Mi opinión en esta ocasión no tendrá muchas simpatías, así que seré breve.

La historia de la lucha por la democracia inicia cuando se exige dar a los parlamentarios un salario digno, ya que durante los primeros años tras la caída de las monarquías los miembros de las cámaras de representantes no recibían sueldo pese a desarrollar un trabajo de tiempo completo. Por esto, los únicos que podían ser representantes populares eran los herederos de la aristocracia.

Una condición económica importante para establecer cierta equidad en las contiendas electorales ha sido el financiamiento público equilibrado, establecer topes a los gastos de campaña y garantizar al acceso a los medios de información de manera equitativa.

Cancelar totalmente el financiamiento público es dejar a los partidos a la suerte de sus relaciones económicas y financieras, y las elecciones a merced del dinero y del poder y de los hombres que lo tienen.

Hacer una campaña electoral en este país cuesta y los candidatos tienen que conseguirlo de alguna manera, pero en México la fuente de recursos más sencilla y generosa, que no deja rastro, es el narcotráfico: Es dinero fresco, sin huella, en efectivo y sin recibo. Recuerden que escribo desde Ciudad Juárez.

Cancelar el financiamiento transparente estatal a los partidos políticos los deja a merced de tres grandes fuerzas monetarias: los grandes financieros mexicanos y extranjeros, la delincuencia organizada y la corrupción estatal.

Ciertamente, en México se ha abusado de estos resortes que deben mantener cierta equidad entre los contendientes, pues los árbitros y tribunales electorales parecen réferis de la lucha libre (deporte nacional por excelencia) que más tarde que temprano acaban a favor de los rudos, enfureciendo a los ciudadanos como si asistieran a las contiendas del Pancracio Azteca.

Pero, sea como sea, es más fácil cambiar de árbitro que cambiar las reglas básicas de la competencia en un momento dado.

La propuesta de destinar el 50 por ciento del presupuesto previsto para las campañas del 2018 al fondo de damnificados es bastante razonable, porque obliga a los partidos a ser más cuidadosos en el manejo de sus recursos y permite al Estado vigilar su administración y controlar los que lleguen desde el exterior.

Los militantes del PAN en un principio se opusieron al financiamiento público transparente, porque tenían acceso a los capitales privados, mientras que el PRI tenía a su disposición los recursos del Gobierno, ya que era un partido de Estado y no había ningún control que impidiera que sus elecciones se costearan con recursos públicos.

Hacer política electoral desde la izquierda sin los grandes capitalistas ni el apoyo irrestricto de la Administración era imposible, no se podía competir u organizar a los partidos electoralmente sin recursos financieros, porque en el país las cuotas de los militantes son más bien simbólicas.

La semana pasada escribía que en México las grandes tragedias naturales han hecho que se replanteen cuestiones relativas a la política y al poder, y opino que la tragedia que aún vivimos debe llevarnos a cambiar cuantitativamente las reglas de financiamiento público y privado en los procesos electorales, pero esa es una decisión muy importante que puede alterar la incipiente cercanía de equidad electoral que hemos alcanzado.

No se deben decidir las cosas en este momento.

Los viejos filósofos siempre advirtieron “nunca decidas cuando estás invadido por la emoción o la pasión, espera a pensar, a decidir, cuando sea la inteligencia la que guía tus pasos”.

Gustavo De la Rosa

https://dev.sinembargo.mx/author/delarosa/

Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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