#DatosCerrados | Si la desmemoria se midiera, el Índice de Expedientes Reservados –inaugurado en 2004- sería un buen indicador. Se trata de los asuntos gubernamentales que las entidades públicas deciden poner bajo resguardo para no revelarlos ante los ciudadanos. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto tiene 12 millones 406 mil 136 expedientes reservados. Muchos de ellos no se abrirán hasta 2024, seis años después de que haya dejado Los Pinos. Recurso permitido por el marco jurídico de la Transparencia, cada vez, la secrecía se incrementa en la Administración Pública. Vicente Fox Quesada (2000-2006) concluyó con 3 millones 839 mil asuntos y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con ocho millones. Peña Nieto ha aumentado en cinco años en 55 por ciento los secretos del Gobierno.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).- Apegado al marco jurídico de la Transparencia, el Gobierno de Enrique Peña Nieto impuso una desmemoria para que muchos de sus secretos no sean revelados hasta dentro de una década o más.
El pasado viernes 1 de septiembre, el Jefe del Ejecutivo le entregó al Congreso de la Unión su Quinto Informe de Gobierno, el máximo documento de la Rendición de Cuentas al que lo obliga la Constitución Mexicana. Mientras, en el Índice de Expedientes Reservados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) permanecen acumulados 12 millones 406 mil 136 expedientes que conciernen al desempeño gubernamental.
Es la mayor cifra de información bajo reserva desde 2004, año en que el Índice fue creado. Felipe Calderón Hinojosa, postulado por el Partido Acción Nacional y quien inició a los diez días de Gobierno una guerra en contra del crimen organizado, cerró con ocho millones de expedientes reservados. A esa cifra, en 2015, Enrique Peña Nieto le había sumado otros cuatro millones 120 mil 71 asuntos. Hoy, en la coyuntura del inicio de su sexto año de Gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto tiene 12 millones 406 mil expedientes. Respecto a lo que dejó Calderón Hinojosa, la diferencia es de 4 millones 406 mil 136.
Es decir, el Gobierno de Peña Nieto ha hecho crecer la reserva de información en 55 por ciento.
“Los mexicanos tienen derecho a saber cómo y en qué se invierten los recursos públicos; qué hacen las autoridades y cuáles son sus resultados”, expresó Enrique Peña Nieto al promulgar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual desde mayo de 2015 obliga a cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos a transparentar toda la información que genere.
Esta Ley se agregó a la pasada Ley Federal de Transparencia, promulgada por Vicente Fox Quesada en 2001.
Aunque fortificado, el marco legal de la Transparencia no logró abrir los cerrojos de ciertos asuntos. Así, quienes quieran conocer cuál fue el diagnóstico sobre la guerra en contra del narcotráfico que Felipe Calderón le entregó a Enrique Peña Nieto deberá armarse de paciencia y esperar hasta 2024. Hasta ese año están reservados todos los papeles que conciernen al estado en que estaba el país y que Calderón le dio a su sucesor en una carpeta que tenía como título “Panorama Nacional”.
En plena crisis del espionaje gubernamental, si alguien aspira a saber la verdad histórica de las compras de software por parte del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional [CISEN] tendrá que esperar una década. Ese órgano de inteligencia reservó hasta 2027 los contratos CISEN 128/13 y CISEN /020/15 con los que adquirió “Galileo” -un spyware- de la empresa The Hacking team.
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Tampoco puede conocerse el estado de salud de Enrique Peña Nieto. El Presidente se encargó de clasificar su expediente clínico como confidencial.
Y para esclarecer por qué el 2 de septiembre de 2014, cuando el Primer Mandatario rindió su Segundo Informe, el Zócalo se convirtió en estacionamiento de camionetas Suburban, habrá que esperar un poco más. El Estado Mayor Presidencial puso bajo reserva los nombres de los funcionarios que lo permitieron hasta 2027.
A un año de que su Gobierno concluya, pocos reconocen aquella imagen carismática y empática en la persona del Presidente, como se presentó en la campaña electoral. Entonces, ¿qué asesoría ha recibido? Los ciudadanos mexicanos no podrán conocer el contenido de este servicio porque apenas iniciada la Presidencia, el 1 de julio de 2013, el Jefe del Ejecutivo ordenó poner bajo reserva esta información. Cualquier dato que se desprenda de los contratos celebrados con agencias de publicidad quedaron reservados hasta el 1 de julio de 2018.
También están bajo una reserva que caducará en 2018, todas los resultados de las encuestas que ha mandado a hacer el Presidente Enrique Peña Nieto sobre su aprobación entre los ciudadanos.
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En 2004, gobernaba Vicente Fox Quesada, el primer hombre no priista en ocupar Los Pinos. Habían transcurrido apenas tres años de la promulgación de la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y de la creación del INAI (en ese tiempo IFAI). Ese año México tenía 1.5 millones de expedientes reservados. Dos años después, Fox Quesada concluyó su sexenio con 3 millones 839 mil.
En 2006, Felipe Calderón Hinojosa –también postulado por el PAN- se convirtió en Presidente de México. Tenía apenas diez días en el Gobierno cuando le declaró la guerra a los cárteles del crimen organizado. Una crisis de derechos humanos que no ha concluido se desató en el territorio mexicano con por lo menos 164 mil víctimas mortales, unos 30 mil desaparecidos y cientos de desplazados [casi todos los conteos coinciden en estos números, pero aún no hay datos certeros].
Para 2008, el entonces Presidente Calderón tenía cinco millones 935 mil 808 expedientes reservados. Entre ellos, los motivos de este combate y la forma en que se contaban los homicidios dolosos. Pero no fue este periodo el que causó más expedientes reservados. Ese ha sido el de la presente administración federal.
