad social cada vez mayor, por la concentración del poder político y económico, son hoy más damnificados que nunca.

Se compara el terremoto de 1985 con los de septiembre de este año, se citan las más de 12 mil muertes ocurridas hace 32 años frente a los 355 muertos de los terremotos del 7 y 19 de septiembre, reconocidos hasta este momento. Se compara también el costo del terremoto de 1985 que en pesos actuales se estima fue de 52 mil millones, contra la primera estimación del actual de 38 mil millones, según presidencia, y que ahora se considera es de 45 mil millones de pesos. De que el de 1985 impacto 2.1 del producto interno bruto y el de ahora 0.2.

Pero hay daños en el México profundo, el de los damnificados de siempre, que parecen no contabilizarse y que considero son muy superiores a los que provocó el terremoto de 1985 en ese sector. Un sinnúmero de comunidades rurales y semirurales de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Estados de México, Morelos, además de zonas de Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa, fueron afectadas profundamente por el terremoto en una dimensión aún no cuantificada. No están en el radar de los medios de comunicación tradicionales y muy poco en los digitales, es difícil acceder a estas comunidades y son tantas. En los medios aparece la tragedia en Jojutla y en Juchitán, pero no mucho más.

No aparece la mujer recién operada de cáncer, con sus dos hijas, sola, con su casa derruida; los cientos de ancianos que se han quedado sin hogar; los jornaleros que tienen que elegir entre medio levantar un techo con lonas y proteger a su familia de las lluvias o ir a trabajar si es que aún hay trabajo; los cientos de miles de diabéticos que han perdido el control sobre su glucosa, si es que eran los afortunados de tenerla, la mayor parte no tiene ese control y, además, la mayor parte de las personas de esas comunidades que tienen diabetes, no lo saben. La experiencia internacional señala que los terremotos provocan ansiedad, estrés postraumático, depresión, aumento del riesgo de síndrome coronario agudo, pérdida del sueño, entre otras consecuencias en salud que alteran el sistema inmunológico, que generan descontroles en la glucosa en sangre. El sector salud no ha reaccionado en base a estos protocolos.

El impacto de estos terremotos, unos tras otros, en la población rural y semiurbana en una gran extensión del territorio nacional es una característica que no habíamos vivido anteriormente. La cuantificación de edificaciones dañadas por SEDATU habla de más de 150 mil y se estima en un cuarto de millón las personas afectadas. El dato de casas severamente dañadas es un cálculo muy por debajo de la realidad cuando vemos pueblos devastados en todos esos estados.

Por otro lado, la SEP da el dato de 12,900 escuelas afectadas de las que tienen que reconstruirse 577. Para construir las 577 escuelas se habla de 13 mil 650 millones de pesos. El registro actual habla de más mil templos dañados y que la reconstrucción del patrimonio histórico tendrá un costo de 8 mil millones de pesos.

Los registros parecen estar muy por debajo de los daños que observamos en las comunidades, en los pueblos. Lo que no se registra es lo que ha significado el terremoto en la destrucción de los medios de vida para la gente que vive en estas poblaciones con lo que gana al día o a la semana. Desde el abandono de la tierra a la caída o pérdida de los pequeños negocios, pasando por perder los jornales por estar con la familia protegiéndola de la intemperie y solventando la sobrevivencia: los medios de vida se han colapsado y no hay quien ayude a reconstruirlos, no hay fondos considerados para apoyar a las familias a “reconstruir” sus medios de vida.

Los impactos en los medios de vida de la población siempre damnificada, la agudización de sus problemas de salud sin atención adecuada, no están considerados en las políticas de reconstrucción. Tan sólo en lo que se refiere a las personas con diabetes, en este país hay más de 10 millones de personas en esta condición, más de uno en cada diez adultos en esta condición. La enfermedad se ha propagado en comunidades rurales e indígenas donde hace 30 años no era común. Uno de los medicamentos más solicitados tras el terremoto ha sido la insulina, acompañado de la demanda de tiras reactivas y glucómetros. El estrés, la ansiedad y la depresión generan desequilibrios en la concentración de glucosa en sangre entre esta población que sabemos que representa un grupo muy importante entre los damnificados. Esa situación dispara y agudiza esta enfermedad en personas que aún no habían sido diagnosticadas.

