Stephanie Nicole salió de Guatemala huyendo de las pandillas que la agredían por su condición de mujer transgénero. Puso sus esperanzas en México, pero en su periplo migratorio ha sufrido discriminación, amenazas, violencia física y sexual. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) rechazó su solicitud de asilo y, a pesar de haber recibido la visa humanitaria, no ha encontrado condiciones de seguridad.
La migración en la frontera sur del país ha presentado un incremento en el número de personas que se identifican como LGBTI provenientes de los países del llamado Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Stephanie no es la única. En su paso por México, los migrantes transgénero viven historias que hacen de su recorrido un suplicio.
Por Ana Luisa Guerrero
Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo/AgenciaConacyt).- Al contar su historia, se desdibuja su rostro. “Salí de Honduras porque fui amenazada y perseguida por las pandillas; mi vida corría peligro. Me vestí de niña y empecé a pedir jalón (aventón); así logré salir a la frontera con Guatemala, pero en el trayecto fui víctima de asaltos. De jalones me llevaron a El Naranjo, por ahí entré a Tenosique. Pensé que en México estaría mejor, pero desde que llegué no han parado las agresiones. Me violaron en dos ocasiones”.
A sus 19 años, Stephanie Nicole Garcés solo busca un lugar donde vivir en libertad. Dejó su país huyendo de las pandillas que la agredían por su condición de mujer transgénero. Puso sus esperanzas en México, pero en su periplo migratorio ha sufrido discriminación, amenazas, violencia física y sexual. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) rechazó su solicitud de asilo y, a pesar de haber recibido la visa humanitaria, no ha encontrado condiciones de seguridad.
Hoy tiene todas sus esperanzas en que el gobierno de Estados Unidos le conceda el asilo político por condición de género, confiada en que se reconozca que proviene de la región donde se ha documentado 78.1 por ciento de los crímenes de odio transfóbico en el mundo, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas.
HUIR DE LA VIOLENCIA
Oriunda de San Pedro Sula —uno de los municipios hondureños más violentos dominado por la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13)—, a temprana edad, Stephanie Nicole se reconoció como una mujer en el cuerpo de un niño. La Asociación Americana de Psicología define a las personas transgénero como aquellas que no se sienten cómodas con la identidad de género que tienen por nacimiento; la mayoría lo descubre en la infancia y la adolescencia.
Creció en un entorno hostil debido a que su familia no aceptó su personalidad. Tras abandonar el hogar, se enfrentó a rechazo social, acoso y ataques físicos y sexuales. Esta situación la padece 88 por ciento de las personas LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, transexual/transgénero/travesti, intersexual) solicitantes de asilo y refugiadas en México, pues en entrevistas con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportaron haber sufrido violencia sexual y de género en sus países de origen, según el diagnóstico “Violencia sexual basada en género en la frontera sur de México contra personas refugiadas y solicitantes de asilo del triángulo norte de Centroamérica”, realizado en diciembre de 2016.
Frente a las amenazas de muerte que recibió por parte de grupos criminales, vio en la migración el único medio para seguir con vida.
NUEVAS DINÁMICAS MIGRATORIAS
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En años recientes, la migración en la frontera sur de México ha experimentado un ascenso en el número de personas que se identifican como LGBTI provenientes de los países del llamado Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador.
Este fenómeno se observa principalmente en los albergues para migrantes localizados en los municipios fronterizos de Tenosique, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, donde esta población busca pasar desapercibida entre los cientos de niños, mujeres y varones que hacen paradas en busca de alimentos, servicios de salud y un sitio donde dormir.
Aunque a la fecha no existen datos oficiales sobre el flujo migratorio en el sureste mexicano, organizaciones de la sociedad civil estiman que 400 mil personas en situación irregular cruzan anualmente la frontera con Guatemala.
En tanto que las solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados son un referente de cuánto ha incrementado el arribo de centroamericanos, aunque en los datos no se hace distinción de la preferencia o identidad sexual. Según los datos, entre 2013 y 2016 se elevó en 622 por ciento la petición de este recurso, mientras que en el primer trimestre de 2017 se recibieron más que durante todo 2015, que contabilizó tres mil 24. La ACNUR considera que, por la tendencia que se ha tenido, al cierre de este año podrían registrarse hasta mil solicitudes.
