Eugenio Galicia Romero, locatario del Mercado Cuajimalpa, ubicado en el centro de esa demarcación, acusa al Delegado priista Miguel Ángel Salazar de «castigarlo» con cerrar ilegalmente los locales de él y de su familia, debido a que desde hace años apoya la protesta social en esa demarcación: desde la oposición al Tren México-Toluca, hasta las irregularidades en los permisos de uso de suelo para construir grandes edificios, la exigencia de cuentas claras a las autoridades en la administración de recursos público o el uso del agua potable para proyectos que desplazan a la población.
El comerciante recordó que no es la primera vez que lo presionan y amenazan desde el Gobierno de Cuajimalpa. En 2014, cuando el ahora priista Adrián Rubalcava estaba al frente de esa demarcación, el político le advirtió que le quitaría los locales por no apoyar al PRI y por exigirle que presentara cuentas de su administración. Le dijo que «de su cuenta corría que me iban a quitar los locales. Él así directamente me lo dijo», expuso Galicia Romero a SinEmbargo.
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Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– Autoridades de la Delegación Cuajimalpa, en la Ciudad de México, a cargo del priista Miguel Ángel Salazar, «castigan» a habitantes que exigen cuentas sobre el destino de los recursos públicos y a quienes denuncian corrupción en el Gobierno de esa demarcación.
En entrevista con SinEmbargo, Eugenio Guillermo Galicia Romero, locatario del Mercado Cuajimalpa [ubicado en Veracruz, esquina con Ocampo, en el centro de esa demarcación] denunció que las autoridades delegacionales mantienen clausurados –de forma ilegal– los establecimientos de él, su esposa y su hijo, desde hace más de 110 de días, con lo que el sustento de su familia se ha visto mermado.
Pero, ¿qué podría estar causando que en dicho mercado únicamente los negocios de la familia Galicia sean cerrados?
Eugenio lo atribuye a la lucha social que ha emprendido desde hace algunos años, donde ha cuestionado en qué se gastan los recursos que se le destinan a la demarcación, las irregularidades por el paso del Tren Interurbano Toluca-Valle de México en esas tierras, y su protesta para detener la construcción de edificios, ya que la escasez de agua es ya un problema para los cuajimalpenses.
«Soy un luchador social aquí en la Delegación. Estamos luchando incluso en contra del Tren Interurbano porque está devastando grandes áreas boscosas. Estamos tratando de impedir que se sigan violentando nuestra delegación con permisos fuera de la Ley cambiando los usos de suelo para hacer edificios, pues nos llega el agua una vez cada quince días, o sea están absorbiendo nuestros recursos a la mala», expuso.
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El comerciante narró que el pasado 22 de marzo, personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) realizó una visita a los tres locales de comida, por orden de Hugo Méndez Gómez, director general del área Jurídica y de Gobierno en Cuajimalpa.
Dos semanas después, el 6 de abril, empleados del mismo instituto, «por órdenes de la Delegación Cuajimalpa», colocaron sellos de suspensión de actividades a sus locales con el argumento de que esas áreas no cuentan con el «Programa Interno de Protección Civil'»; no obstante, los «Lineamientos para la operación y funcionamiento de los mercados públicos del Distrito Federal» plantean en su artículo séptimo, en la fracción séptima, que:
«Los Órganos Político-Administrativos, a través de la Dirección General Jurídica y de Gobierno o área administrativa que corresponda en función de sus atribuciones, además de las señaladas en otras disposiciones, tendrán las siguientes atribuciones: […] VII. Elaborar e implementar el Programa Interno de Protección Civil para los Mercados Públicos de su demarcación».
Es decir, los locales del comerciante y su familia fueron clausurados por la falta de un protocolo que debe ser desarrollado por las mismas autoridades delegacionales que se lo exigen.
«El 10 de abril solicitamos copia del programa interno de protección civil a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Cuajimalpa que por ley están obligados a elaborar e implementar en los mercados públicos», explicó.
Tras la situación, don Eugenio, su esposa Lilia Olivo y su hijo Cristian presentaron una demanda de nulidad del procedimiento administrativo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el mismo día levantaron una queja ante la Contraloría General de la Ciudad de México.
Para el día 26 de abril, la dirección de protección civil de la demarcación, a través de la oficina de información pública, les comunicó que únicamente se requiere de un programa interno de protección civil para todo el mercado y no por cada local.
«Ante todas las evidencias e información con las que contamos concluimos que la autoridad administrativa en Cuajimalpa está violando el procedimiento administrativo, los reglamento y leyes aplicando actos de corrupción con el único fin de perjudicarnos en el medio de sustento familiar. Es un acto arbitrario, fuera de la Ley», denunció.
Un par de semanas después, personal del INVEA, por orden de la delegación, retiró los sellos de suspensión de actividades, pero en el mismo acto colocó sellos de clausura temporal a los tres locales.
El Tribunal de lo Contencioso concedió la admisión de la demanda y la suspensión de la clausura de los locales; le ordenó a la delegación retirar los sellos de clausura y le dio un plazo de entre uno y tres días hábiles para cumplir el retiro de los sellos y aunque las autoridades fueron el 2 de junio, hasta la fecha no han acatado la orden.
Por si fuera poco, acusó, el señor Eugenio, el 14 de julio pasado, personal del INVEA retiró los sellos de clausura de los tres locales a fin de permitir que personal de Cuajimalpa los desalojara sin presentar orden alguna, no obstante, gracias al apoyo de otros locatarios del mercado éste fue impedido. Poco más de una hora después, empleados del mismo instituto colocaron nuevos sellos de clausura, sin presentar documentos que así lo establecieran.
«El director general de jurídico y de Gobierno de la delegación Cuajimalpa amenazó a los compañeros locatarios con llevarlos a la cárcel si seguían apoyándonos», comentó.
AMENAZAS DE ADRIÁN RUBALCAVA
Esta no ha sido la única ocasión en la que autoridades de la Delegación Cuajimalpa han realizado acciones para cerrar los locales de don Eugenio y su familia. Recordó que la primera vez ocurrió en 2014, cuando el ahora priista Adrián Rubalcava Suárez fungía como Delegado de la demarcación.
«Cuando Adrián Rubalcava andaba en campaña me visitó porque como tenemos contacto con mucha gente. Él quería que yo lo apoyara, pero yo le dije que no, porque no me nace apoyar al PRI [Partido Revolucionario Institucional]. Yo creo que por ahí viene el enojo. Después, a finales de 2013, cuando ya era Delegado, directamente Rubalcava me dijo que yo lo estaba dañando al pedir cuentas, y que de su cuenta corría que me iban a quitar los locales. Él así directamente me lo dijo», sostuvo.
Y dos ocasiones más el año pasado: en una se intentó aplicar una multa de 22 mil pesos a cada local y en otra se les retiró la cédula de concesión a los establecimientos, pero tras una demanda de nulidad, el Tribunal de lo Contencioso les concedió la razón y falló a su favor.
Finalmente, el locatario aseguró que personal de la delegación les extendió una recomendación de que «nos cuidemos y nos preguntaron si no tenemos miedo de que algo malo nos pueda pasar», por lo que responsabilizó a las autoridades delegacionales de cualquier daño a la integridad de él, los miembros de su familia y sus bienes.
«Quiero destacar que hago responsable al Delegado de Cuajimalpa de cualquier daño físico y material que pueda sufrir cualquier miembro de mi familia y en mi persona, como en nuestros bienes y posesiones», destacó Galicia Romero.
