El abogado del activista ambiental John Moreno, preso desde hace dos meses en Baja California Sur, por oponerse a un proyecto inmobiliario de la empresa Mira, ligada al cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, exigió al Gobernador de esa entidad que retire el uso de la maquinaria del Estado «para proteger a sus amigos de la empresa».
«El uso de la fuerza del Estado para contener la protesta social en defensa del medio ambiente convierte al Estado en terrorista. Es lo peor que puede hacer una entidad que se denomina democrática y es lo que estamos padeciendo en Baja California», expuso Arturo Rubio Ruiz.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo).– El abogado y defensor de los derechos humanos John Joseph Moreno Rutowski se encuentra encarcelado desde hace dos meses sin pruebas de que haya cometido ilícito alguno. El activista defendía comunidades ubicadas en la delegación municipal de Todos Santos, en Baja California Sur, donde Mira –compañía ligada al cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– construye un complejo inmobiliario.
John Moreno fungía como abogado de un grupo de pescadores de esa comunidad del Pacífico mexicano que se opone al proyecto minero «Los Cardones» y a la edificación de “Tres Santos”, una villa de lujo de 435 hectáreas, que acusan está dañando un sistema de humedales y manglares cercano.
A través de un comunicado, organizaciones de la sociedad civil destacaron que el proyecto es ejecutado por Black Creek Group, una compañía que pertenece Mira, ligada a Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente de México.
El 12 de julio pasado, el nombre de Gerard Rivero también destacó en la prensa por el hallazgo de un megayacimiento petrolero en el Golfo de México. Éste fue realizado por el consorcio de Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil. Sierra Oil and Gas es una compañía mexicana que ha sido una de las más favorecidas por las diferentes rondas y contratos de la Reforma Energética.
Fue fundada en 2014 con capital de la empresa Infraestructura Institucional, fundada ésta a su vez por Jerónimo Gerard, cuñado de Salinas de Gortari y también del actual director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González.
En Baja California Sur, la denominada Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Lobos se opuso al desarrollo del proyecto inmobiliario al considerar que afecta el suministro de agua de la zona, pretende despojar a los pescadores de sus tierras y representa daños considerables al ecosistema.
El pasado 19 de mayo, John Moreno, quien se encuentra bajo el mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue detenido y acusado del delito de despojo.
En entrevista para SinEmbargo, Arturo Rubio Ruiz, abogado de Moreno, destacó que el proceso presenta diversas irregularidades y carece de pruebas que acrediten su culpabilidad, por lo que en apego al Nuevo Sistema de Justicia Penal esto debería significar su liberación, no obstante, Moreno hoy cumple dos meses preso en el Cereso de La Paz en Baja California Sur, al igual que su cliente, Joella Faith Corado, una ciudadana mexicana-estadounidense vinculada al caso.
«Tengo 40 años litigando y nunca me había encontrado con un abuso de poder tan grande como este, en el cual la Procuraduría [de Justicia del Estado] falsifica documentos y acusaciones para consignar a una persona. Es inaudito», lamentó.
Rubio Ruiz narró que la policía ministerial fue la encargada de la detención y llegó a notificarle que tenía una comparecencia, que debía ir a declarar por una averiguación en la que él es denunciante, no obstante cuando el activista y abogado subió a la camioneta fue despojado de su teléfono celular, «lo dejaron incomunicado y la siguiente presentación ya fue ante la reja del juzgado ese mismo día a las 9 de la noche».
A John Moreno, comentó, se le acusa de ocupar furtivamente el territorio en donde se desarrolla la construcción del inmueble, pese a que no se han presentado pruebas para acreditar el delito. Organizaciones civiles que han expresado su preocupación por el caso, señalaron mediante un comunicado que los agentes encargados de la detención utilizaron «documentación falsa elaborada por las mismas dependencias estatales, las cuales, incluso, fueron desechadas por los mismos jueces, no obstante, Moreno permanece preso».
«La Jueza [Rosalía J. Domínguez] le negó la libertad provisional, al argumentar que se trata de un delito grave, pero se reformó la Constitución y el artículo 19 establece que sólo delitos como crimen organizado, homicidios dolosos, violación, secuestro, trata de personas, etcétera, requerirán prisión preventiva, o sea, no el despojo», acusó el abogado del activista ambiental.
Y agregó que «la detención de John tiene violaciones procesales en su detención. Lo que denunciamos es que para poder liberar la orden de aprehensión, la Jueza utilizó pruebas que demostramos que son falsas». El responsable de las falsificaciones, aseguró, sólo puede ser «alguien con mucha autoridad». «No puede ser nadie más que el Procurador de Justicia del Estado [Erasmo Palemón Alamilla Villeda]», denunció.
