El pasado domingo fue llevada a cabo en Venezuela la votación para establecer la Asamblea Constituyente que tiene como principal objetivo reformar la Carta Magna de este país y de transformar las funciones del Estado.
Esta Asamblea Constituyente fue impulsada por Nicolás Maduro y rechazada por los grupos opositores al grupo madurista, los cuales organizaron una consulta independiente mediante la cual presumiblemente más de 7 millones de venezolanos rechazaban la asamblea y, por consiguiente, la perpetuación del régimen actual..
Pese a la resistencia opositora y a las más de cien bajas que ésta ha sufrido en los últimos cuatro meses, la asamblea se llevó a cabo y obtuvo una votación favorable, participando más de 8 millones de nacionales en la misma, lo que significa que el proyecto madurista empezará a cristalizar.
Si bien muchos observadores internacionales (incluida parte de la intelligentsia mexicana) han rechazado este golpe mortal a la democracia venezolana (pues se cree que lo único que pretende Maduro es perpetuarse eternamente en el poder), muchos otros países (como El Salvador, Nicaragua y Bolivia) han apoyado la consumación de esta asamblea que blindará al país venezolano de la dominación extranjera, principalmente de Estados Unidos. Hay que recordar nada más que, por ejemplo, los tres países que apoyan el régimen de Maduro han tenido históricamente graves crisis en su soberanía en gran parte por el intervencionismo estadounidense, a través de la CIA.
Más allá de cualquier posición maniquea, lo importante es no perder de vista tanto la política interior venezolana como su política exterior. Por un lado, necesario será que la Constituyente le dé la razón a la oposición con una Nueva Carta Magna con claros visos dictatoriales. Bajo ningún argumento esto sería sano para la democracia venezolana. Por otro lado, imprescindible es que países descontextualizados de este entorno político le desazolven el camino intervencionista a Estados Unidos, quien en este río revuelto saldrá con la mejor ganancia.
Ni corrupción política ni pisoteo a la soberanía venezolana son permisibles en el futuro inmediato de este país, ni mucho menos el cobro de vidas humanas.
Un comentario final: a nadie le huela nada bien que la constituyente tenga poderes ilimitados y que esté por encima de cualquier otra institución del Estado, además del Presidente, pero si esto se hace para de verdad protegerse del peligro que significan los intereses extranjeros y no para reafirmar un régimen tiránico, entonces el fin justifica los medios.