De inmediato, para lidiar con la necesidad de hacerse de recursos para la reconstrucción, surgió la demanda de que no se otorgaran recursos públicos a los partidos para las elecciones del 2018, que fueran destinados éstos a la reconstrucción. La demanda ciudadana, bien intencionada, pero no bien calibrada, fue recibida con gusto por los partidos políticos que vieron en ella una oportunidad para un mayor control del poder ejecutivo y legislativo. El PRI y el Frente respondieron que las elecciones deberían hacerse únicamente con recursos privados, con todos los riesgos que esto representa, y añadió el PRI que deberían recortarse los legisladores plurinominales, lo que quitaría del camino la representación de partidos minoritarios y les daría un mayor control del poder legislativo. La crítica a esta propuesta de los partidos vino de todos lados, sería un golpe profundo a nuestra débil democracia, entregándola a los poderes económicos legales e ilegales. El escándalo que ha provocado la renuncia de Leonardo Curzio a su programa de radio en Nucleor Radio Mi,l que condujo por 18 años, en respuesta a la solicitud del director de este medio, Edilberto Huesca, para que despidiera a Ricardo Raphael y María Amapro Casar se dio justamente por la severa crítica que hicieron al PRI y al Frente por esta propuesta que sería un fuerte golpe a la democracia en nuestro país. Existe ya el consenso de que debe retirarse gran parte de estos recursos públicos para los partidos y sus campañas y dejarlos en su manifestación mínima, pero no entregar las campañas a los recursos privados legales e ilegales.

Por otro lado, es importante que consideremos que los recursos para las campañas de 2018 ascienden a 2.1 mil millones de pesos desde el INE y a 5.3 mil millones desde los institutos estatales electorales y que los recursos del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales ascienden a 9 mil millones. Es decir, la cantidad en el FONDEN alcanzaría únicamente para cubrir los gastos estimados de la reconstrucción del patrimonio cultural. Si el gasto en campañas se redujera en un 70%, estaríamos hablando de unos 5 mil millones que se liberarían y que alcanzarían para cubrir únicamente una tercera parte del costo de reconstrucción de las escuelas. ¿Y los recursos para carreteras, hospitales y para apoyar la reconstrucción de las casas?

La mirada al pasado puede aportarnos consideraciones importantes. Además de que las proyecciones de los costos seguramente aumentarán, aún no termina la temporada de huracanes. Tanto los terremotos como los huracanes han llevado a la necesidad de realizar ajustes en los paquetes económicos, se hizo así en el terremoto de 1985, y tras los efectos de los huracanes «Wilma» y «Stan», «Jimena» y «Alex», e «Ingrid» y «Manuel». La Secretaría de Hacienda ya anunció la necesidad de ajustes al paquete fiscal para 2018. ¿Y esos ajustes de dónde vendrán? Los hemos visto año con año en salud, desarrollo social y educación. Sabemos que roban y que parte importante de los recursos asignados a la política social no llega. Sin embargo, los recortes año tras año dejan aún más damnificados a los damnificados de siempre.

El tema es que vivimos un caos en el ejercicio de los recursos públicos a todos los niveles: federal, estatal y municipal, además de la profunda corrupción. Era de esperar que surgiera la demanda de que los miles de millones que se han robado exgobernadores y otros funcionarios públicos los regresen para la reconstrucción, pero esperar que así sea, de que es posible con el gobierno actual y la falta de impartición de justicia, con la impunidad reinante, es dejar a los damnificados tal como están.

Gerardo Esquivel y Rolando Cordera señalan los 50 mil millones de pesos que el gobierno ha gastado de manera adicional a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de este año en partidas como asesorías, comunicación social, publicidad oficial y viáticos señalando que esa cantidad supera los 45 mil millones de pesos que se ha estimado costará la reconstrucción. Estos montos representan una cantidad mucho mayor que los que pueden redestinarse recortando el gasto en campañas, lo cual no significa que no deban recortarse esos gastos en campaña, es necesario hacerlo.