En este tenor, las ONGs enlistaron una serie de derechos que a su consideración son violados con la detención:
1. Al derecho a la libertad.
2. Al derecho de presunción de inocencia.
3. A los derechos procesales.
4. A la garantía de seguridad jurídica.
5. A la garantía de legalidad.
6. A la garantía del debido proceso.
7. A la garantía de justicia pronta.
8. A la garantía de justicia expedita.
9. A la garantía de certeza jurídica.
10. A los derechos derivados y consagrados en la convencionalidad internacional.
11. Al derecho y garantía de aviso a la Embajada de Estados Unidos.
12. A la garantía y garantía y derecho de asistencia consular.
13. Al derecho y garantía de acceso y obtención de las constancias que integran la causa penal.
14. Al derecho y garantía de inmediatez procesal.
15. Al derecho y garantía de un procedimiento abreviado.
El abogado Rubio recordó que 15 días antes de la detención de John Moreno, el Procurador se reunió con la empresa desarrolladora ligada al familiar de Salinas de Gortari y que una semana después, el propio Gobernador [de Baja California Sur Carlos Mendoza Davis] hizo lo mismo.
«El mandatario declaró ‘tiene todo el apoyo del Gobierno de Baja California porque trae progreso al estado'», aseguró.
Asimismo, agregó, un Tribunal Federal Mexicano falló a favor del derecho de los pescadores a fin de proteger sus tierras y viviendas, por lo que no pueden ser desplazados. Pero, aún así, denunció, el proyecto inmobiliario no se ha detenido y continúa la etapa inicial de construcción.
«Va en la primera etapa, pero cuando llegue a la quinta se convertirá en una ciudad monstruosa: va a consumir el 43 por ciento del agua destinada para todas las cuencas que van a la tercera parte del estado. Nos van a dejar sin agua», dijo.
ORGANIZACIONES LEVANTAN LA VOZ
El 13 de julio, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana, enviaron una carta al Gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, del Partido Acción Nacional (PAN), para manifestar su preocupación por la situación.
La misiva entregada con copia al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián y al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señala que en los casos mencionados existen «irregularidades técnico-jurídicas en los permisos y/o autorizaciones expedidas, que han derivado en la interposición de acciones legales».
En el caso del proyecto minero «Los Cardones» se llegó a la nulidad de su autorización en materia ambiental en marzo de 2017, mientras que el desarrollo inmobiliario costero «Tres Santos» se encuentra actualmente en litigio.
En 2016, durante una manifestación, pescadores y el propio abogado John Moreno fueron replegados por 200 granaderos enviados por el Gobierno estatal. Ante este panorama, las organizaciones apuntan en la misiva que en el estado se ha vivido «un deterioro en el goce de los derechos fundamentales».
Cabe mencionar que en enero de este año, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México recordó que en México es frecuente la criminalización de los defensores de derechos humanos, «a través del mal uso deliberado del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos. Generalmente la criminalización se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias infundadas o de querellas basadas en delitos penales, los cuales pueden no estar en conformidad con el principio de legalidad ni cumplir con las normas internacionales de derechos humanos.»
A fin de prevenir y evitar que el caso de la detención «pueda tratarse de un acto de intimidación encaminado a obstaculizar e inhibir la legítima labor de defensa legal» en los casos citados anteriormente, las organizaciones firmantes hicieron un llamado al Gobernador Mendoza panista para:
1.- Que se lleven a cabo los procesos legales bajo los estándares de protección más amplios, que permitan resolver de manera pronta el proceso penal en contra de John J. Moreno, y en consecuencia se garantice sus derechos humanos, incluido su derecho al debido proceso.
2.- Que sea respetado el principio penal de «presunción de inocencia» de John J. Moreno, tanto el discurso oficial del gobierno como la información que gire en torno al caso, en la que tenga injerencia alguno de los funcionarios que pertenecen a la administración pública del gobierno de Baja California Sur.
3.- Que se garantice su derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de expresión, manifestación y protesta de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
4.- Que el Gobierno del estado se coordine e informe al «Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas», respecto de las medidas de seguridad sobre el estado actual de John Joseph Moreno Rutowski, dada su calidad de beneficiario del mismo y que garantice su seguridad integral.
Rubio Ruiz urgió a las autoridades a otorgar la pronta libertad del activista.
«Lo que nosotros quisiéramos pedirle al señor Gobernador es que retirara el uso de la maquinaria del estado para proteger a sus amigos de la empresa. El uso de la fuerza del estado para contener la protesta social en defensa del medio ambiente convierte al estado en un estado terrorista. Es lo peor que puede hacer una entidad que se denomina democrática y es lo que estamos padeciendo en Baja California», remató.
