El abatimiento de Jesús Pérez Luna —El ojos — y de sus cómplices confirmó lo que el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, niega a pesar de las evidencias: que la Ciudad de México es asiento de cárteles del narcotráfico. Los operativos implementados por la Marina y la Policía Federal en Tláhuac y zonas aledañas también evidencian que el Gobierno del Distrito Federal está rebasado para enfrentar al crimen organizado –por incapacidad o complicidad –y que debe ser una autoridad federal, como pasa en Sinaloa y Tamaulipas, la que devuelva el orden y la tranquilidad a los habitantes de esa zona aunque sea por corto tiempo.

La evolución del cártel de Tláhuac es de tal magnitud –el operativo de la Marina así lo acredita –que para alcanzar tan amplios dominios e impunidad la organización comandada por Pérez Luna tuvo que aliarse con autoridades del más alto nivel y enquistarse en la estructura de poder. Al menos en Tláhuac se tuvo que establecer una suerte de cogobierno con el jefe delegacional para poder operar sin ser molestados.

Las complicidades seguramente escalaron otros niveles: jefes policiacos, comandantes e incluso el propio Secretario de Seguridad Pública y, así, el narco pudo llegar, incluso, a la propia oficina del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con o sin su complacencia.

El llamado cártel de Tláhuac surgió hace casi un lustro y se le considera una extensión de la Familia Michoacana, el grupo criminal que durante muchos años sembró terror y muerte en Michoacán, su zona de asiento. Este cártel, más tarde aliado de los Caballeros Templarios, se adentró al Distrito Federal a través del estado de Morelos, entidad que donde opera Santiago Mazari Hernández, El Carrete, jefe del cártel de “Los Rojos”, quien ha vivido su etapa de esplendor en el sexenio de Graco Ramírez, el llamado miembro de la izquierda progresista.

El cártel de Tláhuac no es el único que opera en el Distrito Federal. La ola de levantones, secuestros, extorsiones y distribución de droga también es operada por el grupo delictivo La Unión de Tepito y no es menor la penetración del cártel de Sinaloa y Nueva Generación en el territorio que gobierna Miguel Ángel Mancera, quien aspira a la presidencia de la República en el 2018 como candidato independiente.

Hasta no hace mucho tiempo el cártel de Sinaloa estaba infiltrado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: desde la terminal aérea operaban los hermanos Beltrán Leyva y familiares de Ismael El Mayo Zambada, quienes controlaban el tráfico de droga vía aérea y a través de las aduanas, que se convirtieron en instrumentos del crimen organizado durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y que, en la actualidad, siguen infiltradas por el narco.

Entre el estado Coahuila, Morelos y el Distrito Federal transitaba con un ejército de hombres armados Sergio Villarreal Barragán, El Grande, capo actualmente preso en Estados Unidos. Villarreal tiene nexos políticos importantes: fue cuñado de Guillermo Anaya Llamas –compadre de Felipe Calderón — excandidato panista al gobierno de Coahuila –y era uno de los principales operadores de Arturo Beltrán, quien vivió a sus anchas en el estado de Morelos y, desde ahí, manejaba el trasiego de droga tanto en el estado de México como en el Distrito Federal.

Villarreal Barragán, de acuerdo con informes de la PGR que constan en la llamada “Operación Limpieza” se encargaba de coordinar el arribo de importantes cargamentos de cocaína y otras sustancias a través de los aeropuertos de Toluca y el Distrito Federal. Entre otros grupos criminales, le abastecían al cártel de Neza, cuya etapa de auge se presentó cuando Marcelo Hebrard – exiliado en Europa –era secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. El Jefe de Gobierno era Andrés Manuel López Obrador y un policía ligado en su tiempo a Guillermo González Calderoni estaba a cargo de la Central de Abastos.

Durante la administración de Mancera, el Distrito Federal ha sido sacudido por eventos de alto impacto propios del crimen organizado. Ahí está la desaparición de once jóvenes del bar After Heaven, ubicado en la Zona Rosa, donde operan varias células distribuidoras de droga con el respaldo de la policía.

Entre los desaparecidos en aquella redada criminal figuraron un hijo de Jorge Ortiz Reyes, El Tanque, y el vástago de Alejandro Sánchez Zamudio, El Papis, ambos jefes de una de las bandas criminales más violentas y mejor organizadas que forman parte del cártel de Tepito y que cayeron en prisión en el año 2003 aunque sus familiares continúan en el negocio.

Al parecer este ataque tuvo como causa una venganza tras el asesinato de Horacio Vite Ángel, quien fue ejecutado cerca del bar Black, ubicado en la colonia Condesa –otra plaza boyante en la distribución de coca –quien era una pieza importante del cártel de la Unión.

En el Distrito Federal como en Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, entre otros estados plagados de violencia, los cárteles también han diversificado sus actividades delictivas. Lo mismo abastecen de droga a los consumidores en bares y cantinas que se internan en Ciudad Universitaria, donde operan abiertamente y, hasta donde se sabe, con la complacencia de algunas autoridades de la UNAM.