Cuando Ailsa Winton, investigadora del grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), identificó estas nuevas dinámicas, quiso saber por qué migra la población LGBTI, pero se enfrentó a un vacío de información académica y de las organizaciones que las atienden.
Fue por ello que en 2015 inició el proyecto exploratorio “Diversidad sexual y movilidad forzada en la frontera sur de México”, con el propósito de conocer y documentar las experiencias que tuvieron en su lugar de origen, cómo vivían y qué impulsaba su huida; además de saber cómo es el proceso de cruzar la frontera, así como los proyectos que tienen a futuro.
Encontró que al igual que el caso de Stephanie Nicole, la mayoría huye de la violencia de género por no cumplir los roles asociados a un hombre o a una mujer. Derivado de ello, el abuso sexual, la tortura y el homicidio son una constante para esta población, por lo que se desplazan buscando condiciones más seguras y dignas para vivir.
En las más de 50 entrevistas a profundidad que aplicó, observó que el rechazo familiar por su identidad de género es la primera confrontación que viven, debido a que no son aceptados por transgredir las normas sociales que son regidas por el patriarcado y, algunas veces, condicionadas por la religión.
A ello se suma el rechazo social. En el caso de las mujeres trans, salir a la calle significa estar expuestas a burlas, insultos y agresiones; por lo que se mueven en condiciones clandestinas —tanto en sus países de origen como en su ruta de desplazamiento— para evitar ser víctimas de violencia.
MARGINACIÓN SOCIAL
“Raros”, “enfermos” o “anormales” son algunos de los adjetivos con que se tilda a las personas trans, incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) integra el diagnóstico “transgénero” en el capítulo de trastornos mentales de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).
Culturalmente se define el género a partir de la diferencia sexual, basándose en los atributos, roles y comportamientos de acuerdo con el sexo: una concepción binaria hombre-mujer. Así, las expresiones diferentes a la heterosexualidad transgreden los parámetros sociales, por lo que son objeto de marginación.
Por ser visto como una anomalía, investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad de México, han obtenido evidencia científica de que el transgénero es una condición y no una enfermedad, con la cual pretenden que el organismo internacional lo elimine de esa categoría.
El estudio, publicado en The Lancet Psychiatry, evaluó a 250 adultos transgénero mostrando que el estrés —provocado por rechazo y violencia social (distrés)— y la disfunción que sufren, son producto de la estigmatización y los malos tratos a los que se enfrentan en los distintos ámbitos sociales, y no a su identidad sexual.
El nivel de distrés que presentan las personas trans es explicado por el rechazo familiar —comenta Ana Fresán Orellana, investigadora del INPRFM—, pues aquellos que experimentaron marginación en su hogar tenían cinco veces más probabilidad de padecerlo; en tanto que el deterioro social se explica por la exclusión de sus compañeros y la violencia física que vivieron.
Concluyeron que no es la condición transgénero por sí misma la que conlleva al distrés y al deterioro funcional, sino la violencia y discriminación que constantemente padecen, impactando, además, en su funcionalidad y calidad de vida.
PELIGRO LATENTE
Hace nueve meses, Stephanie Nicole llegó a México. Su primer destino fue el albergue La 72 en Tenosique, Tabasco, un hogar-refugio para migrantes y cuyo nombre recuerda a las 72 personas de Centro y Sudamérica masacradas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en 2010.
La congregación franciscana que lo administra ofrece alojamiento, alimentos y servicios de salud, incluso atención psicológica y asesoría jurídica. Frente a la nuevas realidades, ha habilitado dos dormitorios para hospedar a 12 personas transgénero.
Y aunque en La 72 recibió un buen trato y no fue juzgada por su identidad, no se sentía segura, pues sabía que miembros de las pandillas y grupos criminales se presentan ahí persiguiendo a sus víctimas.
El peligro latente que sintió, la llevó a abandonar el albergue acompañada de una amiga. Como no querían ser identificadas por los agresores, salieron de noche sigilosas, tomando el camino que marca la vía del tren.
“Íbamos caminando cuando nos salieron unos hombres, a mí me golpearon con una piedra, y nos obligaron a quitarnos la ropa”. En un solitario paraje, entre la oscuridad, fueron víctimas de violación.
“En otra ocasión, también en Tenosique, nos agarraron los de Migración y para poder soltarnos, nos obligaron a tener sexo con ellos. No tuvimos otra alternativa porque no queríamos regresar a Honduras. Es muy grave lo que las autoridades mexicanas hacen, porque hasta nos amenazaron”, relata con la voz entrecortada.
