La Jueza Primera de Distrito, Estela Platero Solano, otorgó a finales del mes pasado un amparo histórico que impide las concesiones mineras en San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, en el estado de Guerrero.
Se trata del segundo amparo que el pueblo gana frente a la amenaza minera dentro de su territorio. El primer triunfo se dio el 12 de febrero de 2014, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó que el análisis entrara a la Ley Minera.
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Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- La comunidad Me’ Phaa de San Miguel del Progreso «Juba Wajín», en Guerrero, logró obtener un amparo que protege sus territorios de la minería.
Dicha comunidad está compuesta por 4 mil 500 hectáreas en las que habitan 3 mil 800 personas, de las cuales 830 fungen como comuneros. En dicho territorio, informaron afectados, han existido 44 concesiones mineras y la mitad de ellas han sido canceladas, la mayoría de las empresas provienen de Canadá y Perú.
A finales del mes pasado, la Jueza Primera de Distrito, Estela Platero Solano, otorgó un amparo histórico que impide las concesiones mineras en San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, en el estado de Guerrero.
Valerio Amado Solano, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad «Juba Wajín», indicó que el fallo a favor de los pobladores se dio gracias a la lucha que emprendieron los indígenas hace cerca de 7 años. «Rechazamos a las empresas mineras en nuestra comunidad», señaló.
En la sentencia, informaron en conferencia de prensa en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la mencionada comunidad «al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación, y por ende, demostrado el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena agraria Me’ Phaa de la montaña de Guerrero».
La licenciada Maribel González, abogada de Tlachinollan, recordó que este es el segundo amparo que el pueblo gana frente a la amenaza minera dentro de su territorio. El primer triunfo se dio el 12 de febrero de 2014, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evitó que el análisis entrara a la Ley Minera.
Después, en noviembre de 2015, la Secretaría de Economía intentó nuevamente otorgar -otra vez- concesiones mineras sobre las tierras de San Miguel del Progreso. Un mes más tarde, la comunidad indígena interpuso el amparo que apenas hace un par de semanas ganaron, a pesar de los argumentos que el Gobierno federal emitió en la Relación de declaratorias de libertad de terreno 02/2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, señaló que la resolución es un «logro inédito» para la comunidad indígena y representa un «reconocimiento» a la lucha «incansable y milenaria» del pueblo por la amenaza que representa la actividad extractivista a cielo abierto, lo cual, aseguró la organización, «les impulsa a seguir organizándose local y regionalmente».
El comisariado Miguel Santiago Lorenzo, presidente del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), remarcó que la resolución representa un logro significativo que se suma a la defensa de los territorios y los recursos naturales, frente a los proyectos extractivos.
«La defensa de los bienes naturales que hoy realizamos los pueblos indígenas en México se enfrenta a leyes que favorecen a las empresas que despojan nuestro territorio […] Desde acá le decimos a la Secretaría de Economía y empresas mineras que la región de la montaña de Guerrero no está en venta: no está en venta el canto de nuestras aves, no está en venta el agua y bosques y no permitiremos la implementación de estos proyectos que destruyen la vida y territorio de nuestra comunidad», subrayó.
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En su oportunidad, Magda Gómez, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, lanzó un ultimátum a las autoridades federales: «basta a la Secretaría de Economía. Que detenga la posibilidad de impugnar la resolución. Nuestro llamado es a que esta resolución quede firme y a que el Estado haga un paréntesis en su trayectoria de abogado de las empresas, de abogado del capital y le dé preferencia y prioridad a los derechos de los pueblos».
Finalmente, la abogada Claudia Gómez Godoy, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) aseguró que dicha actividad «significa despojo, significa enfrentamientos, significa conflictos intercomunitarios, significa contaminación y significa muerte», por lo que celebró la resolución de la Jueza Platero Solano, que a su parecer puede abrir la puerta a que otras comunidades logren defender sus territorios.
