La CNDH destacó que en el reciente “Informe Especial de la Comisión Nacional sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México” dado a conocer a la opinión pública el 6 de abril de 2017, se destacó que Veracruz cuenta con 523 casos de acuerdo con el Registro de Personas.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al Gobierno de Veracruz reparar el daño a los familiares de los cinco jóvenes que en enero de 2016 fueron detenidos por policías de Tierra Blanca y entregados a miembros de un grupo delictivo, quienes los mataron y se deshicieron de los cuerpos.
En una recomendación emitida este miércoles, la CNDH pidió al Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, proporcionar a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que debe incluir una indemnización justa por la gravedad de los hechos.
Además, a los familiares se les debe otorgar atención psicológica, tanatológica y médica, con un trato digno, sensible y con calidez, pidió. De igual manera, solicitó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) ofrezca una disculpa pública institucional.
El Gobierno de Veracruz, indicó, deberá colaborar en la integración de la carpeta de investigación que la CNDH inicie con la Procuraduría General de la República (PGR) contra quien o quienes resulten responsables por delincuencia organizada.
Solicitó girar instrucciones para que la Comisión de Honor y Justicia de la SSP determine, a la brevedad y conforme a derecho la investigación administrativa, contra los policías estatales que participaron en las conductas cometidas contra los agraviados y se deslinden las responsabilidades correspondientes; además de instruir al titular de la dependencia a que se realice un diagnóstico para determinar si los elementos policiales cumplen con los perfiles requeridos para el empleo, cargo o comisión y, de apreciar circunstancias irregulares, se proceda conforme a derecho.
Esta semana, Noticieros Televisa dio a conocer que las familias de las cinco víctimas están en el abandono desde hace meses pese a que el Gobierno federal se había comprometido a hacerles llegar apoyos económicos y sicológicos del Fondo de Víctimas de la Violencia.
De acuerdo con el testimonio de los familiares, la mensualidad que les depositaban y la atención psicológica y médica sólo los tuvieron unos meses; «cuando el tema dejó de estar en los medios de comunicación, los apoyos dejaron de llegar», dijeron al medio.
Después de que se dio a conocer la desaparición y ejecución de su hermano, Mariana, de 33 años, padeció una diabetes muy agresiva que no fue atendida por la falta de recursos, causando su muerte, declaró Adriana, otra de las hermanas.
La mañana del 11 de enero de 2016, policías municipales, cubiertos del rostro y con armas de fuego, detuvieron a José Benitez de la O, de 24 años, a Mario Arturo Orozco, de 24, Alfredo González, de 25, Bernardo Benítez, también de 25, y Susana Tapia de 16, cuando viajaban a bordo de un vehículo en un tramo carretero de Tierra Blanca.
Según el testimonio de uno de los ocho policías detenidos por este caso, los jóvenes, todos originarios de Playa Vicente, fueron entregados a miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes los torturaron, desnucaron y luego incineraron.
La CNDH destacó que en el reciente “Informe Especial de la Comisión Nacional sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México” dado a conocer a la opinión pública el 6 de abril de 2017, se destacó que Veracruz cuenta con 523 casos de acuerdo con el Registro de Personas.