En el caso de la población LGBTI, son más vulnerables los hombres que se identifican o actúan como mujer, bajo la concepción de que el cuerpo femenino o feminizado es el blanco de la violencia, señala Hiroko Asakura, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), estudiosa de la violencia que sufren las mujeres migrantes en territorio mexicano.
Indica que a pesar de estar expuestas a situaciones que ponen en riesgo su vida, su bienestar físico y psicológico, prefieren no presentar denuncias cuando son víctimas de delitos por temor a ser entregadas al Instituto Nacional de Migración (INM) y deportadas a sus países de origen, o incluso, por no hacer una pausa en su trayecto hacia el norte debido a los largos plazos que implica la burocracia mexicana.
Como la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sur, constantemente padecen asaltos y extorsiones, pero ser víctima de violación y de trata de personas es más común en las mujeres, incluso las transgénero. Y aunque son conscientes de estos riesgos, prefieren exponerse a permanecer inmóviles en sus lugares de origen o en las ciudades fronterizas al sur de México.
BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES
En su ideario, Stephanie Nicole consideró que México sería el país donde podría ser libre e iniciar una vida tranquila, pero no ha sido así. Solicitó refugio político ante la Comar y le fue rechazado; tramitó el recurso de revisión, pero obtuvo otra respuesta negativa. Solo consiguió que se le otorgara la visa humanitaria con vigencia de un año.
En 2016, ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación recibió ocho mil 781 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, pero solo fue otorgado a dos mil 772 personas, mientras que concedió tres mil 632 visas humanitarias. Actualmente no hay estadísticas de cuántos de estos recursos fueron para personas transgénero.
Y aunque esta ayuda internacional les permite vivir en México sin el temor de ser detenidas y deportadas a sus países de origen, no les garantiza el acceso a servicios de salud, vivienda o al trabajo formal. Una vez instaladas aquí, las mujeres transgénero centroamericanas deben sortear múltiples obstáculos.
El primero es la discriminación, pues el imaginario social las señala como trabajadoras sexuales o portadoras de VIH, a pesar de que en los últimos años ha habido un intenso trabajo gubernamental y de asociaciones civiles en temáticas de diversidad sexual, apunta Miguel Lucero, doctorando de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y quien realiza una investigación desde un enfoque sociológico sobre el desplazamiento forzado de las mujeres trans migrantes de Honduras y El Salvador.
Refiere que esta población demanda oportunidades laborales, pero es segregada del ámbito formal por prejuicios sociales, y para subsistir terminan ejerciendo el trabajo sexual, con los riesgos que implica esta actividad para su salud y seguridad.
Nakay Flotte, activista de Diversidad sin Fronteras, un colectivo que acompaña a migrantes LGBTI en México, indica que muchas de las mujeres transgénero que se establecen en la Ciudad de México terminan laborando en Puente de Alvarado —una zona de tolerancia para el comercio sexual de personas LGBTI— donde deben pagar una cuota semanal de 300 pesos, expuestas a redes de trata y al tráfico y consumo de drogas.
“Cuando entras ahí es muy difícil salirte y la mayoría de estas chicas no quieren esa vida, pero dadas las condiciones, se ven obligadas a trabajar solo de eso”, agrega.
Aquellas con mayor suerte son contratadas de ayudantes en restaurantes o cocinas económicas, como personal de limpieza o asistentes en comercios; en Tijuana, una de las ciudades mexicanas a donde más se desplazan, las contratan para la fabricación de artesanías y manualidades.
En su intento por sobrevivir, las migrantes trans se desplazan a urbes grandes y diversas como Guadalajara, Ciudad de México y Tijuana, donde es más fácil invisibilizarse y moverse con mayor libertad. Sin embargo, ahí también deben desafiar problemas severos, como conseguir un sitio donde vivir, pues pocas logran que les sea rentada una casa.
BUROCRACIA, OTRO PROBLEMA
Como si lo anterior fuera un desafío menor, ser reconocidas legalmente con el género en que se identifican es una gran dificultad. Y es que muchas de ellas pierden sus papeles de identidad en el camino y recuperarlos suele ser complicado.
Los documentos que les extienden en el consulado de su país llevan el nombre con el género de nacimiento; además que para expedirlos las obligan a presentarse como hombres: quitarse el maquillaje, recogerse el cabello y vestirse de varón, es decir, no las reconocen como son.