Sin embargo, venimos viviendo una serie de recortes en el Presupuesto de Egresos cada año que afectan en necesidades básicas, especialmente, a los damnificados de siempre. Lo vemos en el deterioro de los servicios de salud y educación, en la propia infraestructura. Se propone un recorte de 1 por ciento en las diversas dependencias, pero qué pasa cuando estos recortes ya se han venido dando años tras año en sectores claves como el de salud o cuando ni financiamiento federal ha existido para acceso a agua.

Por otro lado, vemos como la deuda externa crece y crece. De 2009 a 2016 la deuda externa bruta de México pasó de 168 mil millones a 432 mil millones, en siete años la deuda externa aumentó a una tasa promedio de 22.46 por ciento anual. Los pagos generados por esta deuda son recursos que se podrían destinar a políticas sociales y de desarrollo en un país con una de las mayores desigualdades sociales.

Los daños de los terremotos se sobreponen, se cruzan y crean un coctel catastrófico con los daños en salud, con la epidemia de diabetes generada por la epidemia de obesidad, ambas declaradas emergencias epidemiológicas en México en 2016. Se estima que el costo de la obesidad en México esté alcanzando los 150 mil millones de pesos al año, tres veces más que los daños estimados por el sismo, parte importante de estos costos los genera la epidemia de diabetes. La mayor parte de estos costos caen en los bolsillos de las familias más pobres.

Los daños de los terremotos quedan marcados para siempre entre quienes tuvieron pérdidas de familiares, de amistades, y entre quienes perdieron parte o todo su patrimonio. La sociedad seguirá adelante. Pero, la catástrofe sanitaria, las emergencias epidemiológicas cada año cobrarán más víctimas, aumentarán sus costos como tres, cuatro o cinco sismos anuales. Las familias se seguirán precarizando por los costos del tratamiento de un familiar con diabetes. Si actualmente uno de cada diez adultos tiene diabetes, alrededor de un 40 por ciento sin saberlo, en un futuro se proyecta que uno de cada dos niños de nuestro país nacidos a partir del año 2010 va a desarrollar diabetes. Si la obesidad y la diabetes se consideran ya a escala global las mayores amenazas a la salud, México está entre los países que se encuentran al frente de estas epidemias.

El sector salud y el de desarrollo social son los que más recortes han recibido cada año en el presupuesto. Si en el presupuesto para 2015 el presupuesto al sector salud ya había sufrido un recorte de 10 por ciento para el 2016 se recortaron 10 mil millones más en relación a lo otorgado en 2015. Para 2017 otro recorte más llegó a salud, uno de 7.8 por ciento menos que en 2016, de 132 mil millones a 121 mil millones. Y lo más grave de todo es el hecho de que lo invertido en prevención es ridículo, cuando los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud advierten que la política en salud debe dar un giro profundo de la atención a la prevención, sin abandonar la atención.

La discusión del presupuesto debe abordar la dimensión integral de la reconstrucción y evitar el agudizamiento de las emergencias epidemiológicas que vivimos de obesidad y diabetes, especialmente entre los damnificados de siempre que ahora están más damnificados que nunca. Y uno de los mayores daños a la salud en estas comunidades es la falta de acceso a alimentos saludables y agua de calidad para beber. Si en regiones que viven en niveles de pobreza extrema en África y sin acceso a agua corriente, se han establecido sistemas de purificación de agua para que la gente tenga que beber, en nuestro país sería más viable tener acceso a agua para beber en el centro y sur del territorio que han sido dañados por estos terremotos y son regiones con más acceso a este líquido vital.

Reconstrucción de los hogares, de los espacios de trabajo, recuperación de los medios de vida, protección integral de la salud con atención y prevención, y acceso a agua para beber deberían ser objetivos mínimos, objetivos para garantizar estos derechos humanos a la vivienda, al trabajo, a la salud y al agua, dentro del presupuesto del 2018. Sólo así podemos ayudar a los damnificados de siempre.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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