A las desarrolladoras –como Grupo Higa y Obrascón Huarte Lain (OHL), que han sido ligadas a actos de corrupción y de conflicto de interés con el Gobierno federal– se les debe dejar fuera del proceso de reconstrucción de la entidades afectadas por el sismo. No deben recibir dinero de las donaciones y los fondos para desastres, dijeron legisladores federales, locales y sociedad civil en entrevista con SinEmbargo.
Las inmobiliarias involucradas en edificios colapsos o con daños estructurales que los dejaron inservibles, deben probar que lo sucedido no ocurrió por fallas en la edificación, agregaron; mientras que el Gobierno debe transparentar todo el proceso de reconstrucción, desde los recursos, censos, hasta las licitaciones.
Tanto en la Ciudad de México como en el resto de los estados que padecen ahora los estragos del movimiento telúrico, las desarrolladoras que tienen un historial de opacidad y corrupción, como el caso de OHL, deben quedar fuera; mientras que el resto deben demostrar que los edificios que construyeron no se cayeron por culpa de una mala construcción.
“Esas constructoras (Grupo Higa y OHL) son responsables de corrupción extrema en nuestro país. Si se diera una participación de ellas en la reconstrucción de la ciudad, debemos impedirlo, no deben participar. Sobre las que son responsables de edificios que se cayeron, hay que ponerlas ante la Ley. Hay un montón de supuestas fallas que tienen que ver con la baja calidad de los materiales, la debilidad de la construcción”, dijo Virgilio Dante Caballero Pedraza, vicecoordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y miembro de la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados.
Caballero Pedraza agregó que la Comisión de la Ciudad de México debe reunirse lo antes posible para revisar el tema del temblor, pues a casi dos semanas del sismo, los diputados miembros no han discutido nada sobre lo sucedido el 19 de septiembre.
“Es como si la Ciudad de México no existiera. No se ha reunido la comisión por falta de convocatoria, esto es gravísimo”, dijo.
La Diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) por Morelos y miembro de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción Margarita Alemán Olvera agregó que entre Las constructoras que no deben participar en la reconstrucción, está Epccor la que construyó el Paso Express de la autopista México-Cuernavaca en donde se generó un socavón que costó la vida de dos personas.
“Las constructoras que están en la lupa, en Morelos por ejemplo la del socavón, no debería participar, ni todas aquellas cuestionadas”, argumentó.
La legisladora propuso que “cada peso que se utilice en la reconstrucción” debe ser transparentado; ya sea recurso federal o estatal.
“Primero debe transparentarse cuánto dinero vamos a utilizar a la reconstrucción. También necesitamos conocer un censo de todas las viviendas y edificios públicos afectados, de todo lo que se cayó o se lastimó. En el caso de Morelos, yo diría que son las empresas pequeñas y medianas las que deberían entrar para la reconstrucción”, explicó.
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PRD Y MORENA EN ALDF: CONSTRUCTORAS CULPABLES FUERA
Asambleístas de oposición en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dijeron que debe hacerse una investigación a fondo sobre los edificios que colapsaron y los que quedaron con severos daños estructurales para determinar la culpabilidad de las compañías.
“Toda aquella empresa que tuviera un grado de opacidad, que tuviera algún antecedente de haber construido mal, con irresponsabilidad sí tendrían que estar vetadas. Aquellos constructores que provocaron el socavón en la autopista México-Cuernavaca, por ejemplo, ¿por qué tendrían que ser beneficiados? Se debería privilegiar a esos empresarios que lo hacen bien, que están todo el tiempo tratando de entrar a las licitaciones, no aquellos que están ligados al poder económico, que son beneficiados no solo de las licitaciones, sino de la impunidad pública”, consideró Raúl Flores García, Diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigente de la fuerza política en la Ciudad de México.
Flores García agregó que se debe dar prioridad a los constructores más serios, que demuestren que sus construcciones no fueron dañadas por el sismo.
“Tenemos que aprovechar a quienes tienen la experiencia para construir y hacerlo bien, constructoras que tengan la seriedad, que demuestren que sus construcciones no fueron dañadas, que no lo tomen como un negocio y que sea con absoluta transparencia el manejo de las donaciones o los fondos de emergencia”, explicó.
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César Cravioto Romero, coordinador de la bancada de Morena en la ALDF, dijo que en un primer momento se debe hacer una evaluación y dictámenes técnicos de lo ocurrido tras el sismo del 19 de septiembre, para determinar si hubo negligencia de las desarrolladoras y de los funcionarios públicos involucrados en otorgar licencias y permisos.
“Se debe hacer un análisis de todos los predios que se cayeron y de los que están inservibles, los que vamos a tener que derrumbar. A partir de ese balance, tomar una decisión al respecto”, dijo.
El legislador planteó que en la investigación y los dictámenes debe estar involucrada la sociedad civil, especialistas como ingenieros y arquitectos, así como legisladores de distintos grupos parlamentarios.
“Para que sea absolutamente transparente, porque no se vale que cuando hay cientos de muertos resulta que no pasó nada y nadie es responsable. A la sociedad le conviene instalar una mesa multidiciplinaria, con gente de todos los ámbitos donde se revise caso por caso, y que se sepa en la opinión publica, que no se oculte la información”, dijo.
SE NECESITAN CERTEZA Y SANCIONES: ARTÍCULO 19
Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19, la cual forma parte del movimiento #VERIFICADO19S, opinó que lo más importante es determinar la responsabilidad de las constructoras y aplicar sanciones a las que violaron la Ley.
“En casos de empresas como OHL e HIGA, definitivamente en este proceso se tiene que reconocer que existiera un conflicto de interés del Gobierno para contratar estas empresas; se tiene que garantizar la mayor certeza por parte del Gobierno para que la ciudadanía sepa que no se están dando beneficios por corrupción otra vez para la reconstrucción del país, porque entonces vamos a volver al círculo vicioso y el círculo de nunca acabar”, dijo.
Ruelas añadió que dentro del proceso de reconstrucción el Gobierno debe informar a la población qué hará con las empresas que incumplieron con los reglamentos de construcción y con los funcionarios públicos que coludidos, hicieron posible que varios edificios colapsaran.
“Necesitamos ver que se sancionen a los funcionarios públicos que le dieron palomita verde a todas estas constructoras que terminaron haciendo un trabajo alimentado por la corrupción. Las constructoras tendrán que justificar que los hechos que ocurrieron no estén relacionados con el trabajo que ellos realizaron”, agregó.
La directora de Artículo 19 consideró que es importante que los ciudadanos conozcan el plan de reconstrucción del Gobierno federal, no sólo en la Ciudad de México, sino en todos los estados afectados.
Un plan que incluya los pasos a seguir, los protocolos que se seguirán en coordinación con las entidades y cómo se garantizará que las desarrolladoras cumplan con los reglamentos de construcción.
“Cuáles son los mecanismos de control que se tendrán que hacer para verificar que las constructoras cumplan con los estándares debidos, para que no vuelva a suceder lo que sucedió. Previo a la definición de cuáles serás las empresas beneficiadas con los contratos de reconstrucción, es importante que los ciudadanos sepamos que el Gobierno tiene un plan que dará certeza que las cosas que sucedieron el 19 de septiembre no van a volver a pasar”, dijo.
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