Por actos presuntamente constitutivos de delito, que suman malos manejos por 275 millones de pesos, la Auditoría Superior de Sinaloa presentó las primeras 13 denuncias en contra de les servidores públicos del Gobierno de Mario López Valdez. Los funcionarios pertenecen a las secretarías de Salud, Turismo, Obras Públicas, así como del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, y algunos municipios.
En la auditoría de seis meses se revisaron los saldos de 841 cuentas de cheques; 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal; 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de pesos de gasto federalizado y no federalizado; 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras, y el cumplimiento de 700 proveedores con la Secretaría de la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria.
Por Jose Alfredo Beltran
Ciudad de México/Sinaloa, 12 de julio (SinEmbargo/Noroeste).– Trece denuncias penales contra ex servidores públicos del Gobierno de Mario López Valdez y de algunos municipios, presentó la Auditoría Superior ante la Fiscalía General del estado de Sinaloa.
Los señalados, de los cuales se desconoce la identidad, están implicados en un presunto uso irregular de fondos públicos cuyo monto asciende a los 275 millones de pesos.
Los funcionarios pertenecen a las secretarías de Salud, Turismo, Obras Públicas, así como del Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, y algunos municipios.
Emma Guadalupe Félix Rivera, titular de la Auditoría Superior del estado de Sinaloa, informó la presentación de las 13 denuncias luego de entregar a diputados de la Comisión de Fiscalización las cuentas públicas del Gobierno estatal, de municipios, así como auditorías especiales.
En lo correspondiente a la cuenta del segundo semestre de 2016, detalló, se presentaron seis denuncias de hechos ante la Fiscalía, y las correspondientes solicitudes de procedimientos de sanciones administrativas sancionatorias.
Esto porque existen «elementos posiblemente constitutivos de delito».
Las seis denuncias implican un monto de más de 23 millones de pesos ejercidos en las secretarías de Salud y de Turismo.
Félix Rivera rechazó precisar si en este paquete se incluye el nombre del ex Secretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro.
«No me corresponde mencionar otra (cosa)», aseveró.
Un segundo paquete de siete denuncias, explicó, corresponden a hechos cometidos en ejercicios fiscales anteriores, relacionados con la Secretaría de Obras Públicas, el Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Sinaloa, y algunos municipios.
De este segundo bloque se desprende un presunto manejo irregular de fondos del erario por 252 millones de pesos.
Estas 13 denuncias presentadas ya bajo el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel se suman a las 93 iniciadas en la gestión de Mario López Valdez. En estos casos la Fiscalía no ha dado avances de las investigaciones.
Félix Rivera instruyó al Sub Auditor y al Director Jurídico de la ASE a darle seguimiento puntual a las trece denuncias, hasta que haya resultados.
La Auditora aseguró que los resultados de las auditorías presentadas ayer “no tienen precedente” en la historia de la Auditoría estatal.
Y ejemplificó que si se toma como referencia el segundo semestre de 2015, se podrá observar que en el segundo semestre de 2016 se encontraron 1 mil 487 resultados más que en el periodo anterior.
Félix Rivera aclaró que se siguen analizando las cuentas ya que el trabajo se realiza por etapas, por lo que estas acciones no son definitivas.
Y observó que se están abriendo nuevas auditorías, como las iniciadas a Salud luego del reportaje de Noroeste, que documentó asignación irregular de contratos por 87.2 millones de pesos.
«Tenemos que ir paso por paso en cada una de las áreas. Son las primeras auditorías que se concluyeron», añadió.
En la auditoría de seis meses se revisaron los saldos de 841 cuentas de cheques; 16 mil 724 partidas de aplicación presupuestal; 31 mil 237 pólizas que representan 25 mil 762 millones de pesos de gasto federalizado y no federalizado; 115 convenios con la Federación correspondiente a mil 137 obras, y el cumplimiento de 700 proveedores con la Secretaría de la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria.
COMPRAS APÓCRIFAS
María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa, evidenció la realización de pagos, sin que existan documentos que acrediten la adquisición de bienes y servicios.
«(También) se identificaron pagos con factura apócrifa o editada, servicios facturados sin que exista proceso de contratación ni contrato de prestación de servicio y alteración de documentos soporte del gasto», reveló.
Estas acciones transgreden la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
EL GRAN HOYO DE LA OBRA
El rubro de obra pública es uno de los que más registra irregularidades en el gasto.
Yan Rubio evidenció que encontraron 23 contratos que fueron modificados para incrementar el costo de la obra por arriba del 25 por ciento del total del precio original, que es el tope establecido en la Ley de Obras Públicas.
«En varios casos se observan incrementos mayores al 50 por ciento», detalló.
«Lo que representa pagos en exceso que se hicieron al contratista fuera de norma y de los márgenes del contrato», manifestó.
También contrataron proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública y el Sistema de Administración Tributaria, lo cual está prohibido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y la Ley de Obras Públicas.
ADEMÁS
Se ejecutaron traspasos de dinero a cuentas bancarias, sin justificar, detalló.
«Se realizaron traspasos no justificados entre cuentas, lo que generó que se adeudará a los contratistas más del 40 por ciento de la parte del pago de las obras contratadas, debido a que el Estado distrajo recursos económicos que le correspondía aportar. Aún así la obra fue recibida formalmente mediante acta de entrega-recepción», mencionó.
«(También hubo) celebración de contratos de obra pública sin contar con los derechos de propiedad de los terrenos en que se ejecutaría la obra», dijo.
Lo anterior es considerado un incumplimiento en los convenios de coordinación entre el Gobierno local con el federal.
«Al generarse esta irregularidad no se cumple el impacto y proyectos objeto de los convenios y deben reintegrarse los fondos, lo que produce además una afectación financiera al Estado», advirtió.
«De una revisión a 671 contratos de obra pública, se detectaron faltantes de 58 actas de entrega-recepción, esta falta provoca que en términos de la Ley de Obra Pública la obra no se considere legalmente entregada, lo que impide verificar si la obra se recibió conforme al calendario establecido y con todas las especificaciones contratadas para poder finiquitarla financieramente de forma adecuada», expresó.
Yan Rubio dijo que observaron traspasos de dinero no justificados de cuentas federales por 563.7 millones de pesos, con lo que no se cumple con la Ley de Contabilidad Gubernamental.
