Mientras México intenta recuperarse del sismo de 8.2 grados del pasado jueves que ha dejado hasta el momento 96 muertos, se cumplen cuatro años de la tragedia de “Ingrid” y “Manuel”, un huracán y una tormenta tropical que causaron la muerte de 157 guerrerenses. Las casas se vinieron abajo y en cuestión de minutos cientos de familias perdieron su patrimonio.
Las víctimas siguen esperando lo que la Sedatu, entonces encabezada por el priista yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, les prometió: viviendas dignas, reconstrucción de sus comunidades, hospitales y escuelas, entre otras ofertas hechas por el propio Presidente Enrique Peña Nieto.
El proyecto original de este fraccionamiento al sur de Chilpancingo constaba de mil 100 viviendas con todos los servicios, escuelas, canchas deportivas, zonas recreativas, supermercado y estación de autobuses, pero sólo se hicieron 598 viviendas y nada más.
Los pobladores acusan que el fraccionamiento es un emblema de la corrupción, fraude, desvíos de recursos, engaño, simulación, omisión y complicidades entre los ahora ex funcionarios de la dependencia federal con las constructoras que dieron al traste con la reconstrucción en materia de vivienda en la entidad mediante el Plan Nuevo Guerrero.
Por Zacarías Cervantes
Chilpancingo/Ciudad de México, 11 de septiembre (ElSur/SinEmbargo).– Antes de la tormenta tropical «Manuel» y el huracán «Ingrid», Alba Delia Veledías vivía en el fraccionamiento Azteca, en las márgenes del río Huacapa, cerca de la presa Cerrito Rico, al norte de Chilpancingo. Durante las fuertes lluvias del 14, 15 y 16 de septiembre del 2013 su casa se vino abajo y durante casi un año estuvo refugiada con su familia en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Chilpancingo (Udech).
Allí fue cuando el 17 de septiembre por la tarde, en un visita relámpago, el Presidente Enrique Peña Nieto le prometió una “vivienda digna”.
A cuatro años de la tragedia, Alba Delia tiene su nueva casa en la manzana 2-A del fraccionamiento Nuevo Mirador, al sur de Chilpancingo, en donde serían reubicadas por lo menos mil 100 familias que, igual que ella, perdieron sus casas durante las lluvias de septiembre de 2013, o vivían en zonas de alto riesgo. En ese fraccionamiento vive junto con más de 500 familias, sin servicios de salud, sin escuelas y sin agua potable, a pesar de la promesa presidencial.
En el fraccionamiento se construyeron sólo 598 viviendas y no solamente es el más grande por el número de casas que construyó en Guerrero la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) para los damnificados de «Ingrid» y «Manuel», sino que es emblema de la corrupción, fraude, desvíos de recursos, engaño, simulación, omisión y complicidades entre los ahora ex funcionarios de la dependencia federal con las constructoras que dieron al traste con la reconstrucción en materia de vivienda en la entidad mediante el Plan Nuevo Guerrero.
Alba Delia vive en la parte superior de una casa dúplex con escalera exterior, y su problema comienza en las primeras gradas. En tiempo de lluvias el pasamanos de metal da toques por defectos en la instalación eléctrica subterránea. Entrando, su vivienda parece en ruinas: el agua se le trasmina del techo en la habitación donde duerme con su pareja y la puerta no cierra porque se le bota el seguro. En el baño, la pared y el techo reforzado con unicel lucen cuarteados y estrellados.
La beneficiaria de la vivienda se quejó de que en una ocasión personal de la constructora Casaflex fue a repararla, pero las goteras siguen.
Una de las vecinas de Alba, Natividad Sánchez, quien vive en la casa 71, manzana 2-A, recibió su vivienda en marzo del 2015, sin embargo, se ve desvencijada, el agua que se filtra del baño ha enmohecido las paredes y en varias partes botó la pintura. En el resto de la casa los parches son evidentes, “vinieron una vez a arreglarla pero sólo pintaron con cal las cuarteaduras”, dijo la dueña.
Natividad también vive en la parte superior de una casa dúplex, y protestó porque dijo que la pieza que le tocó es inestable. “Mire”, –mostró empujando la pared con las dos manos y efectivamente se movió como si solamente estuviera sobrepuesta.
