Ernesto Hernández Norzagaray
25/08/2017 - 12:00 am
Un modelo infame
Mauricio Merino, investigador del CIDE y uno de los líderes del grupo Nosotroxs que lucha por cambios de fondo en materia de rendición de cuentas y transparencia, en su colaboración en El Universal donde ha salido a cerrar las cuentas globales del financiamiento público para las elecciones de 2018. Nos recuerda, por si lo hemos […]
Mauricio Merino, investigador del CIDE y uno de los líderes del grupo Nosotroxs que lucha por cambios de fondo en materia de rendición de cuentas y transparencia, en su colaboración en El Universal donde ha salido a cerrar las cuentas globales del financiamiento público para las elecciones de 2018.
Nos recuerda, por si lo hemos olvidado, que además de los 6 788 millones de pesos que la federación entregara a los partidos políticos, existen otros 6 000 millones que entregaran los estados y municipios, y por si eso fuera poco, estarán los recursos privados legales que contempla la ley más el costo de los tiempos fiscales en medios de comunicación –y, eso de los recursos legales, es para distinguirlos de aquellos que provienen del financiamiento ilegal que llega a ser decisivo en muchas elecciones y más cuando viene acompañado de intimidación de otros candidatos.
O sea, redondeando la cantidad, podría superar fácilmente los 20 000 millones de pesos, una cantidad que demuestra lo que ya se sabe que quizá tenemos la democracia electoral más cara del mundo y con los rendimientos institucionales más bajos.
La causa de este despropósito financiero tiene que ver con un diseño institucional hecho a la medida de las ambiciones de las burocracias partidarias y para no ser tan genérico de los apetitos de personas con nombre y apellido, que han sido decisivos en los últimos treinta años a la hora de votar las reformas electorales.
En efecto, tenemos un engranaje institucional ascendente en términos financieros, pues los presupuestos por lo general en la federación y los estados, es el resultado de una combinación de salarios mínimos multiplicados por el último corte del padrón electoral, es decir, salarios multiplicados por todos aquellos que cumplidos los 18 años, se han acercado al Registro Federal de Electores (RFE) para contar con la credencial para votar que cumple la función de un documento equivalente a un carnet de identidad, pero que no han cerrado el trámite pues no han ido a recogerla.
Bueno, hasta aquí, habría dos mecanismos para fijar un presupuesto electoral, el primero es el existente que es dinámico pues el financiamiento se incrementa con cada alta que se da en el RFE y el segundo igualmente dinámico tendría que ser conforme el número de credenciales de elector en manos de ciudadanos.
No sería mayor la diferencia, pues entre uno y otro presupuesto, la diferencia no es superior al 2 por ciento y prácticamente quedaríamos en las mismas.
Sin embargo, a estos esquemas se podrían hacer ajustes tomando en consideración dos fuentes de información, una sería vincular el RFE con el Registro Civil, para saber cuántos de los que están en el padrón electoral están vivos, la ausencia de esa información provoca la suma constante sin que prácticamente haya restas en el padrón, como tampoco en la lista nominal. La otra sería la información proveniente de la PGR y las Fiscalías estatales para tener información sobre los ciudadanos registrados que tienen suspendidos sus derechos políticos por haber cometido un delito.
Siendo más radical en el ajuste presupuestal, resulta atractivo que se sostengan los salarios vigentes en la federación y los estados, pero que estos se crucen con la participación en las últimas elecciones de diputados federales y estatales, de tal suerte que los presupuestos tengan que ver con la capacidad de los partidos para movilizar electores no solo con dádivas que es el destino de una parte de estos dineros públicos, sino elevar el nivel del debate político, de manera que la gente tenga incentivos programáticos para participar en elecciones.
Es decir, si los partidos tienen menos dinero estarían obligados a optimizar el recurso escaso so riesgo de que si no lo hacen recibirían menos dinero en la siguiente elección.
Justo el gran flujo de dinero público hacia los partidos ha provocado formaciones políticas modorras e inerciales:
¿Qué incentivos tiene, por ejemplo, un partido grande para estimular el debate sobre los grandes temas nacionales y estatales si los grandes volúmenes de recursos en metálico y en especie siguen fluyendo con lo poco que se hace para estimular la participación?
Igual los partidos pequeños con un diseño basado en la participación ciudadana ¿acaso no estarían en un mayor riesgo de perder el registro electoral si sus militantes no desarrollan estrategias de movilización de ciudadanos afines con sus posturas políticas?
El actual diseño de los presupuestos electorales obliga a un replanteamiento de fondo. Es un Frankenstein que ha llevado a una deformación que provoca partidos ricos en una sociedad crecientemente desigual y pobre. No basta lo que han dicho quienes buscan que en 2018 no se gaste esa cantidad estratosférica e invitan a un acuerdo político para sacrificar una parte lo que por ley les pertenece.
No lo harán, nada los obliga, y mejor todavía buscaran atraer la mayor cantidad de dinero privado sobre todo cuando hemos visto que en las pasadas elecciones estatales rebasar los topes de campaña no significa que se ponga en entredicho un triunfo espurio. A lo sumo se multa al partido pero en materia de representación no tienen ningún efecto jurídico y el ganador es quien obtiene más votos: “haiga sido como haiga sido”. Y eso, de mantenerse podría ser decisivo, nuevamente en 2018.
En definitiva, estamos ante escandalosos presupuestos electorales, pero eso es una parte del problema, la otra parte tiene que ver con el uso que se le da a una parte de ellos, la incapacidad de evitar la coacción y compra de votos y la penosa actuación de los consejeros electorales que junto con la de los miembros de los partidos han favorecido una atmosfera de desconfianza hacia la política y sus instituciones.
Más aun, las últimas encuestas, muestran una intención de voto altamente fragmentada, que de traducirse en resultados similares traería inevitablemente problemas de gobernabilidad y sería el fracaso de este modelo infame de financiamiento que no es capaz con todo ese dinero de garantizar estabilidad política.
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