A la misma situación se enfrentan cuando solicitan el refugio ante la Comar. El procedimiento es engorroso y tardado. Les lleva aproximadamente tres meses y durante ese tiempo no pueden salir de la ciudad en que lo tramitaron. Muchas recurren a los albergues, o bien al apoyo económico (alrededor de mil 300 pesos mensuales) que les brinda la ACNUR para alimentación y pago de renta.
Ante el acoso de los grupos criminales (sobre todo en la frontera sur) o porque se desesperan de no poder resolver su situación, muchas piden que se transfiera su caso a otra ciudad, o bien desisten del proceso emprendiendo su camino rumbo a Estados Unidos en busca de oportunidades.
A quienes se les otorga el refugio u obtienen la visa que avala su estancia regular en México, los documentos no reconocen su expresión de género, señala Irazú Gómez Vargas, responsable de la Coordinación de Incidencia y Vinculación de Sin Fronteras, IAP, organización civil que brinda asesoría jurídica y psicológica a refugiados en nuestro país.
El que su documento contenga nombre e identidad de hombre es un factor de rechazo sistemático para acceder a los servicios de salud, a oportunidades laborales, conseguir el alquiler de una vivienda o continuar sus estudios.
Ello incluso en la capital del país, donde a pesar de que existe un procedimiento administrativo para simplificar el trámite de cambio de sexo en el acta de nacimiento, es inaccesible para personas refugiadas o con estancia regular, al estar destinado solo a aquellas con nacionalidad mexicana.
EL DIAGÓSTICO
«¡Lo que no tenemos y necesitamos se llama inclusión!», elaborado por Sin Fronteras, detectó que las reglas de operación de los programas sociales en la Ciudad de México no son totalmente inclusivas, pues solo tres por ciento de ellos acepta documentos migratorios como papeles de identidad, impidiéndoles el acceso.
¿QUÉ HACER?
Forma parte de la primera Caravana Trans-Gay Migrante, que partió en julio pasado de la Ciudad de México rumbo a la ciudad de Nogales, Sonora, con el propósito de solicitar asilo a las autoridades migratorias en Tucson, Arizona. Se trata de un grupo de personas LGBTI centroamericanas que esperan se les conceda el recurso, apelando a que su vida está en peligro.
Y es que en México, la población trans no encuentra las condiciones que les garanticen el respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, y menos aún las migrantes transgénero que se encuentran en nuestro territorio, a pesar de los múltiples tratados internacionales que se han firmado al respecto.
Por ello es preponderante que desde todas las esferas públicas se analice esta nueva realidad. Y el trabajo que se ha realizado desde la perspectiva académica y de los derechos humanos contribuye a entender y atender el fenómeno a partir de diversas perspectivas.
«La contribución que hacen las ciencias sociales permite que se atienda el nuevo contexto migratorio, por ejemplo, con la transformación en la atención primaria, como son los albergues, que fueron fundados en momentos en que México era solo un país de tránsito y ahora es considerado un destino, incluso para la población LGBTI», considera la investigadora social Ailsa Winton.
Pero también suma a las decisiones que se toman a nivel gubernamental, a fin de que las políticas públicas consideren el conocimiento que se ha generado, los diagnósticos y las propuestas viables que contribuyen a cambiar la situación.
Para Miguel Lucero es prioritario poner énfasis en la necesidad de que los países expulsores de migrantes reconozcan las condiciones estructurales, políticas y sociales de este fenómeno, buscando aminorar la problemática y, particularmente, los índices de violencia.
En lo que respecta al gobierno mexicano, tras los focos de alerta que encendió la política migratoria de Donald Trump, debe centrar la mirada no solo en su capacidad para recibir a los connacionales retornados —destaca Irazú Gómez—, sino generar estrategias de atención a los centroamericanos que siguen entrando a nuestro territorio en busca de protección internacional.
Y si se piensa de manera integral en la población migrante transgénero, es importante que las autoridades tejan alianzas con organizaciones de la sociedad civil que dan atención a personas LGBTI para sacarlas de la invisibilidad, en la que son objeto de violencia.
Por ahora, a sus 19 años, Stephanie Nicole centra su esperanza en el país de las barras y las estrellas, «pensando de manera positiva» que pronto podrá vivir libremente y, por qué no, hacer realidad el sueño de convertirse en actriz.
