Formada por varias leyes y disposiciones, el SNA quedó hoy completado con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos destinada a castigar los actos de corrupción de funcionarios, pero sin el nombramiento todavía de la figura clave del fiscal anticorrupción. Sin embargo, las bases legales para la creación del Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México están entre las más preocupantes para el “semáforo anticorrupción”, pero no son las únicas.
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Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– Si bien la mayoría de los estados cumplió con reformas constitucionales y leyes para sus sistemas anticorrupción –cuyo plazo venció ayer martes–, una revisión detectó causas de preocupación en los nuevos marcos legales, sobre todo en el aprobado el lunes en la Ciudad de México.
De acuerdo con la más reciente actualización del “semáforo anticorrupción” difundido esta tarde por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México contravino los términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción al eliminar, por ejemplo, el requisito para que el secretario técnico del sistema local no haya formado parte de un partido político o haber desempeñado cargo de elección popular en los cuatro años anteriores.
También, indica la revisión del IMCO, los diputados locales aprobaron trasladar a la Asamblea el nombramiento del Secretario Técnico, que en la Ley General quedaba en manos del presidente del comité de comité coordinador, única representación ciudadana de todo el entramado de participantes.
Otra observación del semáforo es que, si bien la Ley General establece siete lugares en el comité coordinador del Sistema Nacional, los legisladores locales (mayoría de PRD, PAN, PRI y PVEM) agregaron otras dos posiciones: el Órgano de Control Interno del Congreso y el Consejo de Evaluación.
También, dice IMCO, establecieron la figura de comité de selección del consejo de participación ciudadana, pero no se especifica que debe estar compuesto por ciudadanos o algún otro de los requisitos considerados por el modelo del SNA.
“El plazo constitucional para la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción se venció; sin embargo, debemos presionar a los congresos locales para que lleven a cabo su obligación”, dice un comunicado emitido hoy por el IMCO.
La adaptación del marco legal en la Ciudad de México a los términos de la Ley General del SNA se realizó el pasado lunes, en una sesión de varias horas en las que se crearon seis nuevas leyes y se reformaron otras cinco.
Lo aprobado, sin embargo, fue cuestionado desde un inicio por la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que advirtió un traslado de facultades de la ciudadanía al Jefe de Gobierno en, por ejemplo, el nombramiento del Fiscal Especializado Anticorrupción.
“Es a todas luces evidente que estos partidos intentan, a toda costa, cuidarse las espaldas, por eso están empeñados en sembrar a funcionario”, dijo el coordinador de Morena en la ALDF, César Cravioto.
OTRAS PREOCUPACIONES
Las bases legales para la creación del Sistema Anticorrupción en la Ciudad de México están entre las más preocupantes para el “semáforo anticorrupción”, pero no son las únicas.
En Baja California, dice el comunicado, se aprobó incluir cuatro integrantes del comité coordinador (de los cuales seis son institucionales y sólo uno ciudadano) en el Comité de Participación Ciudadana. En Tabasco, agrega, a pesar de tener una reforma constitucional regular, preocupa que no se establece la obligación explícita de presentar declaración patrimonial y de intereses.
“29 estados ya cuentan con una Ley del Sistema Local Anticorrupción: 21 satisfactorias y 8 regulares. De las leyes satisfactorias, se estimó que tuvieron un 93.7 por ciento de adecuación a la Ley Modelo presentada por las organizaciones”, dice.
Entidades como Tlaxcala, Chihuahua y Veracruz no tienen todavía Leyes locales para sus sistemas Anticorrupción (Chihuahua no tiene ni aun reforma constitucional), mientras que los congresos de Jalisco y Baja California aprobaron sus dictámenes ayer martes, por lo que no han sido revisadas.
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El Sistema Nacional Anticorrupción entró en vigor hoy en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley General publicada el 18 de julio de 2016 y que, sin embargo, no establece sanciones para casos de incumplimiento en los nombramientos.
A nivel nacional, por ejemplo, arrancó sin que se hubiera nombrado al Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción ni a los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
“No hay voluntad. Me queda clarísimo que hay enormes resistencias, hay algunos que están dispuestos, será que son los que tienen menos cola que les pisen, pero en general hay mucha resistencia, que se ha notado desde el principio”, dijo el lunes Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), en un acto público en el que más de 30 organizaciones empresariales, académicas y de la sociedad civil exigieran completar el SNA.
“Creo que para ver la voluntad política necesitamos resultados: que se instale una Fiscalía General de la Nación, que de alguna manera supere los vicios de la PGR y que sea verdaderamente autónoma y dé pauta a una fiscalía autónoma en materia de corrupción”, coincidió Ana Cristina Ruelas, directora de la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19.