En el Nuevo Mirador se construyeron 598 viviendas en bloques de dos o tres casas, una colocada sobre otra. Sin embargo, solamente pueden ser habitadas 566 porque 32 de ellas están peor que las de Alba y Natividad y serán demolidas, por graves daños estructurales, como lo dictaminó en 2016 la Secretaría de Protección Civil, el Centro Nacional de Desastres (Cenapred) y expertos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), encabezados por Roberto Arroyo Matus.
Además, muchas de las casas habitables se encuentran vacías o rentadas por los beneficiarios. Las 598 casas que se construyeron en 3 hectáreas están divididas en 10 manzanas con 50 o más casas, pues algunas, a pesar de que el proyecto original establece que sólo serían dúplex, se construyeron bloques de 3 casas porque así convino a los líderes que pidieron no separarse de sus familias cercanas y quisieron quedarse juntos en un solo edificio, denunció Alba Delia.
En cada manzana, hay en promedio 10 viviendas desocupadas o rentadas. Según los vecinos no las ocupan por desconfianza o porque se entregaron a familias que en realidad no las necesitan.
En el Nuevo Mirador fueron reubicadas familias damnificadas que vivían en las márgenes del río Huacapa, sobre todo en la parte norte de la ciudad como San Carlos, Valle Verde Norte, María Dolores, Invisur, Jacarandas, Azteca, Amate, Industrial, San Rafael Norte, Bugambilias, Huacapita, Villas Silvestre, Villas Laurel, Galeana, San Juan, Electricistas, La Lobera, Libertad, Juárez y Morelos. Aunque también fueron reubicadas aquí familias que vivían en barrancas y zonas de alto riesgo como la Bella Vista, Obrera, Chochululuya y Apatzingo.
PROMESAS INCUMPLIDAS
El 4 de julio del 2014, el entonces titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, supervisó el avance del desarrollo habitacional El Mirador, entonces declaró allí que se construirán mil 100 viviendas para igual número de familias damnificadas por la tormenta tropical «Manuel». El Secretario federal fue acompañado por su entonces delegado, Héctor Vicario Castrejón.
Asimismo, en su boletín 124 emitido ese día, la dependencia federal informó que este fraccionamiento contaría con escuela, canchas de basquetbol en cada corredor, cancha principal de futbol, zonas recreativas, supermercado y “estación de autobuses”.
Cuatro años después de las tormentas Manuel e «Ingrid» y a tres del anuncio de la dependencia federal, lo único que se ha construido son las 598 viviendas, y se ha hecho perdedizo el proyecto original.
Consultado el jueves de la semana pasada en el fraccionamiento, el actual delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello, aseguró que en el proyecto que conoce no están incluidos esos servicios.
Actualmente, los vecinos que habitan la manzana 1-B construyen con sus propios recursos un cuarto con tablas en la entrada del fraccionamiento para casa de salud, porque tienen que llevar a sus enfermos hasta Petaquillas, pero a algunas familias no las quieren recibir con el pretexto de que no pertenecen a esa localidad.
Silvia Flores Ramos, presidenta de esa manzana, dijo que cada vecino se está cooperando para construir su casa de salud en donde se atienda a sus enfermos. Dijo que les han autorizado un médico y una enfermera pero no tienen el espacio para que trabajen, “por eso con nuestro propio esfuerzo y dinero la estamos construyendo”.
El jueves de la semana pasada, los vecinos habían colocado el piso de cemento y las paredes de tablas, descubiertas aún del techo.
También con sus propios recursos construyeron tres aulas para la escuela telesecundaria “de nueva creación”, con paredes de costera y cartón y techo de lámina galvanizada. En la escuela trabajan seis docentes y su director con la clave de la telesecundaria Justo Sierra de la comunidad de Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo.
El maestro Gabriel García Valadez informó que de manera informal comenzaron a trabajar a mediados de febrero pasado y que este ciclo escolar ya contaban con los tres grupos completos de primero, segundo y tercero.
A unos metros de la telesecundaria, en la parte superior de El Mirador, los vecinos también construyeron ellos mismos con costera, cartón y lámina galvanizada seis aulas para su escuela primaria.
