Organizaciones acusaron que las autoridades pretenden llevar a cabo el proyecto Presa El Zapotillo- Acueducto Zapotillo León bajo la justificación de abastecer de agua potable a la cuidad de León, Guanajuato, al área metropolitana de Guadalajara y a los 14 municipios de los Altos del estado de Jalisco. De acuerdo con sus denuncias, el acueducto sepultaría alrededor de 4 mil 500 hectáreas de tierras fértiles y cerca de 600 mil agricultores, ganaderos y productores de los Altos de Jalisco quedarían sin agua para la producción de alimentos, ocasionando impactos drásticos en la economía de la región.
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Ciudad de México, 12 de julio (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil (OSC) denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de los gobiernos federal, de Jalisco y Guanajuato, con el impulso del proyecto Presa El Zapotillo- Acueducto Zapotillo León.
El Comité Salvemos Temacapulín, Acasico, Palmarejo; el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); y el Colectivo de Abogadxs informaron que dicho proyecto es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como por los gobiernos estatales antes mencionados.
«Que el Gobierno de Jalisco, Guanajuato y la Federación no engañen más a la sociedad. El agua es para las empresas, para la agroindustria y los desarrollos industriales automotrices del bajío en Guanajuato y para las constructoras que promueven el desarrollo desenfrenado del Área Metropolitana de Guadalajara. El beneficio es para las minorías, es decir, los ricos, los políticos, los empresarios, no para las mayorías que como nosotros, trabajamos todos los días por el cuidado y el control social del agua», criticaron.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), las organizaciones acusaron que las autoridades pretenden llevar a cabo el proyecto «bajo la justificación de abastecer de agua potable a la cuidad de León, Guanajuato, al área metropolitana de Guadalajara y a los 14 municipios de los Altos del estado de Jalisco».
Por si fuera poco, las comunidades afectadas acusaron que un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y ONU Medio Ambiente, presentado a finales del mes pasado por Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador de Jalisco, avala la inundación y el ecocidio.
Al respecto, María González, de Indec, lamentó que en Jalisco, Naciones Unidas «está validando una política hídrica deficiente que se ha desarrollado en un marco de ilegalidad y en franca violación a los derechos humanos».
Por ello, las comunidades hicieron un llamado a Naciones Unidas a revisar el trabajo realizado por la UNOPS y ONU Medio Ambiente en Jalisco, así como a verificar las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el desarrollo del estudio.
Emma Juárez, del Comité Salvemos Temacapulín, señaló que el acueducto sepultaría alrededor de 4 mil 500 hectáreas de tierras fértiles y recordó que El Zapotillo comenzó a promoverse en 2005 y cuatro años después «de manera ilegal» arrancó la construcción por las empresas Fomento de Construcciones y Contratas (FCC Construcción), Grupo Hermes y La Peninsular.
Para septiembre de 2011, la operación y construcción del acueducto fueron adjudicadas a la empresa Abengoa México. Los inconformes señalaron que al inicio se proyectó que la presa mediría 80 metros, con lo que las tres comunidades no serían inundadas, no obstante, después promovieron que la cortina llegara a 105 metros, lo que provocaría «la desaparición de Temacapulín, Acasico y Palmarejo».
Con ello, el costo del proyecto se elevó 49 por ciento, es decir, ascendió a 20 millones 856 mil pesos. Cabe mencionar que hoy en día, desde 2013, el proyecto se encuentra detenido, gracias a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A nombre de los afectados, Juárez subrayó: «estos 12 años de lucha del Zapotillo se ha caracterizado por una continua y sistemática violación a los derechos humanos».
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Gabriel Espinoza, del Comité Salvemos Temacapulín, denunció que el Acueducto ha sido impuesto, sin la consulta a las más de mil 500 habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, además de cerca de 600 mil agricultores, ganaderos y productores de los Altos de Jalisco, quienes, explicó «quedarían sin agua para la producción de alimentos, ocasionando impactos drásticos en la economía de la región».
«Es alarmante que respondan a intereses absolutamente contrarios al respeto de los derechos humanos», indicaron.
Asimismo, exigieron a los diputados federales y estatales:
-No autorizar los presupuestos para la ilegal presa El Zapotillo y por el contrario inicien políticas públicas, programa y proyecto para la gestión integral del agua.
-Garantizar el respeto a los derechos humanos de los pueblos y el cumplimiento cabal del fallo de la SCJN y de los jueces federales.
-A no validar ningún nuevo convenio de distribución del agua y de continuación a la presa a 105 metros.
