El posicionamiento de la SRE, previo a la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar la próxima semana, dio a conocer que México reiterará resoluciones que ha ratificado en años previos, entre ellas «la creación de capacidad para combatir el blanqueo de dinero derivado del tráfico de drogas”. En casa el avance en contra del dinero sucio es prácticamente nulo y antepone la estrategia militar en contra de los grupos del narcotráfico, critican analistas.
En 2013, 22 de cada 100 averiguaciones previas que la PGR consignó ante los órganos jurisdiccionales lograron sentencia. Sin embargo, para 2016 esta cifra fue de tres casos, según reportó la ASF en su reporte parcial sobre la Cuenta Pública del año pasado.
“Hay una ausencia del Gobierno federal sobre la persecución financiera de los grupos delictivos. La persecución es más bien militar […]. De alguna manera el tema de persecución del dinero se ha quedado en un nivel de discrecionalidad”, sostiene Tomás Guevara, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa (UAS).
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Nueva York, 15 de septiembre (SinEmbargo).- México apoyará durante 72 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) resoluciones que buscan combatir el blanqueo de dinero del narcotráfico. Sin embargo, analistas encuentran un abismo entre lo que presenta el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en el extranjero y las acciones que implementa en casa.
“Hay una ausencia del Gobierno federal sobre la persecución financiera de los grupos delictivos. La persecución es más bien militar. […] De alguna manera el tema de persecución del dinero se ha quedado en un nivel de discrecionalidad”, dijo Tomás Guevara, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa (UAS).
Un posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), previo a la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar la próxima semana, dio a conocer que México reiterará resoluciones que ha ratificado en años previos.
Una de ellas es la resolución de “Cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas”, aprobada el 18 de diciembre del 2014, la cual reafirma la necesidad de que los Estados “fomenten la creación de capacidad para combatir el blanqueo de dinero derivado del tráfico de drogas”.
Pero en México la persecución financiera y de bienes no ha sido una prioridad. Un ejemplo emblemático, es el de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, extraditado para ser sometido a la justicia de los Estados Unidos un día antes de que Donald Trump tomara posesión el 20 de enero.
Un trabajo previo de SinEmbargo mostró que la Procuraduría General de la República (PGR) le ha expropiado al capo más grande del mundo pocos bienes, en comparación con la fortuna que se le señala.
De acuerdo con una respuesta de la PGR vía transparencia, al capo le fue asegurado un inmueble desde 1994 al 2017. En tanto que entre 1992 y 1993 le fueron arrebatados 47.
El Gobierno de México calcula que al menos 10 mil millones de dólares se lavan cada año en el país, aunque podrían ser en realidad hasta 50 mil millones de dólares, de acuerdo con la firma TM Sourcing. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) registra que entre 2012 y 2016, los reportes de operaciones inusuales y preocupantes se triplicaron y duplicaron, respectivamente.
Al cierre del año pasado, sólo el 0.1 por ciento de las averiguaciones previas por delitos financieros terminaron en una sentencia penal por parte de un juez. Esto es, 0.8 puntos porcentuales menos que en 2013, refieren datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Guevara explicó que, la posición que presentará México en la ONU, no se ha visto reflejada a través de resultados concretos en el país.
“No se mantiene como una estrategia al interior del país, aunque hacia fuera se plantee como una estrategia importante”, señaló Guevara.
Las resoluciones que defenderá México en la ONU también abogan por endurecer penas contra las personas involucradas en el tráfico ilegal de estupefacientes. Es el caso de uno de las recomendaciones de la Asamblea de la ONU sobre drogas 2016, sobre las que la postura de México estará regida.
“Maximizar la eficacia de las medidas de aplicación de la ley contra los grupos delictivos organizados y las personas implicadas en delitos relacionados con las drogas”, reza el documento de recomendaciones de aquel cónclave. Sin embargo, expertos sostienen que México ha estancado en el enfoque prohibicionista de la lucha contra el narcotráfico.
“Nos parece que hay un problema de estrategia desde hace tiempo. Nos mantenemos en esta actitud prohibicionista y no de plantear algo más sobre la lógica del consumo, y de la legalización”, consideró Edgar Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Creo que seguir volviendo sobre esta actitud de confrontación va seguir teniendo como consecuencia un costo en vidas, en violencia tan grande como la que tenemos hasta ahora o mayor”, dijo Cortez.
Datos de defunciones por homicidio muestran que desde el 2006, año en el que Felipe Calderón Hinojosa inició la guerra contra el narcotráfico, hacia el 2016, han sido asesinados 209 mil 401 mexicanos.
Y el Presidente Enrique Peña Nieto ha sido incapaz de mejorar la seguridad. En el 2016 fueron asesinadas 23 mil 953 personas, una cifra superior a la de los cuatro años previos, y superada por los 25 mil 967 homicidios ocurridos en el último año del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
“El Gobierno mexicano no acaba de creerse que el modelo prohibicionista ya se agotó”, agregó Cortez.
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