El problema del consumo de droga en la UNAM no es un tema nuevo. Tampoco es novedoso que en el campus universitario se refugien narcos para cerrar operaciones y hasta testigos protegidos utilicen las instalaciones para delinquir. Lo que llama la atención es que las autoridades universitarias sigan admitiendo alumnos con problemas de adicción y no establezcan como obligatorio el examen antidoping para inscribirse en alguna carrera universitaria. Esto parece no importarles. ¿Será porque el mercado de consumo y las ganancias por venta de droga es muy cuantioso? Es posible.

Las autoridades federales también han efectuado operativos y cateos en casas y negocios donde presuntamente se lava dinero del crimen organizado. La Secretaría de Marina, por ejemplo, desmanteló una célula ligada al lavado de dinero en la avenida Miguel Laurent, en la colonia del Valle. Otro golpe lo ejecutaron en Polanco y otro más en un hotel de la colonia Nápoles. Si la Marina y la PGR rastrean operaciones de lavado y efectúan cateos en el Distrito Federal es porque los cárteles del narcotráfico están activos y necesitan blanquear sus ganancias.

Las operaciones del cártel de Tláhuac de pronto sorprendió al Jefe de Gobierno. Más aún cuando la Marina tuvo que intervenir, ante la falta de reacción de la policía capitalina, cómplice en buena medida del crimen organizado. Resulta que nadie sabía que en esa zona del Distrito Federal había un grupo criminal. Ni el procurador Edmundo Garrido Osorio, a pesar de que como subprocurador tenía bajo su responsabilidad las investigaciones y el combate al narcomenudeo.

Todo el mundo se sintió sorprendido pese a que las experiencias internacionales establecen que ninguna organización criminal puede crecer y operar a tan gran escala –como el cártel de Tláhuac –sin protección oficial. Es por ello que ahora los reflectores se encendieron en contra del delegado en esa demarcación, Rigoberto Salgado –amante de los gallos y de las apuestas –señalado de haber recibido dinero de Jesús Pérez Luna, El Ojos, para su campaña.

Como pago por los favores, el jefe delegacional de Morena habría respondido con protección institucional. Ahora la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicita la comparecencia de Salgado para que explique sus presuntos vínculos con el cártel de Tláhuac, así como los contratos millonarios y sin licitación que ha otorgado a quienes le aportaron dinero para su campaña política.

Lo que Mancera no ha explicado es a qué atribuye la evolución del cártel de Tláhuac si, como ha venido diciendo, “en el Distrito Federal no hay cárteles”. Cómo fue posible, entonces, que este grupo criminal se afincó en Tláhuac y comenzó sus operaciones a gran escala en el tráfico de drogas en varias delegaciones. Si no es con protección política y policiaca, cómo podría explicarse el robustecimiento de esta organización criminal.

El caso no es menor, más aún cuando el Jefe de Gobierno se introdujo en su disco duro le negación como defensa ante la avasallante evidencia. El aspirante presidencial es refutado por la realidad y, pese a ello, simula ceguera y sordera porque simplemente no quiere ver lo que acontece en la ciudad que gobierna.

El cártel de Tláhuac se vinculó con distintas autoridades y a gran escala. Pudo ser que el cortocircuito esté en la delegación que encabeza Rigoberto Salgado, quien presuntamente está relacionado con ese grupo criminal, pero no se descarta que la policía tenga que ver con la protección. En la lógica criminal nada es descartable. Ni siquiera que la protección institucional llegue hasta la cúspide.

Políticamente este caso también ha resultado un golpe contundente para Mancera, quien tiene una larga lista de temas que ya lo alcanzaron y justo cuando pretende lanzarse con candidato presidencial independiente. Además, del narcotráfico, otro tema que no se olvida es el encubrimiento de la presunta corrupción de Marcelo Hebrard con la construcción de la línea doce del metro. Ese caso simplemente fue enterrado.

De igual forma se encubren los secuestros y levantones en la Central de Abastos. Lo curioso es que el financiamiento de las encuestas que Mancera ordenó para medir sus preferencias en el país están siendo financiadas con recursos salidos de la Central de Abastos, a través de varios operadores. De ahí se pagan millones de pesos a los encuestadores, quienes piden la credencial de elector de la gente y les preguntan si votarían o no en el 2018 por Miguel Ángel Mancera.

Este proyecto se realiza en varios estados del país y los pagos se realizan en efectivo, en billetes contantes y sonantes que son entregados por un operador que carga, cada quincena, un sobre con muchos fajos de papel de color café y rosa.

Todo esto pone en evidencia que si un político quiere ser presidente de la República tiene que buscar financiamiento hasta debajo de las piedras. Y el narco es una gran fuente de recursos para ellos. Un ejemplo contundente es Tomás Yarrington, aspirante presidencial en el año 2006, quien al decidir competir por la candidatura del PRI a la presidencia de la República ordenó a sus operadores que el cártel del Golfo y Los Zetas financiaran su proyecto. A cambio, vendría como pago el más cuantioso cheque: la impunidad.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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