Organizaciones de la sociedad civil y especialistas alertaron que la aplicación de 183 plaguicidas, autorizados por autoridades mexicanas para uso agrícola, urbano y/o industrial, pueden llegar a provocar distintos tipos de cáncer, problemas reproductivos e incluso la muerte.
Fernando Bejarano González, coordinador del informe «Los plaguicidas altamente peligrosos en México», expuso que 140 del total de esas sustancias se encuentran prohibidas en otros países.
«[Los mexicanos] estamos en un experimento social sin estar informados y sin que las autoridades protejan nuestros derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano», criticó.
ADEMÁS
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- Las autoridades mexicanas permiten el uso de más de 180 plaguicidas altamente peligrosos que impactan negativamente en la salud de la población y en el medio ambiente, denunciaron organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia.
Durante la presentación del informe «Los plaguicidas altamente peligrosos en México», Fernando Bejarano González, de la Red de Acción Sobre Plaguicidas y Alternativas en Mexíco (Rapam), coordinador del informe, alertó que en el país se permite la aplicación de 183 plaguicidas autorizados para uso agrícola, urbano y/o industrial, mismos que pueden llegar a provocar distintos tipos de cáncer, problemas reproductivos e incluso la muerte.
Además, el coordinador del informe indicó que de las 183 sustancias incluidas en la lista de la Red Internacional de Plaguicidas, reconocidas por agencias internacionales por sus daños a la salud y al medio ambiente, pero autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 140 se encuentran prohibidas en otros países.
Los más de 180 ingredientes activos se venden en más de 3 mil presentaciones como son insecticidas, herbicidas, fungicidas y fumigantes.
Bejarano González criticó que en el país a cargo de Enrique Peña Nieto se implementa una «política errada» en la que «se privilegia que el mercado tome las decisiones, mientras se desprotege el medio ambiente y la salud y se violan los derechos humanos».
«[Los mexicanos] estamos en un experimento social sin estar informados y sin que las autoridades protejan nuestros derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano», recriminó.
Y subrayó que durante las administraciones recientes, «las políticas neoliberales en materia de gestión de plaguicidas y control de plagas y enfermedades en el campo y la ciudad han llevado a que estemos expuestos, sin nuestro consentimiento, a plaguicidas altamente peligrosos que pueden provocar la muerte, que tienen probabilidades de causar cáncer, malformaciones genéticas y alteraciones hormonales, o de causar la muerte de las abejas, además de otros plaguicidas que están incluidos en convenios ambientales internacionales por su impacto negativo».
En el tema del medio ambiente, los plaguicidas, sostuvo Omar Arellano, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, causan efectos directos a la fauna y flora silvestre, además, provocan contaminación en cuerpos de agua y en los suelos causa erosión.
En su oportunidad, Adelita San Vicente Tello, economista y directora de la Fundación Semillas de Vida, dijo: «observamos siempre contubernio de las autoridades con las empresas».
E estudio es un trabajo multidisciplinar coordinado por Red de Acción Sobre Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam), en el que participaron 36 especialistas de diversas universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Durante la presentación llevada a cabo en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Arellano recordó que el glifosato, plaguicida permitido en México, es considerado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ante este panorama, el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alertó «estamos frente a un problema de salud y un problema ambiental».
Finalmente, Bejarano hizo dos recomendaciones al Gobierno mexicano:
–Cambiar la política de gestión de plaguicidas en México para poner en el centro la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos a la salud, a un medio ambiente sano y a una alimentación sana suficiente y adecuada, que permita construir us sistema alimentario ecológicamente sustentable, en el que se evite la exposición de la población a los plaguicidas altamente peligrosos.
–Un cambio de políticas que lleve a elaborar un Plan Nacional de Reducción y Prohibición Progresiva de Plaguicidas Altamente Peligrosos y Apoyo a Alternativas Agroecológicas que fortalezca la economía campesina, el mercado interno y la soberanía alimentaria.