El maestro Israel Manzanares dijo que trabajan con una clave de la zona 05 y que este ciclo escolar comenzaron a trabajar con 114 niños de los seis grados. Los habitantes de El Mirador tampoco tienen el servicio de agua, a pesar de que les construyeron un depósito que, les dijeron lo llenarían de la red que viene de Acahuizotla. Sin embargo, desde hace un año que lo terminaron una vez lo han llenado con pipas pero les descubrieron fisuras por donde hubo fugas de agua.
Desde entonces el depósito no volvió a ser utilizado y construyeron otro tanque alterno que llenan con pipas pero el agua no llega a la mayoría de las viviendas porque las tuberías están tapadas y los vecinos tienen que comprar a 80 pesos el tambo de 200 litros.
Asimismo, a más de dos años de que la mayoría de las familias recibieron sus casas ninguna tiene escrituras porque la Sedatu compró las 3 hectáreas solamente mediante una “promesa de compraventa” y cuatro años después apenas se realizan los trámites para obtener la escritura a nombre de la dependencia federal y que ésta pueda escriturar las viviendas a nombre de las familias beneficiarias, reconoció el propio Armenta Tello.
SOBRECOSTOS Y FRAUDE
Las viviendas fueron construidas por las empresas Jumen, Casaflex, Concretos de Servicios Masa; una se encargó del proceso de urbanización, otra de las plataformas y una tercera de la construcción de las viviendas.
La construcción se hizo en un espacio de 54 metros cuadrados, son de concreto térmico y tienen una altura de 2.70 metros. Son casas dúplex o triples con dos modelos de techo: bóveda o inclinado. Cuentan con dos recámaras de 3 por 3 metros, un espacio para sala, baño y una cocina de metro y medio.
El delegado Armenta Tello informó que en las 598 viviendas se ha invertido un total de 490 millones de pesos.
Sin embargo, en el proyecto original cada vivienda se proyectó en 120 mil pesos, lo que implicaría una inversión de 71 millones 760 mil pesos.
El delegado justificó los sobrecostos por las obras de mitigación que se han realizado a casi todas las viviendas que cuentan con desperfectos, así como a las obras de urbanización “que encareció el costo de las viviendas, que no debería ser en más de 250 mil pesos, y que, sin embargo ascendió a 290 mil por unidad.
El funcionario federal reconoció, además, que las empresas constructoras incumplieron contratos que “dañan al patrimonio público” por 94 millones de pesos cada una, lo que originó la presentación de demandas en su contra para que cumplan con los contratos y resarzan el daño al presupuesto público.
Paralelamente, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al ex delegado de la Sedatu y actual diputado local priista, Héctor Vicario Castrejón y a la coordinadora de delegaciones, Sheila Karin Ortega Muciño, por “negligencia administrativa”.
CASAS PREFABRICADAS UNA ENCIMA DE OTRA
Derivado de esa negligencia de los funcionarios, 32 viviendas ubicadas en la manzana 2-B serán demolidas por graves daños en su estructura que las hacen inhabitables, según dictaminaron Protección Civil, el Cenapred y expertos en estructura urbana de la UAG encabezados por Roberto Arroyo Matus.
Se atribuye, asimismo a los funcionarios la construcción del fraccionamiento sin realizarse el estudio de impacto ambiental, motivo por el cual el fraccionamiento fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en 2016, pero a diferencia de los otros 22 fraccionamientos que fueron clausurados en este caso se actuó rápido para el retiro de los sellos porque no se requería solicitar el cambio de uso de suelo y no era una zona boscosa, según el dictamen final.
Tampoco se cumplió con las especificaciones que pidió Protección Civil, en el sentido de que se podría construir en esos terrenos, siempre y cuando no se cambiara la condición original de los escurrimientos naturales. Además, recomendó que se hicieran sondeos suficientes para que pudiera conocerse el perfil adecuado del terreno, pues se trata de una zona altamente arcillosa, lo que pone en riesgo constante la construcción de las viviendas.
Cuatro años después de que Emilia Jiménez Sánchez, otra de las damnificadas que perdió su casa en la colonia San Rafael Norte durante las lluvias de «Ingrid» y «Manuel», y que ahora vive en la manzana 2-A del fraccionamiento El Mirador, consideró que el gobierno les cumplió “apenas en un 50 por ciento. Lo que nos dieron no fue lo que nos prometieron. Hubiera preferido mejor un terrenito y me hubiera hecho una casa mucho mejor”.
