Tras la desaparición de la joven chiapaneca de 17 años, luego de ser interrogada por autoridades migratorias que la confundieron de nacionalidad, la CNDH precisó que todos los delitos que encontraron son «atribuibles a servidores públicos» e incluye entre los destinatarios de la recomendación al INM, al titular de la PGR, Raúl Cervantes, al Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y el fiscal estatal, Raciel López.
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México, 29 de agosto (EFE).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió hoy una recomendación destinada a varias instituciones mexicanas, entre ellas la Procuraduría General de la República (PGR), para que investigue la probable desaparición forzada de una joven de 17 años que fue detenida por las autoridades migratorias.
La adolescente está desaparecida desde el 23 de junio de 2015, cuando subió a un autobús para ir de Motozintla, en el sureño estado de Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, detalló el organismo en un comunicado.
De acuerdo con lo relatado por testigos, en mitad del trayecto dos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) obligaron a la joven -que no tenía identificación personal- a bajar del vehículo porque pensaron que era guatemalteca.
Los agentes, en declaraciones a la CNDH, dijeron que la entrevistaron y «le concedieron el beneficio de la duda», por lo que le dijeron que podía retirarse o esperar allí al siguiente autobús, tras lo cual ella «abandonó la estancia con rumbo incierto».
El padre de la desaparecida interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Chiapas y luego otra ante la PGR, pero esta última alegó ser incompetente para el asunto, por lo que el material obtenido en las pesquisas iniciales se integró en el expediente de la primera investigación.
La CNDH aseguró que tras su indagatoria cuenta con «elementos que permiten evidenciar la probable desaparición forzada de la adolescente».
Así como violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y acceso a la justicia, a la libertad de tránsito, la no discriminación y al interés superior de la niñez.
Todos estos delitos son «atribuibles a servidores públicos», señala la Comisión, que incluye entre los destinatarios de la recomendación al INM, al titular de la PGR, Raúl Cervantes, al Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y el fiscal estatal, Raciel López.
La CNDH recomendó a la PGR atraer la averiguación previa -porque el caso atañe a servidores públicos federales-, con el fin de «establecer la verdad de los hechos y determinar la probable responsabilidad penal que corresponda a quien o quienes participaron en la desaparición forzada de la adolescente».
Asimismo, solicitó que el INM haga la reparación integral del daño, incluyendo compensación y atención psicológica, inscribir al padre y madre de la adolescente en el Registro Nacional de Víctimas y colaborar con la investigación de la fiscalía general.
También que capacite en materia de derechos humanos a los funcionarios que realizan revisiones migratorias en Chiapas y que estos garanticen la conservación de videograbaciones de los recintos migratorios, por si alguna autoridad los llega a requerir.
Por otra parte, la CNDH exigió al Gobernador de Chiapas que capacite a los policías sobre la niñez en el contexto de migración y que la Fiscalía del Estado remita toda su información a la PGR, entre otras medidas.
