La visión del Juez sobre la ampliación del Puerto de Veracruz –que desarrolla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes– no toma en cuenta que el proyecto afecta el interés social de la población, pues conlleva impactos ambientales graves en un ecosistema fundamental no sólo para la preservación de las actividades económicas, las tradiciones culturales y la calidad de vida, afirmó Ximena Ramos, de la Oficina del Golfo de México de Cemda.
Además, la destrucción de una parte del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano también conlleva riesgos para la sobrevivencia de los habitantes de Veracruz, toda vez que ese arrecife presta servicios ambientales que hacen posible la vida y las actividades que se realizan en el puerto, destacó la también abogada.
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Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).– El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) acusó que pese a la presentación de argumentos jurídicos y técnicos para defender al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), localizado frente a la ampliación del Puerto de Veracruz, el Poder Judicial de la Federación en esa entidad se ha negado a reconocer los daños ambientales del proyecto, además de la violación del derecho a un medio ambiente sano de los habitantes.
En diciembre pasado, habitantes de la región, asesorados por esta Organización No Gubernamental (ONG), presentaron una demanda de amparo para solicitar la suspensión de las obras de ampliación portuaria, especialmente aquellas que pudieran provocar un daño irreversible al ecosistema.
En abril pasado se dio a conocer que el Poder Judicial de la Federación determinaría si el proyecto en el puerto veracruzano vulneró o no el derecho de los habitantes a un medio ambiente sano, pero recientemente lo negó.
En entrevista para SinEmbargo, la abogada Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, de la Oficina del Golfo de México de Cemda –grupo civil con 24 años trabajando en defensa del medio ambiente y los recursos naturales en el país– expuso que el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y que ya concluyó con la primera etapa de construcción, viola el derecho de los habitantes a un medio ambiente sano.
La especialista recordó que en abril, el Juzgado de Distrito negó la suspensión definitiva de las obras al considerar que los demandantes “no habían demostrado tener un interés legítimo para solicitarla”, o sea, no acreditaron tener una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica.
También estimó que “detener una obra como la ampliación del puerto de Veracruz, evidentemente iría en contra del interés social y orden público que impulsó al Estado mexicano a su realización en beneficio de la economía y la población”.
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PRIMERO, EL INTERÉS ECONÓMICO
Ante este panorama, Ramos Pedrueza Ceballos lamentó que las autoridades mexicanas favorezcan el interés económico, sobre el derecho de los veracruzanos a gozar de un medio ambiente sano.
«La visión del Juez no toma en cuenta que el proyecto afecta el interés social de la población, pues conlleva impactos ambientales graves en un ecosistema fundamental no sólo la preservación de las actividades económicas, las tradiciones culturales y la calidad de vida, sino también para la sobrevivencia de los habitantes de Veracruz, toda vez que el arrecife presta servicios ambientales que hacen posible la vida y las actividades que se llevan a cabo en el puerto», indicó Cemda a través de un comunicado.
Entre los servicios ambientales que la especialista en derecho enunció se encuentran la producción de oxígeno, de recursos pesqueros y turísticos; la seguridad de la biodiversidad; así como la protección contra marejadas y huracanes.
«Al momento en que los arrecifes se ven afectados, también se ven afectados los servicios ambientales que prestan, entonces de esa manera se viola el derecho a un medio ambiente sano», dijo la abogada.
El mes pasado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito admitió el recurso de revisión presentado por los afectados en contra de la negativa a otorgar la suspensión definitiva de la ampliación del puerto.
Ramos Pedrueza Ceballos explicó que con el objetivo de demostrar que las obras de ampliación ocasionarán daños que impactarán el derecho a un medio ambiente sano, ofrecieron pruebas periciales realizadas por científicos y técnicos, mismas que buscan dar al Juez elementos basados en la ciencia «que le permitan tomar una decisión bien fundamentada».
«Ofrecimos pruebas donde científicos y técnicos pudieron hacer un análisis sobre cuál es el impacto específico y para demostrar que puede haber un daño irreversible a los arrecifes y a los habitantes de Veracruz», planteó.
A pesar de lo anterior, mediante un acuerdo, a principios de julio, el Juez desechó dichas pruebas, con lo que, de acuerdo con la abogada, no podrán analizarse las irregularidades ocurridas luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgara las autorizaciones de impacto ambiental (AIA) para la ampliación del puerto.
Y entre las irregularidades señaló la omisión de manifestar y evaluar la existencia de un arrecife de coral, ubicado a medio kilómetro de distancia de la entrada del nuevo puerto.
Por lo expuesto anteriormente, hace un par de semanas Cemda presentó un recurso de queja, bajo el argumento de que las pruebas presentadas buscan comprobar los posibles impactos por la ampliación del puerto y específicamente en el arrecife de La Loma, que no fue considerado en la Evaluación de Impacto Ambiental.
Al respecto, la organización denunció: «En repetidas ocasiones, el Juez ha puesto trabas en el litigio, desechando o negando peticiones bajo el argumento de que los demandantes no tienen interés jurídico ni se ha probado el daño. Esto, pese a que se han ofrecido pruebas documentales tales como estudios sobre los servicios ambientales que presta el SAV a la comunidad de la Zona Metropolitana de Veracruz».
«El Poder Judicial no está atendiendo los estudios que estamos haciendo, está haciendo una interpretación muy cerrada de las leyes y de la Constitución, está faltando a su obligación constitucional de brindar un acceso a la justicia, toda vez que está afectando el derecho específicamente a un medio ambiente sano», comentó la abogada.
La experta en temas legales, aclaró que el caso aún no está cerrado: «No es la respuesta definitiva, pero con todas estas determinaciones, hay una línea clara de que se considera que la ampliación del puerto es un tema comercial que está sobre el interés a un medio ambiente sano para las personas que habitan cerca del Puerto de Veracruz».
Asimismo destacó la obligación que tiene Semarnat de hacer evaluaciones de impacto ambiental de forma completa y de verificar que los promoventes de los proyectos proporcionen información veraz, pues en este caso «no se habían dado cuenta de los arrecifes que existen. La Semarnat tiene que mejorar sus procesos de evaluación ambiental», urgió.
Finalmente, hizo un llamado al Poder Judicial a atender criterios internacionales que se refieren al deber de prevención y precaución, a fin de que tomen medidas para evitar posibles daños irreparables en los ecosistemas mexicanos.
